La Mesa de la Asamblea de Madrid, controlada por el PP de Ayuso, bloqueó este mismo año una pregunta sobre el Caso Alborada, colegio concertado y católico que protegió durante un curso casi completo a un cuidador que presuntamente abusó de decenas de niños de entre tres y seis años, tal y como ha destapado en exclusiva ElPlural.com. Este centro, adscrito a la Red Educativa Arenales, tiene vínculos históricos con el Opus Dei -desde su momento fundacional a través de la Fundación Tajamar- y, todavía hoy, sacerdotes de la prelatura realizan la atención pastoral del colegio tanto para los niños como para las familias.
Pese a que el escándalo se conoce, al menos, desde el pasado mes de mayo -mes en el que el presunto abusador fue detenido tras una denuncia de una profesora que acabó con la inoperancia del centro-, el órgano rector de la cámara autonómica se negó a contestar a una pregunta parlamentaria sobre este suceso hace aproximadamente un mes. Concretamente, fue Más Madrid quien registró una cuestión relativa a este escándalo en la Asamblea de Madrid.
La pregunta, a la que ha tenido acceso este periódico, la formuló la diputada Alicia Torija, y se centra en el número de solicitudes de traslado de expediente académico que se habían producido desde que el conocimiento de los casos que afectaban a menores de entre 3 y 6 años, muchos de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y problemas de comunicación. La Mesa acordó la no admisión “por no referirse su objeto a un asunto del ámbito de la Comunidad de Madrid, al hacer referencia a un centro privado”.
Este medio se ha puesto en contacto con todas las partes para entender por qué se negaron a contestar a este interrogante parlamentario, así como para conocer el grado de seguimiento de un caso de abusos sexuales que puede alcanzar, según la documentación en poder de ElPlural.com, a cerca de una veintena de niños que aún no han alcanzado la primaria.
En primer lugar, este periódico se ha dirigido a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, con quien las víctimas y sus familias ya han tenido interacción a través de Barnahus (Casa de los niños), “servicio especializado que proporciona valoración y atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y a sus familias, así como actuaciones de prevención y sensibilización”. Además, “facilita información y asesoramiento a profesionales del ámbito infantojuvenil”. No obstante, y ante la ausencia de respuesta de esta Consejería, ElPlural.com también ha ofrecido la oportunidad de dar testimonio a la Consejería de Educación.
Por el momento, ambos departamentos han rehusado contestar a las preguntas de esta investigación. La ausencia de explicaciones no es actual. De hecho, algunas de las familias de las que acudieron a Barnahus lamentan no haber recibido los servicios solicitados, a menos en su totalidad y afean el abandono de las administraciones y la Justicia, así como la desprotección del colegio que, sumado a la desesperación derivada de la burocracia administrativa ha provocado que rompan el silencio, también mediático.
Las competencias corresponden a la Comunidad de Madrid
En conversación con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, fuentes del consistorio de la localidad defienden que ninguna familia se ha dirigido a ellos, ni “pedido ninguna reunión” ni “remitido ninguna información oficial”. “Por eso no hemos podido hacer nada”, explican a este periódico. Asimismo, mantienen que las competencias corresponden a la administración de la Puerta del Sol, por lo que ellos “no pueden abrir investigación, ni sancionar al colegio”, ni siquiera llamar al centro, por si existe “información reservada”.
Quien sí ha llamado a El Alborada, como al resto de partes, ha sido ElPlural.com, con el mismo objetivo de poner negro sobre blanco. Mientras en las decenas de testificales leídas por este periódico, así como en la voz de las fuentes consultadas durante la preparación de estas exclusivas, queda patente que el centro protegió al presunto abusador al menos desde septiembre de 2024, cuando internamente se lanzan los primeros avisos del profesorado a la dirección del colegio, El Alborada insiste en su inocencia y en su rápida actuación: “No tuvimos constancia previa (...) Cuando salió la noticia, en el momento en que una persona nos comunica lo que ha visto y lo que puede haber ocurrido, lo que ella considera, se acude a la Policía”, indica en conversación telefónica con este medio Pilar Bada, directora de infantil en el centro.
Una versión exculpatoria que queda fuertemente sacudida con las pruebas en poder de esta investigación. Este periódico ha podido contraponer esta versión, la de la dirección de El Alborada, con decenas de denuncias, testificales y mails internos del colegio. En ellos, queda constancia que el grueso del profesorado, así como de las familias víctimas de los abusos sexuales del cuidador, han podido comprobar que el centro tenía conocimiento de los tocamientos y las actitudes de carácter sexual de su cuidador al menos desde septiembre de 2024 -ocho meses antes de actuar después de que una de las profesoras grabase escenas que evidenciaban el delito-.
Entretanto, y a la espera de juicio, sobre el extrabajador únicamente pesa una orden de alejamiento de 100 metros del lugar y, en el mejor de los casos, de algunos niños. Esto implica que puede seguir yendo, por ejemplo, a parques u otros sitios frecuentados por menores.
*Si alguien está afectado por el 'Caso Alborada' y no sabe dónde acudir, por favor, escriba a afectadosalborada@gmail.com