Las acusaciones populares que ejercen la oposición de PSOE y Más Madrid han recurrido este miércoles el archivo de la causa de corrupción contra la número 3 de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán.
Los escritos de las dos partes recuperan los indicios por los que imputó a la a su vez vicepresidenta de la Asamblea de Madrid por cuatro delitos de corrupción, y condenan que la justificación para la decisión recientemente adoptada pasa por los mismos argumentos con los que el Juzgado elevó la causa el Tribunal Superior de Justicia o pidió recientemente una prórroga para profundizar en el tema. Todo a la vez que no ha habido ninguna novedad.
En lo que respecta al documento de los socialistas, éste indica que “la investigada alquiló su ático a un precio del doble de mercado a una empresa del señor Roselló, su pareja empezó a trabajar para una empresa del señor Roselló y su hermana también empezó a trabajar para otra empresa del señor Roselló”. “Y la investigada ingresó en efectivo cantidades significativas de dinero no declaradas en sus cuentas corrientes”, apostilla el texto al que ha tenido acceso elDiario.es.
Continúa señalando que “todo lo anterior se da en el año en que el señor Roselló empezó a trabajar con el Ayuntamiento de Arroyomolinos -Millán es exalcaldesa del municipio- y se mantienen todos esos pagos mientras hay adjudicaciones de cientos de miles de euros hasta que se terminan los contratos a favor del señor Roselló y sus empresas”. De esta manera, no estamos ante una “anecdótica coincidencia”, esgrime el PSOE, “sino un cúmulo de no coincidencias, siendo, además, técnicas habituales por el cobro de dádivas en este tipo de delitos”.
Declaraciones clave
En cuanto al escrito de Más Madrid, sostiene que esta persona de máxima confianza de la presidenta “influenciaba de manera directa en el seno de los expedientes de contratación para teledirigir la adjudicación, las prórrogas, las mejoras o las dispensas del cumplimiento de contratos en favor de las empresas de Francisco Roselló”.
Las acusaciones enfatizan en el “sorpresivo” cambio de criterio a pesar de que la Fiscalía ha dispuesto siempre de los mismos indicios; los que apuntaban a cuatro posibles delitos de corrupción -influencias, cohecho, prevaricación y fraude a la Administración Pública-. Asimismo, destacan que no se han practicados dos diligencias clave que el propio Ministerio Público pidió. Estas son la declaración del marido de la ex alcaldesa, al que atribuyó el origen de más de 40.000 euros en efectivo de su cuenta bancaria, y de otra concejala que contrató al empresario.
La defensa socialista indica que “si la juzgadora consideró la necesidad de prorrogar es porque existían en ese momento indicios”, a pesar que “no lo argumentara adecuadamente”. No obstante, “ahora entiende que procede el archivo, sin argumentar por qué el cambio de criterio”, habida cuenta de que “nada se ha instruido para llevarle a esa convicción sustitutiva de la anterior”.
El PSOE-M acusa a la magistrada de “arrogarse” las funciones del tribunal cuando hay, a su juicio, indicios suficientes para pedir responsabilidades a Millán en fase de vista oral y miran a la Unidad Central Operativa (UCO): “(Las pruebas recabadas) avalan una condena”.
Más Madrid, por el contrario, ha apelado directamente a la Audiencia Provincial de Madrid, alegando insatisfactorio que la jueza no tome declaración a personas que podrían ayudar con su testimonio al devenir de la investigación. “No puede saber cuán inútil será el resultado de una testifical hasta que no se practique”, dicen desde el partido que en Madrid lidera Manuela Bergerot.