En los últimos días, el Colegio de Arquitectos de Madrid ha nombrado a Enrique Porto colegiado de honor, una figura que no está exenta de polémica debido a que fue alto cargo durante el Gobierno de Esperanza Aguirre -ejerció como director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid-, lo que demostraría, una vez más, la relación existente entre la institución y el PP de Madrid, tal y como vienen denunciando desde dentro hace meses.
Jesús San Vicente, de la candidatura NEXOCOAM, la alternativa a las elecciones a decano, no entra en detalles sobre la persona en declaraciones a ElPlural.com, pero sí lamenta la “deriva política” que de un tiempo a esta parte ha tomado el colegio: “Entre las vinculaciones con el Colegio de Abogados y demás, es un espacio que se dedica a hacer política en vez de hacer cosas por la profesión”. “Creo que el colegio debe estar únicamente para asuntos profesionales, y esto parece más otra manera de seguir haciendo política”, refrenda, lamentando que empieza a ser “el pan de cada día”.
En lo que se refiere al nombramiento en un sentido estricto, explica desde el otro lado del teléfono que sus siglas consideran que “la figura de colegiado de honor debe ser una figura de personas que pertenezcan a sectores de fuera de la profesión, como puedan ser culturales, periodísticos o políticos”. “Aquí se premia a un arquitecto que ya es colegiado, cuando hay tantos urbanistas que han trabajado en la profesión”, indica. “No se entiende muy bien a qué se debe”, concreta. Las otras dos personas que recibieron el mismo reconocimiento fueron Amparo Berliches y Guillermo Pérez Villanta, este segundo a propuesta del entorno del propio San Vicente.
Con todo, la carrera del protagonista de estas líneas no ha estado exenta de polémica, y es que en 2006 dimite por un escándalo basado en presuntas irregularidades urbanísticas. Fuentes anónimas lo califican como una persona con “muchas luces y sombras” que “descubrió que se podía hacer dinero con el urbanismo jugando al límite, y jugaba al límite”. “Hizo cosas muy raras (…) Esperanza Aguirre lo tuvo que quitar”.
Polémicas desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid
Más en detalle, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias para investigar una gestión que se centraba en Villanueva de la Cañada, donde desbloqueó un plan urbanístico sobre terrenos que eran de su propiedad y que después vendió con plusvalías multimillonarias. Asimismo, aprobó planes diseñados por su exconsultora.
Fue acusado de varios posibles delitos, entre ellos prevaricación, tráfico de influencias y colisión de intereses al subrogar contratos privados a intereses inmobiliarios mientras ostentaba el puesto, pasando por alto informes técnicos contrarios a ello y sirviéndose de bufetes privados que avalaran sus planes.
El PSOE presentó denuncias formales en el seno de la investigación, que se remonta a allá por 2006-2007, y que derivaron en querellas judiciales también contra el alcalde de la localidad, Luis Partida.
Los tentáculos de la exconsultora, Plarquin, alcanzaron también Cobeña, Pozuelo, Ciempozuelos, Moralzarzal, Majadahonda o San Lorenzo del Escorial. La empresa redactó plantes urbanísticos que dependían de la aprobación de Porto, incluyendo a familiares suyos en el equipo técnico, como su hermano o su hija.
Familia de Aguirre
Si se tira de hemeroteca, se puede apreciar que la situación también tocó de algún modo lleno a Aguirre, más allá de por ser el ahora colegiado de honor persona de su máxima confianza durante su mandato, y es que familiares de la expresidenta obtuvieron plusvalías superiores a los dos millones de euros en terrenos desbloqueados por Porto.
La empresa Alminar Vilas, presidida por el tío materno de Aguirre, José Gil de Biezma y Vega de Seoane -tío materno de la ex administradora Sol- compró en los 2000 unos terrenos en el Villanueva de la Cañada que vendieron junto a otra constructora en 2006 por 4,6 millones de euros, obteniendo así la plusvalía mencionada.
En esta dirección, destacar que el sector estaba bloqueado desde mayo de 2003 por el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón debido a objeciones técnicas que pasaban entre otras cosas por la falta de evaluación ambiental. Porto desbloqueó el plan parcial en septiembre de 2004 sin tener en cuenta informes negativos de sus técnicos y a pesar de que él mismo poseía parcelas colindantes. El plan fue redactado por José María Fernández del Río, exsocio de Plarquin.
El Colegio de Arquitectos lleva tiempo sumido en la polémica por aspectos como la reelección de su candidato Sigfrido Herráez o por el apadrinamiento en un nombramiento que los críticos, asegura, no tuvo validez, de Eugenio Ribón; responsable del Colegio de Abogados (COAM) y muy ligado a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.