El misterio de las comidas de Ayuso: cada vez paga menos con dinero público, pero ¿quién la invita?

Los datos económicos que Isabel Díaz Ayuso está obligada a hacer públicos reflejan un descenso significativo en la cantidad de comidas de trabajo que paga con fondos de la Comunidad de Madrid. Según El País, durante los primeros cuatro años de su presidencia era habitual que la dirigente autonómica abonara numerosos desayunos, almuerzos y aperitivos con dinero público. Sin embargo, ha habido un cambio de tendencia en los últimos tiempos: mientras que en 2022 declaró 51 comidas sufragadas con fondos autonómicos, en el periodo comprendido hasta el 30 de septiembre del año actual únicamente aparecen dos. Desde su entorno ofrecen una explicación para esta reducción: la presidenta recibe invitaciones de terceros.

Esta circunstancia resulta especialmente relevante por la controversia que generó el viaje de Ayuso a México, realizado este mismo año. La presidenta declaró únicamente 623,28 euros en concepto de gastos de aquel desplazamiento de seis días, una cantidad que no cubría el coste total del viaje. Al ser preguntada por los importes que no figuraban en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, explicó que solamente deben hacerse públicos los gastos asumidos por la Administración y sus organismos. Según su argumento, los pagos realizados por otras entidades o particulares no forman parte de la información que corresponde publicar a la institución. Este mismo criterio se aplica a las comidas que otras personas pagan a los responsables políticos. Aunque la legislación no obliga a identificar a quienes asumen estos gastos, los especialistas en transparencia consideran que los ciudadanos deberían poder conocer quién mantiene este tipo de relaciones con sus representantes públicos.

La información disponible sobre los gastos de restauración de Ayuso entre 2019 y 2026 está recogida en tres hojas de cálculo publicadas en su perfil institucional. Estos documentos forman parte de las obligaciones establecidas por la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid, aprobada en abril de 2019. La normativa contempla la publicación de datos relacionados con la trayectoria, los bienes, los viajes, las retribuciones y la actividad institucional de los cargos públicos. Su aprobación se enmarca en el proceso de modernización de las administraciones españolas y en el objetivo de aproximar sus mecanismos de control a los existentes en otros países europeos. Entre sus principales finalidades se encuentran prevenir posibles abusos y facilitar la detección de conflictos de intereses. A pesar de estos avances, los expertos consideran que el sistema español todavía presenta importantes carencias al respecto.

Uno de los principales problemas de los registros publicados es que únicamente incluyen las comidas pagadas con dinero público, sin aportar información sobre aquellas que corren a cargo de terceros. También se aprecia una falta de uniformidad en la manera de describir los gastos. Durante los primeros años de su mandato, los documentos contenían referencias más concretas y en algunas ocasiones se indicaba si las reuniones estaban relacionadas con la preparación de una entrevista o de un pleno parlamentario. También se identificaba a determinados asistentes, como representantes políticos, alcaldes o profesionales del sector de la comunicación. Cuando se contrataba un servicio de catering, incluso podía aparecer el nombre de la empresa encargada. El gasto público declarado en este sentido ha descendido, pero también lo ha hecho la transparencia: en los últimos tres años las anotaciones han perdido ese nivel de precisión y, en la mayoría de los casos, se limitan a la expresión genérica de "comida de trabajo".

Esta ausencia de criterios detallados tiene su origen, en parte, en la propia legislación autonómica. La norma establece que deben hacerse públicos los gastos protocolarios, pero no concreta qué información debe acompañar a cada anotación. Por tanto, no obliga a incorporar las facturas, identificar a todas las personas asistentes o especificar el establecimiento en el que se ha celebrado el encuentro. La falta de datos sobre los comensales dificulta, a su vez, comprobar si determinadas cantidades están justificadas.

Invitaciones y datos aparte...

