Las pistas de la Fórmula 1 de Ayuso que pueden conducir a una posible ayuda de Estado ilegal

Madrid calienta motores con el Gran Premio de Fórmula 1 a la vuelta de la esquina. El circuito en el que competirán los pilotos el fin de semana del 11 al 13 de septiembre y que tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciaron en su día a bombo y platillo no ha estado exento de polémica en todo este tiempo.

Las controversias se sitúan en distintos frentes y han intensificado en los últimos días, cuando los motores rugían en los aledaños del barrio ante la queja vecinal. El tema acústico es uno de los que más cola ha traído, aunque hay que sumar otros que tienen que ver con los terrenos o cuestiones estrictamente medioambientales.

De las muchas polémicas, llamaba la atención una que ponía de manifiesto en los últimos días en sus redes sociales el abogado Javier Flores y que, probablemente, había pasado desapercibida. El letrado, que en el último mes denunciaba ante el Tribunal de Cuentas al Gobierno de la lideresa regional por el escándalo del ático que el Ejecutivo madrileño compró en Chamberí para que la política desempeñara sus funciones en lo que se desarrollaban las obras en la Puerta del Sol a pesar de que el inmueble no podía servir de oficina, analizaba su cuenta de X -antes Twitter- una vertiente delicada del bautizado como Madring antes de hacer lo propio en días posteriores el asunto de los decibelios: un “posible caso de ayuda de Estado ilegal”.

Desgranaba la cuestión hace cosa de una semana en respuesta al director de comunicación online del Partido Popular de la capital, Ismael Sirio López, quien publicaba previamente un vídeo celebrando que ya estaba todo listo: "No, no iba a dar tiempo a terminar el circuito de F1 @madring_oficial. ¡Qué va! Ya está aquí esta auténtica maravilla que va a ser la sensación de esta temporada. ¡A disfrutar!", celebraba este segundo. E aquí la explicación completa respecto de por qué podría existir una posible ayuda de Estado ilegal.

El abogado alude, lo primero de todo, tal y como expone largo y tendido en su perfil, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el cual, afirma, “prohíbe que las administraciones concedan ventajas económicas a empresas concretas sin autorización previa de la Comisión Europea”. “Ayuda de Estado no es solo subvención: es cualquier ventaja que la empresa no habría obtenido en el mercado por sí misma”, aclara el letrado.

Con este inicio de explicación, destaca que el contrato con Fórmula 1 hasta 2035 no lo firmó el Ayuntamiento, ni la Comunidad, sino IFEMA, lo que “permitió decir que el Gran Premio no lo pagaba el dinero público”. Ahora bien, IFEMA no es una empresa privada, pues se trata de un consorcio bajo control público, tal y como indica Flores. Además, una de las partes que lo componen, la Fundación Montemadrid -el resto lo forman Consistorio, Comunidad y Cámara de Comercio al 31% cada uno- “votó en contra de organizar la Fórmula 1 y pidió salir del consorcio”.

Las cuentas

En cualquier caso, para entender esta arista a la que alude el abogado primero hay que comprender esto. “IFEMA es el vehículo sobre el que se soporta la pérdida”, resume quien denuncia esa posible ayuda de Estado ilegal, para después desarrollar mucho más su tesis, datos mediante: “La Memoria de IFEMA hace las cuentas con la concesión realmente vigente, trece años, y arroja un VAN (Valor Actual Neto) de menos 18.072.618,32 euros, es decir, que la operación destruye valor por ese importe, y una TIR (Tasa Interna de Retorno) del menos del 0,961%, que es la rentabilidad anual, también negativa”. Estos números vienen a decir que “se recupera menos de lo que se invierte”.

Asimismo, el experto jurídico indica que “las cuentas de IFEMA recogen un riesgo de 270 millones asociados al Gran Premio”, pero que “el contrato del que derivan esos compromisos, firmado con dos sociedades del grupo Formula One, no se ha hecho público”, ni sabe “si lo han podido ver los grupos de la oposición”. Todo ello conduce a un mismo resultado: “A semanas de abrirse el circuito no sabemos lo que ha firmado IFEMA”.

Flores pone también el acento en los operadores privados que explotan la carrera y cuya aportación, dictaba, “no compensa gastos de IFEMA”. Por el contrario, “solo le evita invertir en esa parte”. “Entra después de que lo público pusiera obra y riesgo”, solventa.

Respecto de ello, contempla tres ventajas. La primera ayuda: la asunción pública de la inversión y del canon: “Un consorcio de capital público construye la infraestructura y atiende los compromisos del contrato sabiendo, por su propio informe, que la operación arroja resultado negativo”.

