El cantón de limpieza que el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida pretende ubicar en el barrio madrileño de Montecarmelo vuelve al foco de la actualidad política y social. La Plataforma de Afectados por el Cantón de Montecarmelo y la Asociación Vecinal de Montecarmelo han denunciado que tanto el alcalde como su delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, llevan más de dos años ocultando la verdadera naturaleza industrial del mega cantón, que abarca 10.000 metros cuadrados y está proyectado entre viviendas y tres centros escolares, tanto a los vecinos como a los jueces.
En este sentido, desde la Plataforma de Afectados recuerdan que el cantón fue tumbado por un juez, tras lo que Cibeles recurrió la sentencia condenatoria y ahora debe ser el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) quien resuelva el recurso. De la misma forma, añaden que la memoria ambiental que presentó el Ayuntamiento la pasada semana, firmada por Urbaser y Sumar urbanismo + arquitectura, contradice más de dos años de discurso político oficial. Durante este tiempo, tal y como sostienen, desde el Consistorio se han repetido las mismas ideas para justificar la ubicación del cantón, arrasando la única zona verde del barrio: “El cantón no es industrial, por eso puede ubicarse junto a viviendas y colegios”, “solo habrá vestuarios y carritos de limpieza” y “los cantones no generan molestias, ni ruidos, ni olores”. No obstante, advierten que la memoria ambiental que presentó el propio consistorio entra en conflicto con estas afirmaciones.
Por una parte, indican que en la página 10, la memoria afirma que “la nave queda incluida en el uso industrial”. En la descripción inicial, que “se trata de una actividad de tipo industrial ligero”. Por ello, agregan que “el intento del Ayuntamiento de suavizar la definición con “industrial ligero” carece de base jurídica, puesto que la instalación prevista incluye reparaciones, mantenimiento, manipulación de fluidos peligrosos, soldadura, maquinaria pesada y almacenamiento de sustancias inflamables”. Además, la memoria describe maquinaria y procesos propios de un taller mecánico de gran envergadura, cita elevadores de camiones, prensas hidráulicas, equipos de soldadura, diagnóstico electrónico, lavado de piezas, cambios de aceite y otros líquidos peligrosos y altamente contaminantes, etcétera. “Nada que ver con lo que dicen el alcalde y Carabante sobre solo para “guardar carritos y unos vestuarios” para los operarios de la limpieza”, sostienen desde la Plataforma.
En este mismo orden de cosas, la memoria usa con frecuencia el término “industrial”, hasta 13 veces, para referirse a la actividad, la categoría de uso y los elementos del proyecto, en los apartados técnicos y urbanísticos correspondientes. En su recurso, el Ayuntamiento defendió ante la justicia que no era necesario realizar evaluación ambiental porque se trataba de “un cantón convencional sin actividad industrial”. Pese a ello, la memoria reconoce ahora que “la actividad [...] debe ser sometida al procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades por implicar operaciones [...] con productos potencialmente peligrosos”. Una contradicción que “será clave” en la próxima resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que debe valorar si el PP de Almeida ocultaron la verdadera naturaleza del proyecto para evitar controles ambientales.
"No tenemos nada en contra de los trabajadores de la limpieza en el barrio. Al contrario, les necesitamos para que hagan su trabajo con absoluta decencia y en las mejores condiciones laborales. Pero el gran sindicalista que es el alcalde miente nuevamente y les está utilizando de manera fraudulenta contra los vecinos y contra un proyecto que ya ha quedado más que claro que no es un vestuario y un lugar para dejar los carritos sino una instalación de 10.000 metros cuadrados con actividad considerada como industrial, pesada, contaminante y peligrosa", sostienen fuentes de la Plataforma.
La justicia declaró nulo el proyecto
Con este telón de fondo, desde la Plataforma recuerdan que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid dictó una sentencia que declaró nula la resolución municipal para construir el cantón en Montecarmelo. El fallo consideraba que el proyecto tiene carácter industrial (con taller, gasolinera, puntos de carga, valorización de residuos) y exigía a su vez la evaluación ambiental correspondiente, que no fue realizada. Este fallo supuso un duro revés para el Ayuntamiento, y la memoria presenta la documentación que valida lo que el juzgado ya advirtió, que es una instalación industrial.
En esta línea, por lo que respecta a las consecuencias de la ubicación de este mega cantón desde la Plataforma subrayan los ruidos de hasta 106 decibelios, equiparable a un avión despegando. “La memoria estima un nivel máximo de 106,5 dB(A) si todas las fuentes sonoras actúan simultáneamente. Para comparar; 100–110 dB es el rango de un concierto, 106 dB equivale a un avión en pista, y 110 dB a una motosierra (utensilio que ya se escuchó en Montecarmelo entre el 9 y el 30 de abril de 2025 en la tala encubierta que arrasó con más de 200 árboles en el barrio). La normativa local, en concreto la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) fija unos límites en horario diurno y vespertino (55 decibelios para colegios y 60 dB para viviendas), mientras que es aún más restrictiva para el horario nocturno (45 decibelios para colegios y 50, para viviendas). Además, el Ayuntamiento hace trampas en su cálculo de los ruidos que saldrían del cantón porque omite los generados por la maquinaria exterior del cantón, como las compactadoras, el propio de los 117 vehículos entrando y saliendo del cantón, descargando y cargando la basura, los pitidos de marcha-atrás de esos vehículos y el ruido ambiental de la M-40 ya existente”, alegan desde la Plataforma.
En otro orden de cosas, cabe destacar que la memoria indica una dimensión del taller del cantón de 988 metros cuadrados y de 460 metros cuadrados para oficina y vestuarios. Es decir, el área industrial del proyecto es un 114% mayor que la de administración, lo que hace irrelevantes las afirmaciones de “uso auxiliar”. El Ayuntamiento llama “edificio principal” a la parte administrativa, pese a ser el de menor superficie. Una maniobra claramente orientada a minimizar la magnitud industrial del proyecto.
Consenso vecinal con la alternativa
Seis asociaciones vecinales del noroeste de Madrid, junto con la Plataforma de Afectados, han firmado un acuerdo unánime que registraron en marzo de 2025 ante el Ayuntamiento, exigiendo que el cantón se traslade a la parcela ED1, ubicada en zona industrial, lejos de viviendas y colegios. La propuesta cuenta con el respaldo formal de los tres principales partidos de la oposición municipal (Más Madrid, PSOE y Vox), que han registrado iniciativas en el Ayuntamiento para exigir este cambio.
La parcela ED1 de Las Tablas, donde se ha proyectado un centro residencial de mayores y una escuela de danza, ofrece mejores conexiones viales y transporte público, y su uso minimizaría drásticamente los impactos ambientales, acústicos y de tráfico derivados del proyecto original.
"Desde un punto de vista meramente urbanístico, es un sinsentido ubicar una instalación industrial en una zona residencial, y un centro residencial de mayores y una escuela de danza en un polígono industrial alejado del núcleo urbano, obligando a los mayores a desplazarse lejos de sus casas y de sus familias", concluyen.