Más Madrid ha registrado en la Asamblea de la Comunidad Autónoma una Proposición de Ley (PL) para modificar la manera en la que se miden las listas de espera para que a partir de ahora recoja todo el recorrido del paciente y el deterioro de las listas implique más presupuesto de encadenarse dos trimestres consecutivos.

El partido de la izquierda alternativa lo ha anunciado en redes sociales como una propuesta para “acabar con la manipulación en las listas de espera”; una ley que resume en su perfil de X, antiguo Twitter, en tres puntos: que “se cuente desde que tu médico te lo indica”, que exista “un registro único, ni bolsas ni listas paralelas” y que “si las esperas empeoran dos trimestres seguidos, implique más presupuesto”.

Más detalladamente, en su exposición de motivos, la formación proyecta que, hasta ahora, la lista de espera se mide por “tiempo de espera hasta cada evento aislado”, pero sin tener en cuenta el “recorrido completo del paciente”. “Sin embargo”, indican las sigas de Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre, desde la perspectiva del paciente, la espera no termina cuando es visto por primera vez por el especialista, sino cuando recibe un diagnóstico y, en su caso, la indicación e instauración de un tratamiento”.

En la propuesta -que llega después de la polémica en el hospital Ramón y Caja, donde el cirujano Luis Alberto Martos denunció que se habían cambiado la prioridad de los pacientes, de preferente a normal, entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025-, Más Madrid propone cambiar el modelo hacia uno que incorporase todas las etapas, que tendrían un “identificador único” para conocer o auditar todo el recorrido.

El cálculo de la cuenta empezaría el mismo día en que el profesional realizara la indicación clínica y se incluiría en el registro de forma automática e inmediata. Es decir, no comenzaría cuando se tramite administrativamente la petición y se prohibirán bolsas, buzones o registros paralelos.

La Proposición de Ley también pone sobra la mesa la creación de un Registro de Demanda Sanitaria en Atención Hospitalaria como “censo oficial” con cuatro competentes, que serán consultas externas, pruebas diagnósticas y terapéuticas, intervenciones quirúrgicas programadas y tratamientos que estén basados en sesiones terapéuticas.

De igual forma, no se detendrían ni se reduciría el tiempo acumulado, con lo que se eliminaría la categoría “espera no estructural”, independientemente de que la razón sea organizativa o a petición del paciente. En la misma dirección se crea un registro concreto para tratamientos cuya eficacia depende de la continuidad de las sesiones como fisioterapia, psicoterapia o logopedia. De salir adelante esta normativa, se mediría tanto la espera hasta la primera sesión como los espacios reales entre sesiones, siempre según la pauta prescrita.

En otro orden de cosas, ahora se sustituiría como indicador de referencia el tiempo medio de espera y se pasaría al percentil 50 y 90. Aquí se aglutinaría a pacientes pendientes, entradas y salidas de enfermos o demora hasta la atención, así como demora completa hasta el diagnóstico y la decisión del profesional, pacientes sin cita asignada, demora prospectiva y superación de los plazos garantizados.

En un aspecto más estrictamente político, la Consejería de Sanidad, que dirige Fátima Matute, debería publicar los datos trimestrales, con referencia mensual y dentro de mes posterior a cada trimestre. La región debería incluir en sus presupuestos los recursos necesarios para atender la demanda registrada dentro de los plazos garantizados, un cálculo que se basaría en las entradas y las características de la población protegida, en lugar de en el volumen acumulado de pacientes en espera.

En el supuesto de que aumenten algunos indicadores durante dos trimestre seguidos, la Autonomía tendría que llevar a cabo un plan de choque y promover un refuerzo presupuestario para paliar el escenario.

El paciente recibiría notificación, tanto de la inclusión como de los cambios que afecten a su situación. Cuando se refiere a un caso quirúrgico, la persona recibiría información respecto de los plazos máximos aplicables, los percentiles 50 y 90 del centro en cuestión, el retraso medio prospectivo o la vía para consultar en qué situación se encuentra.

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