Segunda cuestión: la compensación vía patrimonial: “La misma Memoria calcula un segundo escenario, a treinta años, y ahí el VAN sí es positivo, 6.117.032,20 euros, con TIR del 7,003”. La diferencia es que la amortización llega “tras la ampliación de la actual de concesión de la parcela”, según el documento.

El Gran Premio de Madrid se anunció con una promesa: no costaría ni un euro público. La Memoria de Viabilidad y Sostenibilidad Económica, dice otra cosa. Y de ella se deduce algo más sque un sobrecoste: un posible caso de ayuda de Estado ilegal. Hilo 🧵 https://t.co/VPDHqeSLU9

— Jota Vaquerizo (@JotaVaquerizo) August 22, 2026

Cesión de suelo

Otro quid de cuestión la pasaría por el suelo municipal cedido, sobre el que el abogado resuelve que el Ayuntamiento cedió una parcela en 1991, sobre el 68,67% del ámbito, hasta 2040. Con todo, “ampliar esa cesión veinte años más no aparece en ningún presupuesto ni se vota, pero repone con patrimonio público lo que la operación no genera”.

Dentro de la ampliación se centra igualmente en la forma en la que se ejecutará. Se hará “mediante el instrumento jurídico que se considere adecuado”, según documento. El jurista es claro frente a esto: “No identifica ninguno (…) Una prórroga de esa magnitud sobre una concesión demanial de 1991 no es una regularización técnica, es un valor transferido sin procedimiento”.

Y por último en este apartado, la tercera ayuda: la “traslación del riesgo”. En este espacio, Flores contempla que “la inversión se comprometió sin garantía sobre la disponibilidad del suelo”. “La Vereda de los Leñeros, vía pecuaria que atraviesa el ámbito, exigía un expediente de modificación ante la Comunidad que el plan reconocía no haberse iniciado. Y aun así afirmaba que “no se prevén incertidumbres ni plazos no programados”, rememora.

Los tiempos, aspecto clave para comprender lo expuesto con datos y normativas por el abogado. El expediente se inicia en 2026, cuando el circuito está prácticamente acabado, la propuesta definitiva se registra el 21 de abril, el reconocimiento sobre el terreno data del 5 de junio, y la orden se publica en el BOCM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid) unas semanas después, el 23 del mismo mes. El sitio incluye, además, una pasarela ganadera sobre doce carriles de la M-11. “Primero se construye, después se habilita”, expone.

Ventajas “selectivas”

Flores alude, por tanto, a las ventajas mencionadas, las cuales une a cuatro requisitos del artículo 107.1 que, expresa, “han de concurrir de forma acumulativa”. Son los “recursos imputables al poder público, la ventaja económica selectiva, la distorsión de la competencia y la afectación al comercio entre Estados miembros” de la Unión Europea.

Las ventajas, o ventaja “se acredita con el test del inversor privado”. Descrito de forma sencilla: “Nadie invierte en una operación que su propio informe cifra en menos de 18 millones, ni construye sin garantías sobre el suelo, ni obtiene del mercado 20 años de prórroga sobre suelo ajeno sin concurrencia”.

Asimismo, las “ventajas” son “selectivas” en tanto en cuanto “recaen sobre operadores determinados, sin concurrencia acreditada, y afectan a la competencia y al comercio porque IFEMA compite por los mismos certámenes” con otros recintos, también de todo el continente. En definitiva, según Flores, “si estas ventajas económicas y normativas a medida este circuito no estaría aquí”.

Notificación a Europa

De un artículo, a otro, el 108.3, mediante el que se “obliga a notificar a la Comisión Europea antes de ejecutar y a esperar la decisión” de este órgano. De esta parte, “no consta notificación alguna” respecto de la ayuda, lo que la convierte en “ilegal por ese solo hecho”, independientemente de que “después pudiera declararse compatible”.

Y antes de Europa, el problema, refrenda el abogado, es de contratación: “Algo que ni siquiera requiere Derecho europeo. Una prórroga concesional de veinte años sin procedimiento choca antes con la doctrina Pressetext y con el régimen de modificación de concesiones de la Ley de Contratos del Sector Público”.

En última instancia, destacar que Flores puso lo aquí expuesto en conocimiento de la Comisión Europea en diciembre de 2025.

El abogado no solo denunció al Gobierno de Ayuso por el tema del ático, sino que también presentó la primera denuncia ante la Fiscalía por el caso de Ribera Salud y la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz. La compañía, según información publicada por El País, habría priorizado el rédito económico a cambio de alargar las listas de espera.