La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cumple casi once meses sin publicar el informe ordenado por el Juzgado 19 de Madrid sobre los presuntos delitos de los que está acusado a Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Por ello, Más Madrid solicita al juzgado el acceso a las cuentas de la pareja de la presidenta madrileña, para que la investigación pueda seguir su curso.
La formación lo ha anunciado este lunes a través de su portavoz en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, que ha detallado que han solicitado que la UCO pueda tener "el acceso a las cuentas bancarias de Alberto González Amador", el impedimento tras el que se escudan para justificar su retraso a la hora de elaborar el informe. "La investigación sobre los negocios turbios del novio de Ayuso", prosigue Bergerot, "debe realizarse con todas las garantías, y con acceso a toda la información relevante".
La solicitud del informe proviene del caso por el que el empresario está acusado de corrupción en los negocios y administración desleal, una pieza separada de la principal, que es en la que se investiga el presunto doble delito de fraude fiscal. El acceso a la información bancaria de González Amador "es la única forma de conocer toda la verdad", según la portavoz, "sobre los sobornos entre privados que rodearon el pelotazo" del novio de Ayuso con el material sanitario durante la pandemia.
"Toda España sabe que hay algo muy turbio en los negocios de Ayuso, y como en todos los entramados mafiosos, hay que seguir el rastro del dinero", sentencia Bergerot. Hace ya más de 300 días desde que la Fiscalía Anticorrupción le pidió a la UCO, que dirige el teniente coronel Antonio Balas, la elaboración del mencionado informe sobre el perfil del empresario investigado en relación con esta causa. Fue el pasado 27 de junio, fecha en la que arrancó el procedimiento, y desde la que no ha salido a la luz un documento que es crucial para la investigación.
El informe de la UCO, camino del año de retraso
"Que se encomiende a la investigación de los hechos atendiendo a la complejidad y al carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva". El informe, al que tuvo acceso entonces ElPlural.com, señalaba el incremento patrimonial que registró la empresa del empresario investigado, Maxwell Cremona, entre 2020 y 2021; mismo periodo en el que se le acusa de haber cometido el presunto fraude fiscal a Hacienda de más de 350.000 euros.
El pasado mes de noviembre, ya entonces con cinco meses de retraso, miembros de la UCO revelaron en una entrevista que "fuentes de la investigación llevaban solicitando las actuaciones llevadas a cabo" hasta aquel momento, pero no fue posible hasta el 8 de noviembre cuando el juzgado avaló dicho trámite que conduce al inicio de las averiguaciones por parte de la UCO.
Esto resalta en contraste con investigaciones paralelas y como las del entonces fiscal general del Estado, o la que implica al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la trama Koldo; o la que terminó hace escasos meses contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En todas ellas, los tiempos han sido más acelerados si se trae a comparación con la de González Amador, con una clara diferencia de apremio por parte de la UCO.
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