Esta semana salía nuevamente a la luz el nombre de Ariete Seguridad, la empresa de Silvia Cruz, ex concejala del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y alumna de un curso que impartió la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, que terminó sirviendo para que distintos cargos de la formación conservadora inflaran su currículum.
En este caso, la polémica viene dada por un contrato que la Autonomía concedió a la compañía el año pasado y del que Metro -en este caso el acuerdo es para operaciones en el suburbano- no se muestra todo lo transparente que, quizás, debiera.
Un usuario de X, antiguo Twitter -cuya petición y la respuesta de Metro aparece en estas líneas- preguntó hace unos días a la administración competente por el informe económico, una cuestión que aparentemente la otra parte debería ser capaz de dar. De no ser así, el contratante estaría incurriendo en otro ejercicio de oscurantismo.
El usuario se cuestiona por qué la empresa, a pesar de no haber recibido la mejor puntuación técnica, se quedó con los servicios. “El precio es tan bajo -34 millones de euros- que lo gana”, se sorprende.
Contrato con Metro de Madrid
El montante de la adjudicación que aparece en este artículo fue de 66.158.116,09 -con impuestos- y de 54.676.129 euros -sin impuestos-, correspondiéndose una parte de la misma con Ariete; el lote 1 -recintos-. En su caso, el importe de adjudicación fue superior a los 38 millones de euros -31.658.067,83 sin impuestos-. El objeto total es el “servicio de vigilancia para la seguridad de las instalaciones que constituyen el patrimonio de Metro de Madrid: los recintos, la sede social, dependencias y edificios singulares (museos).
“Se cometieron irregularidades laborales o adjudicaciones”
Más allá de la clandestinidad en este contrato, el PSOE de Madrid (PSOE-M), a preguntas de este periódico, hace hincapié en que este no deja de ser uno de los más de cerca de 300 contratos que la Comunidad de Madrid ha concedido a Ariete.
Al margen del procedimiento llevado a cabo -esto no tiene por qué implicar una ilegalidad, pero desde luego abre la puerta a un debate ético-, los socialistas afean otras condiciones. “No es un caso aislado: llevamos más de 290 adjudicaciones señaladas, entre ellas contratos de seguridad con el Hospital Isabel Zendal, donde se cometieron irregularidades laborales o adjudicaciones a Ariete vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, ya que carece de plan de igualdad”.
Pantallas de seguridad apagadas e insultos a Pedro Sánchez
El acuerdo de estas líneas, que “debería servir para garantizar la seguridad y proteger el patrimonio público” ha derivado a una “dejación de funciones” a ojos de la oposición: “Metro de Madrid permitió la colocación de carteles que imitaban su señalética oficial para insultar al Gobierno y fomentar el odio, mientras las pantallas de seguridad permanecen apagadas y el vandalismo aumenta”.
Con todos estos ingredientes, y considerando que “la valoración de los equipos de trabajo no se ha realizado conforme a la legislación, confirmando que el único fin de esta adjudicación era favorecer de nuevo a Ariete”, el partido de Óscar López ya ha denunciado los hechos.
“Ayuso adjudica a sus amiguetes mientras pone en riesgo la seguridad de los viajeros y las viajeras del Metro y permite el uso de espacios públicos para atacar al adversario político”, enfatiza la formación.
Defensa del suburbano y la Consejería
Metro de Madrid defiende que la petición “contiene datos relevantes sobre estrategia comercial, costes internos, capacidad de competir en el mercado, etc”, puntos todos ellos que, su recayera en un tercero, podría implicar un “riesgo evidente” para Ariete “superior al perjuicio que genera para el solicitante el no darle el acceso al documento requerido”.
La compañía de trenes apostilla en su contestación: “(…) Se refiere a la conclusión del principio de transparencia, en lo que se refiere al trámite otorgado al licitador para justificar la baja desproporcionada, así como en la no aportación de la totalidad de la documentación solicitada, amparándose el órgano de contratación en el deber de secreto comercial”.
También menciona que “la eventual existencia de una baja desproporcionada debe analizarse entre el órgano de contratación y el licitador incluso en el eventual defecto, sin que exista intervención alguna prevista legalmente para el resto de los licitadores”.
Por esto, y amparándose en una resolución del Tribunal Administrativo de Contratación pública en su resolución 192/2022, rechaza la petición. Misma razón que aporta la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda en declaraciones a ElPlural.com. “Dar esa información sería ilegal”, indican.
Cerca de 300 contratos
Ariete Seguridad es una histórica en la contratación del territorio madrileño, y es que solo hasta el año 2024 recibió 41.256.793,24 euros mediante adjudicaciones, 4.975.138,81 mediante modificaciones de contratos y cerca de 30.500.000 a través de prórrogas de contratos públicos.
Del total de los acuerdos, 155 fueron menores y se ejecutaron algunos de ellos mediante el conocido como procedimiento de urgencia -esto es, por la vía rápida sin necesidad de pasar por concurso público- aunque no fuera necesario. Ejemplo de eso son algunos de los acuerdos que las partes han cerrado en estos años para que Ariete operase en el Isabel Zendal, incluso cuando la pandemia ya estaba en una fase tan avanzada que no requería actuar con esa inmediatez.
En lo que respecta a este centro, Ariete empezó a acordar formalmente para operar en él en noviembre de 2020, año de la pandemia, pero a partir de ese momento y hasta agosto de 2023 se produjeron varias renovaciones, todas ellas a dedo y sin sacar la oferta a concurso, tal y como se ha mencionado.
A finales del año 2022, cuando la gestión la asumía el hospital La Paz, reduce el presupuesto por cada seis meses: comenzaron a principios de 2023, siguieron en julio y se extendieron hasta agosto de ese año.
Todavía en 2024, la Consejería dio por buenos varios contratos fraccionados para el “servicio de vigilancia” y “seguridad”.
En el ámbito sanitario, la firma es una habitual en otros espacios como el hospital Clínico San Carlos, el Infanta Leonor, el Puerta de Hierro de Majadahonda, el Gregorio Marañón, La Princesa o el Ramón y Cajal.
La empresa también ha actuado en el sector educativo, quedándose, por ejemplo, con seis lotes del contrato para la vigilancia de universidades y otros que guardan relación con el estudio en la Comunidad de Madrid. Por estos servicios recibió 1.188.027,59 euros.