La polémica por la compra de un ático de lujo en Chamberí para que Isabel Díaz Ayuso lo utilizara de oficina pone en entredicho la forma de actuar del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Planifica Madrid, la agencia autonómica encargada de la operación, la ocultó hasta que se hizo pública en los medios de comunicación este miércoles, tras lo que llegaron las confusas explicaciones ofrecidas por la presidenta. Después de justificar la decisión, el Ejecutivo de Ayuso reculó y anunció que pondrán a la venta este y otros cuatro inmuebles en propiedad del organismo.

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Más allá de que Planifica adquirió un piso valorado en torno a seis millones de euros sin licencia de oficina para un uso temporal, en lugar de alquilarlo o usar una propiedad que ya tenía en propiedad; la agencia está en el disparadero por la opacidad con la que ha ocurrido todo. Cuando se publicó en el diario El País la noticia, no se había dado ningún detalle de la compra en el portal de transparencia del organismo, y esta solo estaba reflejada en el Registro de la Propiedad.

De 481 metros cuadrados con 200 de terraza, cinco habitaciones y cinco baños, el ático se compró a la escritora Astrid Gil-Casares, exesposa del presidente de Ferrovial que mantuvo contactos con el pederasta Jeffrey Epstein. Antes incluso de que los encargados de Planifica visitaran el apartamento, se exigió a la parte vendedora un acuerdo de confidencialidad, según fuentes conocedoras del proceso que cita Eldiario.es. Tampoco se conoce por cuánto dinero se cerró la venta, pero la estimación basada en el precio de otros inmuebles de la zona -una de las más lujosas de la capital-, lo sitúa entre los 2 y los 7 millones de euros.

Y ahora, el piso vuelve al mercado junto a otras cuatro de las, al menos, diez propiedades que tiene Planifica Madrid en propiedad en la capital. Con la venta de este piso, situado en el paseo del General Martínez Campos, y las cuatro de la Gran Vía, el Gobierno de Ayuso espera embolsarse 20 millones de euros. Según el consejero de Presidencia -y responsable de la agencia-, Miguel Ángel García Martín, el objetivo es destinar esos fondos a los afectados por los incendios, pero la intención real es atajar una polémica que, en cambio, sigue persiguiendo a la presidenta.

Planifica Madrid, la opaca agencia heredera de la Púnica

Canalizar la compra a través de Planifica Madrid ha permitido a la Administración regional evitar algunos trámites de control de este tipo de operaciones. Por ejemplo, al tratarse de un negocio privado ejecutado por una sociedad mercantil, no requiere valoración técnica previa del inmueble ni informe jurídico público, lo que explica por qué se ha podido realizar la compra a pesar de las innumerables preguntas que siguen flotando a su alrededor. Esto hace, además, que no sea necesario una extensión de crédito del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que en otras circunstancias si sería requisito porque el desembolso no estaba previsto en los presupuestos anuales. Ni siquiera requería de una autorización por parte del Ejecutivo madrileño, a pesar de que la justificación dada ha sido, precisamente, las obras de su sede, la Real Casa de Correos, y la ‘necesidad’ de que Ayuso contara con un espacio para “recibir visitas” mientras duren.

Lo cierto es que antes de esta polémica se conocía poco sobre esta agencia dedicada a la comercialización del suelo público autonómico, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. Actúa como medio propio de la Administración autonómica, cuenta con un presupuesto de 127 millones de euros y se encarga de gestionar obras de infraestructuras y edificación, promover y financiar equipamientos públicos, desarrollar suelo para usos industriales, logísticos, comerciales o residenciales y administrar parte del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid. Además, coordina la construcción y rehabilitación de edificios públicos, así como la conservación y el mantenimiento de inmuebles de titularidad autonómica. En el ámbito patrimonial, la sociedad es propietaria de más de diez distintos de inmuebles, muchos de ellos edificios históricos con distintos niveles de protección, que en su mayoría están arrendados a organismos y entidades de la propia Comunidad de Madrid.

Planifica es la heredera de otra entidad pública de la que sí se tienen más referencias. Se trata de Arpegio, que posteriormente se denominó Nuevo Arpegio, después fue absorbida por Obras de Madrid y, entre medias, la Audiencia Nacional la situó en el centro de una de las líneas de investigación del Caso Púnica, al sospechar que, durante la etapa en la que el condenado Francisco Granados ocupó responsabilidades en el Ejecutivo regional, desde la empresa pública se habrían favorecido adjudicaciones presuntamente irregulares y desviado fondos públicos.

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