Entre los ejemplos recogidos figura un almuerzo celebrado el 16 de marzo de 2022 con un representante del ámbito de la comunicación, cuyo coste ascendió a 478,50 euros. No obstante, el registro no permite saber cuántas personas participaron. Otro caso corresponde a una comida de trabajo de la presidenta, celebrada el 15 de enero de 2021, que supuso un desembolso de 974,05 euros. Tampoco se ofrecen detalles adicionales sobre sus asistentes o el motivo concreto del encuentro. En cuanto a los importes, el gasto más elevado registrado corresponde a una comida celebrada en 2025 con el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y 23 integrantes de una delegación del Gobierno de Ecuador. La factura alcanzó los 2.409,70 euros. En segundo lugar aparece un encuentro navideño con representantes de los medios de comunicación, celebrado en 2019, cuyo coste fue de 1.793 euros. En el extremo contrario también figuran consumiciones de cantidades reducidas, como un gasto de restauración de 7,54 euros registrado en 2020 o un aperitivo de trabajo valorado en 22 euros.

La cuestión de las comidas pagadas por terceros plantea otro problema relacionado con la transparencia. Los registros no ofrecen información sobre quién invita a los responsables públicos ni sobre el valor de estas atenciones. Carlos Cordero, presidente de Access Info Europe, organización dedicada a promover el acceso a la información pública, considera en conversaciones con el citado medio que los ciudadanos tienen derecho a conocer si los representantes institucionales mantienen encuentros con personas o entidades interesadas en influir en sus decisiones. A su juicio, una invitación puede no tener ninguna intención irregular, pero resulta necesario disponer de información suficiente para evaluar posibles conflictos de intereses. Algunos países europeos cuentan con mecanismos específicos para controlar estos beneficios. En Reino Unido, por ejemplo, el Gobierno publica mensualmente un registro de regalos e invitaciones recibidos por sus ministros, en el que se incluye su naturaleza y, cuando es posible, su valor aproximado. En Países Bajos, los diputados deben declarar en un registro público aquellos obsequios o beneficios cuyo importe supere los 50 euros.

En España, por el contrario, la regulación es menos precisa y presenta diferencias entre administraciones. Algunas instituciones, como el Ayuntamiento de Madrid, la Generalitat Valenciana o el Gobierno de Navarra, publican información sobre determinados regalos no perecederos. Sin embargo, las invitaciones a comidas y otros gastos de representación suelen quedar fuera de estos controles. La Comunidad de Madrid tampoco dispone de una obligación específica para publicar los regalos recibidos. Su Código Ético de 2016 establece que los altos cargos no pueden aceptar obsequios o beneficios, salvo aquellos considerados muestras de cortesía habitual. El problema es que esta expresión no establece un límite económico claro. Otras instituciones han optado por fijar cantidades concretas, como los 150 euros contemplados por la Federación Española de Municipios y Provincias o los 240 euros establecidos por el Gobierno de Cantabria.

La importancia de estas prácticas para los expertos

La aceptación de regalos e invitaciones, a su vez, también puede tener consecuencias jurídicas cuando existen indicios de un posible cohecho. En relación con el viaje de Ayuso a México, un abogado presentó una denuncia ante la Fiscalía por este motivo, pero fue archivada al no poder iniciar una investigación prospectiva sin disponer de documentación que identificara a la persona o entidad que había financiado el desplazamiento.

Los especialistas advierten de que no debe restarse importancia a estas prácticas. Elisa de la Nuez, secretaria general de la fundación Hay Derecho, señala que una invitación a comer puede resultar especialmente delicada porque, además de suponer un beneficio personal, permite establecer un contacto directo y reservado con un cargo público. Por ello, considera conveniente publicar este tipo de encuentros cuando no se trate de comidas estrictamente privadas y puedan estar relacionados con actividades de influencia o lobby.

Los expertos coinciden en que la mejora de estos mecanismos de control también depende de la exigencia ciudadana. Miguel Ángel Blanes, jurista especializado en transparencia y autor de una tesis doctoral premiada sobre esta materia, sostiene que en España se ha normalizado la percepción de que las comidas pagadas por terceros no representan un problema. Sin embargo, recuerda que en otros países estas prácticas reciben un seguimiento mucho más riguroso. La identificación de quién invita, quién participa y cuánto cuestan estos encuentros constituye, por tanto, una cuestión relevante para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los responsables públicos.