Oposición y sindicatos estrechan el cerco sobre Ayuso y el Hospital de Torrejón: "Responsabilidad máxima"

El Hospital de Torrejón, en la Comunidad de Madrid, se ha convertido en el último foco de polémicas para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Este centro, de titularidad pública pero gestionado por el grupo privado Ribera Salud, se ha situado en el ojo del huracán después de que El País publicara esta semana unos audios en los que se escucha a su ya ex CEO, Pablo Gallart, abogar por subir las listas de espera y aplicar otros mecanismos para disparar la facturación del centro a costa de los pacientes. La dirigente madrileña y el responsable empresarial se defienden alegando que los audios están "manipulados y cortados para omitir parte importante de la conversación", pero la oposición y los sindicatos ya redoblan la presión sobre la dirigente madrileña para que asuma responsabilidades del escándalo.

Desde el acto del Día de la Constitución, la presidenta madrileña señalaba este sábado que "van a estar encima del caso del Hospital de Torrejón", pero también que "los audios están sacados de contexto", al tiempo que ha pedido que "se publiquen íntegramente". Una defensa titubeante que no ha evitado que los sindicatos y la izquierda se le echen encima. Por su parte, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública y candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Óscar López, aseguraba que hará todo lo que esté en su mano para que la presidenta madrileña no se salga "con la suya" y acabe desmantelando la sanidad pública. López ponía énfasis en el artículo 43 de la Carta Magna, que garantiza la sanidad como un derecho, "y no como un negocio". De esta forma replicaba a Ayuso, a quien acusaba de "mentir" por acusar a la prensa de sacar a la luz un "escándalo" alrededor de unos audios del consejero delegado de la empresa gestora del Hospital de Torrejón.

"Es un verdadero escándalo. Ejemplifica muy bien lo que está pasando con la sanidad en la Comunidad de Madrid: que la señora Ayuso está convirtiendo un derecho en un negocio", señalaba. En contraposición, una de las frases más polémicas de la dirigente madrileña desde la Cámara Baja: "Cualquier persona que utilice la sanidad de Madrid para hacer negocio será sancionada con todo el peso de la ley", se atrevió a decir, a pesar de que su novio se encuentra bajo proceso judicial por estas mismas alegaciones.

"Que Madrid tenga hoy un millón de personas en listas de espera no es casualidad", remarcaba López, que hablaba de "decisiones políticas detrás de que grupos privados de sanidad hagan beneficios inmensos".

García: "Se salta artículos de la Constitución"

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, respondía también con contundencia a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el acto por el Día de la Constitución, centrando sus críticas en el modelo sanitario del Partido Popular y acusando a Ayuso de "saltarse" artículos de la Constitución en materia de vivienda, salud o educación.

Con respecto al centro de Torrejón, Ayuso anunció que se había puesto en marcha una nueva inspección en el hospital, que se suma a las 40 revisiones anuales que ya se realizan, asegurando que "el trabajo del hospital ha sido impecable". Explicaciones poco convincentes para García, quien aseguraba que lo sucedido en el hospital madrileño "no es un fallo del sistema ni rencillas entre dos directivos de Ribera Salud", sino consecuencia directa del "modelo del PP" aplicado en la región. "El problema es que no es un fallo del sistema, no son rencillas entre dos directivos de Ribera Salud. El problema es que este es el modelo de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid", apuntaba la política progresista.

Según García, los datos del Servicio Madrileño de Salud muestran que mientras el Hospital La Paz pierde 50.000 pacientes, la Fundación Jiménez Díaz gana 85.000 y el Hospital de Torrejón incrementa en 25.000 su número de pacientes, movimientos que podrían estar asociados a los 5.000 millones de euros que Ayuso ha destinado al crecimiento de la sanidad privada en general y al dinero que han recibido los hospitales gestionados por Ribera Salud en particular.

Además, la ministra acusaba a Ayuso de incumplir varios artículos de la Constitución relacionados con derechos fundamentales: "Lo que tenía que decir Ayuso en un día constitucional como este es cuántos artículos de la Constitución se salta. Se salta el 43 de protección de la salud, se salta el 47 de protección de la vivienda digna y en contra de la especulación, y también se salta el 37, el del derecho a la educación", señalaba, antes de sentenciar, a renglón seguido, que la presidenta madrileña, en lugar de asumir responsabilidades, se centre en defender a Ribera Salud y minimizar las denuncias sobre listas de espera, reutilización de material sanitario y presuntas irregularidades en la gestión hospitalaria.

Los sindicatos ya denunciaron precarización en 2021

La indignación, además, también ha llegado al plano sindical. Por su parte, CCOO Madrid acusó a la Comunidad de haber convertido la salud en un "negocio": "Las políticas de la Presidencia de Madrid solo ven clientes, no pacientes", denunció su secretaria general, Paloma López Bermejo, que tildaba de "absolutamente indecente" el contenido de los audios y exigió el fin de las prácticas abusivas y la retirada del modelo de gestión privada en centros públicos.

Además, tal y como ha publicado elDiario.es, una denuncia sindical alertó de que la precarización estaba llegando al Hospital de Torrejón, pero el Gobierno de Ayuso decidió no investigar sobre ella. CCOO denunciaba entonces que el modelo de colaboración público-privada estaba sirviendo a las empresas privadas sanitarias para maximizar sus beneficios a costa de la calidad de la atención hospitalaria.