Arranca este lunes un proceso judicial que marcará un hito en la investigación sobre la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia en la Comunidad de Madrid. En el banquillo de los investigados se sentarán tres altos cargos del Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, señalados por haber diseñado y redactado los denominados protocolos de la vergüenza, que impidieron derivar a miles de mayores de residencias a hospitales. Según datos oficiales, 7.291 personas fallecieron en aquellos centros sin recibir atención médica en plena emergencia sanitaria. Los investigados son Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria; Francisco Javier Martínez Peromingo, exjefe de Geriatría del Hospital Rey Juan Carlos; y Antonio Burgueño, exasesor sanitario del Ejecutivo regional.
El PSOE de Madrid ha anunciado su personación en la causa como acusación popular, en un paso que consideran “imprescindible para apoyar a las familias de las víctimas”. “Acompañaremos a las familias hasta el final”, han subrayado los socialistas, reafirmando su compromiso con la memoria, la justicia y la reparación. “Así lo dijimos y así lo cumplimos”, insisten desde la formación.
La causa se instruye en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que ha citado como investigados a los tres exresponsables sanitarios. Según explica el PSOE, su personación tiene como objetivo “que se investigue no solo la posible denegación de la prestación sanitaria por razón de edad”, sino también la propia elaboración de los protocolos, que podrían constituir un delito de prevaricación. “Se aprobaron sabiendo que podían ser ilegales y que podían dar lugar al fallecimiento de esos mayores sin atención sanitaria”, denuncian desde el partido.
Además, el PSOE recuerda que tiene recurrido el nuevo archivo de dos procedimientos relacionados con residencias ante la Audiencia Provincial: uno en el Juzgado de Instrucción número 3 de Collado Villalba y otro en el número 9 de Madrid. Ambos habían sido cerrados y reabiertos en diferentes momentos del proceso judicial. “En todos los juzgados donde se reabran actuaciones, vamos a estar presentes”, han asegurado.
Los socialistas madrileños critican también el bloqueo institucional del Gobierno de Ayuso. “Es imprescindible esclarecer qué ocurrió, porque no puede volver a repetirse”, subrayan. “Las comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid, bloqueadas por Ayuso, eran una oportunidad para arrojar luz que el Gobierno regional ha despreciado”. Lamentan, además, que la presidenta autonómica “ni ha recibido a los familiares ni ha mostrado la empatía mínima que debería esperarse”.
El PSOE ha querido destacar también el papel incansable de las plataformas de familiares de las víctimas. “Hoy queremos agradecer especialmente a las plataformas de familiares, que no han desistido pese a cinco años de denuncias y silencios”, señalan. Y concluyen con un mensaje rotundo: “Se debe llegar hasta el último responsable de esos protocolos que negaron derechos básicos a los mayores en las residencias de Madrid”.
Denuncia ante la Fiscalía en octubre de 2024
El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
Durante los últimos meses, varios familiares de fallecidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid en la primera ola de Covid-19 han acudido a declarar ante la Fiscalía para relatar lo ocurrido. Ambas asociaciones han celebrado que los altos cargos del Gobierno regional sean llamados a declarar por primera vez como investigados, ya que, hasta ahora, "las instrucciones judiciales nunca se habían dirigido contra ellos".
"Estamos convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo. Por eso, aunque en calidad de investigados no están obligados a decir la verdad, les pedimos que la cuenten y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes", han expresado las dos entidades en un comunicado conjunto.
El Ministerio Público repartió la denuncia colectiva efectuada en octubre entre la Fiscalía Provincial de Madrid, a la que correspondieron los casos de 53 denunciantes, y las del Área de Móstoles (28), de Getafe-Leganés (15) y de Alcalá de Henares (13).
De los 53 denunciantes que correspondieron a la Fiscalía Provincial, 44 tenían una querella previa ya archivada, presentada en su día por los delitos de homicidio u omisión del deber de socorro, y otros cuatro tenían una querella por los mismos delitos que todavía estaba en fase de instrucción. Los otros cinco denunciantes no habían iniciado antes ninguna actuación judicial y la Fiscalía Provincial presentó denuncia ante el Decanato de los Juzgados correspondientes, según han informado las asociaciones.
En cuanto a los 48 procedimientos con querella previa, la Fiscalía Provincial solicitó en todos los casos que declarasen como investigados los "autores intelectuales y los firmantes del protocolo, ya identificados en la denuncia", en referencia a Mur, firmante de dicho protocolo de no derivación, y a Peromingo, autor del protocolo técnico, que complementaba al de Mur, según han detallado ambas entidades.
El Juzgado 3 de Madrid es el primero que decide reabrir una causa sobreseída previamente, tal y como solicitó la Fiscalía Provincial. Una decena de juzgados acordaron hasta ahora mantener el archivo dictado en su día, en contra del criterio del Ministerio Público. En todos estos casos, los denunciantes han presentado recursos, al igual que la Fiscalía. El resto de juzgados todavía tiene que pronunciarse.
Además de los procedimientos que tienen su origen en la denuncia colectiva, otros familiares de residentes acordaron presentar directamente querellas en los juzgados, también por el delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.
En total, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron la comisión del delito del artículo 511 del Código Penal. Algunos están aún pendientes de que los Juzgados decidan sobre su admisión, mientras que hay cinco causas que ya han llegado a la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por los denunciantes o querellantes después de que los Juzgados de Instrucción rechazasen investigar los hechos denunciados.
Las asociaciones mencionadas han realizado varios actos de homenaje y de protesta durante los últimos meses, cuando se cumplen cinco años de la primera ola de la pandemia de covid-19, para mantener sus reivindicaciones. Además, también se estrenó el documental '7.291', en el que se narra lo ocurrido en marzo y abril de 2020.