El Partido Popular de Madrid pide la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por las "presuntas coacciones" a un general del instituto armado para boicotear a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso. El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid se basa en las informaciones publicadas esta semana por el diario ABC.
Del mismo modo, el propio Ejecutivo regional exigió explicaciones al Gobierno central, y calificó los hechos como "de extrema gravedad" en un comunicado emitido este jueves. Según lo que publicó ABC, el general jefe de la Guardia Civil en Madrid ha denunciado a la cúpula del cuerpo, por las presiones para que no acudiera al desfile organizado por Ayuso con motivo del Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, en 2025.
Para el Gobierno regional, queda probado que Moncloa "utiliza las instituciones y coacciona a funcionarios" para "dañar a una rival política y boicotear el día más importante" de la autonomía. Esta ofensiva de Génova y la Puerta del Sol se produce justo cuando González declara como investigada en el 'caso Leire Díez', por sus presuntas reuniones con la exmilitante socialista, por el que declaró también este jueves el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas.
En el PP están convencidos de que todo responde a una operación del Gobierno contra Ayuso, en la que meten también el veto al desfile militar que la presidenta quería hospedar el Dos de Mayo. Suman a esto la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la revelación de los datos del novio de la presidenta, Alberto González Amador.
"El Gobierno central está vulnerando el principio de neutralidad institucional, erosionando su legitimidad, comprometiendo gravemente la separación de poderes y destruyendo la confianza de los ciudadanos en sus instituciones", dicen los populares en el comunicado. Lo ha publicado en redes sociales su portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, que asegura que Marlaska y González "deben dimitir".
Además, el PP pide al resto grupos de la Cámara regional -Más Madrid, PSOE y Vox- "que expresen de manera clara e inequívoca" que apoyan a la Comunidad de Madrid "frente a cualquier intento de menoscabar su autonomía o de utilizar recursos públicos para perjudicarla". También exigen que defiendan recuperar "la participación de las Fuerzas Armadas en los actos oficiales", es decir, que apoyen el desfile militar que Ayuso quería presidir en el Dos de Mayo de 2025, en el que el Ministerio de Defensa vetó que participara el Ejército por ser un acto civil.
La directora y el DAO niegan interferencias con la UCO
El comunicado concluye reclamando a la oposición "su exigencia de que se produzcan los ceses y dimisiones de los responsables políticos, incluidos la directora general de la Guardia Civil y el ministro del Interior". Según los audios y conversaciones publicados por ABC, el 'número dos' del DAO, Luis del Castillo Ruano, le trasmitió una orden, que según ellos provenía de González, al jefe de Madrid, Fernando Mora, de plantar a Ayuso en el Dos de Mayo, y le amenazó con cesarle cuando se negó a acatarla.
Las informaciones llegan justo cuando la directora se ve implicada en la presunta trama de las cloacas del PSOE, por la que ha acudido a declarar a la Audiencia Nacional como investigada este mismo viernes. Ante el juez Santiago Pedraz, González ha asgurado que "está en la lista de víctimas" del ex secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, acusado de dirigir la trama para dinamitar investigaciones judiciales que afectan al Gobierno.
De esta manera, lo ha negado todo, como también lo hizo un día antes el DAO. Llamas negó ante el magistrado haber ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "ponerse de perfil" y no ser proactivos en las investigaciones contra el entorno de Pedro Sánchez. El número dos del instituto armado, además, enmarcó los expedientes informativos abiertos contra la división, que dirige el teniente coronel Antonio Balas, por las filtraciones a medios de comunicación de derechas, en "algo habitual", y negó que fueran formas de presión a la UCO.
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