El PSOE de Madrid (PSOE-M) arrincona a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interponiendo otra denuncia contra su equipo por los conocidos como “protocolos de la vergüenza”, que evitaron la derivación de personas mayores de residencias a hospitales durante lo peor de la pandemia del Covid.
El ministro Óscar López lo anunciaba este miércoles asegurando que se trata de un tema que le “sigue poniendo los pelos de la punta” a la vez que recordaba que la derivación o no dependía de si la persona disfrutaba de seguro privado. Asimismo, remachaba la negativa de la máxima por parte de la Comunidad de Madrid, que llegó a decir que estos protocolos no existieron. “Se han negado (también) las cifras y se han negado los testimonios de las víctimas”, declaraba, prometiendo “llegar hasta el final”.
López, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra los denominados “protocolos de la vergüenza”, implementados por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso durante los momentos más críticos de la pandemia. Estos protocolos, según denuncian los socialistas, impidieron que miles de personas mayores residentes en centros geriátricos recibieran atención hospitalaria, lo que derivó en la muerte de 7.291 personas sin ser trasladadas a hospitales.
“Todavía me estremece pensar que la vida o la muerte dependieran de tener un seguro privado. Se ha negado la existencia de los protocolos, se han ocultado las cifras y se ha silenciado a las víctimas. El PSOE también dará este paso legal para que se conozca toda la verdad. Hay que llegar hasta el final”, declaró López.
Cinco años después
Un lustro después de aquellos hechos, el PSOE ha dado el paso de formalizar la denuncia por un presunto delito de prevaricación, según han confirmado fuentes del partido. Se trata de la primera acción judicial emprendida en este sentido. Los socialistas consideran que podrían haberse vulnerado derechos fundamentales y que las decisiones adoptadas podrían encajar en el artículo 404 del Código Penal, que contempla la inhabilitación para cargos públicos de aquellos responsables que, con conocimiento de su injusticia, dicten resoluciones arbitrarias en el ámbito administrativo.
El anuncio se realizó durante un acto en el Ateneo de Madrid, organizado para conmemorar el quinto aniversario de los fallecimientos en residencias. Participaron portavoces de la plataforma Verdad y Justicia, así como Alberto Reyero, quien fue consejero del Gobierno regional durante la pandemia y dimitió tras denunciar las decisiones adoptadas por la administración madrileña.
“Hay que entender el contexto de aquel protocolo: fue claramente discriminatorio. Se determinaba que solo los mayores autónomos podían ser derivados a hospitales, mientras que los más dependientes quedaban desamparados”, señaló Reyero durante su intervención.
Más acciones
Con el paso de los años, la Fiscalía ha comenzado a tomar cartas en el asunto, abriendo investigaciones para esclarecer las causas que situaron a la Comunidad de Madrid como una de las regiones europeas con mayor mortalidad durante la pandemia. Recientemente, el Ministerio Público ha presentado denuncias en varios casos al detectar posibles situaciones de discriminación en la atención médica.
A pesar de ello, el Gobierno regional no ha modificado su política en materia de cuidados a mayores y ha anunciado la construcción de 40 nuevas macrorresidencias, con capacidad para 150 plazas cada una. Este modelo supera las recomendaciones de los expertos y va en contra de las nuevas directrices establecidas por el Ejecutivo central. El proyecto se plantea bajo un esquema público-privado, y ya se están valorando ubicaciones sobre suelo público.