Cerberus Caputal Management, el cuarto mayor casero de España, pretende desahuciar a una familia extremadamente vulnerable. El fondo buitre estadounidense acumula, según los datos de Civio de 2024, 6.936 viviendas y quiere expulsar de una de ellas a Jennifer, viuda desde 2024, y a sus hijos de seis y ocho años, con un diagnóstico médico por problemas de salud mental. La unidad familiar está pendiente de obtener el informe de vulnerabilidad, pero esto no ha impedido a la Audiencia Provincial de Madrid a confirmar, en enero de 2026, la sentencia del Juzgado de Instrucción número 38 que les obliga a abandonar su casa.
La familia únicamente cuenta con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para subsistir y, pese a que fue víctima de una estafa en 2021, cuando accedieron a la vivienda de la que próximamente pretenden desahuciarla, no cuentan con ninguna protección. Hace cinco años, accedieron al piso del barrio madrileño de Vallecas abonando una fianza de 4.000 euros, pero el apoderado resultó ser un estafador. Los propios afectados denunciaron los hechos ante la Justicia, pero serán ellos, y no el delincuente, quienes sufrirán el castigo de ser expulsados a la calle.
No negocian porque se dedican a la compraventa a corto plazo para obtener beneficios para sus inversores
La sentencia establece que han incurrido en un delito de usurpación, pese a que accedieron a la vivienda abonando una elevada cantidad de dinero y creyendo que estaban siguiendo un proceso legal. Este fallo judicial les impide acogerse a la suspensión de desahucios actualmente vigente, pese a ser una unidad familiar compuesta por una madre soltera y dos menores de edad. Los intentos de mediación de PAH Vallekas para formalizar un alquiler social han sido rechazos por el fondo buitre, que tan solo ofrece una compra por valor de 220.000 euros y, a la par, solicitó el lanzamiento forzoso el pasado mes de julio.
Esta semana, la organización de vivienda acudió a la sede del fondo buitre, ubicada en el distrito financiero de Azca en Madrid, para exigir el alquiler social; sin embargo, los especuladores se negaron a atender a la familia y a abrir una vía de diálogo. No obstante, desde PAH Vallekas no se rinden y exigen “responsabilidad social a Cerberus en cumplimiento de la función social de la vivienda de la Constitución” y demandan también a las administraciones públicas que “recuperen las casas de los fondos buitres para el parque público de vivienda”.
No obstante, la interlocución con el fondo está siendo prácticamente imposible. “No tienen atención al público, es muy difícil ponerse en contacto con ellos para presentar la documentación que evidencia la vulnerabilidad para conseguir un alquiler social”, explica PAH Vallekas e El Plural, señalando que solo han podido hablar con el abogado que les representa en el juicio. “Nos ha transmitido en todo momento que no negocian porque se dedican a la compraventa a corto plazo para obtener beneficios para sus inversores”, lamentan, asegurando a este medio que “otras compañeras, con contratos vigentes y al adquirir Cerberus la propiedad, no les ha renovado los alquileres”, lo que derivará en más procedimientos de desahucio.
La sombra de Cerberus
Cerberus Capital Management fue fundado en 1992 en Nueva York y cuenta con una red de cerca de 2.000 filiales globales e instrumentales en paraísos fiscales como Luxemburgo y Países Bajos. El fondo, según los últimos datos disponibles, es el cuarto mayor tenedor residencial de España con más de 6.936 propiedades, concentrando su patrimonio en Cataluña (2.877), Madrid (2.448) y la Comunidad Valenciana (980). Su estrategia inmobiliaria, denuncian desde PAH Vallecas, se centran en la compra de activos tóxicos con los que posteriormente especular.
“Adquieren carteras masivas de deuda tóxica e hipotecas a la banca con grandes descuentos de su valor nominal para, posteriormente, reclamar los pagos o ejecutar desahucios a través de procedimientos judiciales y la no renovación de los contratos de alquiler de los inmuebles”, expone el movimiento de vivienda. Estas gestiones las realiza a través de su SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) MACC Residencial, que además se beneficia del régimen especial para estas sociedades, que tributan al 0%.
Un fondo cuyo cofundador es Sephen Feinberg, quien, desde marzo de 2025, es el secretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos. Es decir, el número dos del Pentágono, designado por Donald Trump, está detrás de la construcción de un instrumento especulador que desahucia españoles. Es más, las grandes cabeceras estadounidenses consideran que el movimiento del inquilino de la Casa Blanca es un intento de “toma de control de Cerberus”, que disfruta de unos beneficios anuales milmillonarios.
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