La Comunidad de Madrid ha levantado parte de su polémico Plan Vive sobre el cauce de un arroyo de dominio público hidráulico, tal y como ha revelado en exclusiva ElPlural.com. Las viviendas del lote 3 de San Sebastián de los Reyes, un total de 488 (en torno a 150 construidas de forma irregular), no serán legalizadas y podrían tener que ser derrumbadas. No obstante, y más allá de la comisión de una irregularidad a sabiendas, la pregunta ahora es qué sucede con todos aquellos vecinos a los que ya se había adjudicado algunas de estas viviendas.
Esta y otras muchas dudas son las que han surgido a Más Madrid, que ha acudido rápidamente a la Asamblea de Madrid a registrar una batería de preguntas y peticiones de información destinadas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El proceso de adjudicación comenzó el pasado 9 de abril, cuando se abrió el plazo de inscripción, y estaba fechado el 9 de julio anunciar la primera adjudicación, con la pretensión de que en noviembre las viviendas ya acogiesen inquilinos. Estos plazos no se cumplirán y mientras el procedimiento sigue abierto los ciudadanos aguardan con inquietud.
“La empresa lo hace y los Gobiernos (comunidad y ayuntamiento) hacen caso omiso a las advertencias. Mientras, hay gente sacando dinero sin aportar garantía de seguridad, económicas y sociales”, denuncia Pablo Padilla, diputado de Más Madrid que ha presentado las peticiones ante la Asamblea. Con cierta ironía, recuperando el argumentario que habitualmente esboza la derecha liberal para no abordar el problema de la vivienda pese al tensionamiento que sufren ciudades como Madrid, el político ha garantizado que “esto sí que genera inseguridad jurídica y no la ley de Vivienda”.
Preguntas clave para esclarecer el Plan Vive
Para esclarecer toda la situación, Más Madrid ha pedido la comparecencia del consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, ante el Pleno y la Comisión. Además, también quiere llamar a la Comisión al viceconsejero de vivienda y rehabilitación, José María García. El partido pregunta por si está en peligro la habitabilidad de alguna vivienda del Plan Vive de San Sebastián de los Reyes y si existe un plan de contingencia previsto por si alguna de las viviendas de San Sebastián de los Reyes deja de ser habitable, según ha podido conocer este medio.
En lo referido a la ilegalidad, los de Manuela Bergerot preguntarán por en qué momento se conoció el requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo y sobre los mecanismos puestos en marcha para garantizar que las empresas privadas adjudicatarias involucradas en el Plan VIVE atienden los requerimientos del organismo. La existencia o no de medidas para garantizar que la construcción de las viviendas del Plan VIVE respetan la Ley de Aguas es otra de las cuestiones.
Además, ahondan en la defensa del Ejecutivo de Ayuso de la eficacia de las empresas privadas adjudicataria, que consideró “positiva y muy satisfactoria”. “¿Es la mejor manera de gestionar varios lotes del Plan Vive es la adjudicación a un grupo empresarial que opera en las Islas Caimán?”, lanza Más Madrid a la administración. Para esclarecerlo todo, añade varias peticiones de información: relación de comunicaciones con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con la Confederación en relación con el lote afectado y listado desarrollado de medidas para garantizar el respeto del plan a la Ley de Aguas.
Peligro de inundaciones
El Plan Vive de Ayuso, al que cambia el nombre a cada paso, ha dado problemas desde el principio, de sur a norte, de Alcorcón a San Sebastián de los Reyes. “Se nos vende como el plan más ambicioso de vivienda de toda Europa y lo que no tiene cortapisa de ambición es la incompetencia del Partido Popular (PP)”, denuncia el diputado de la formación madrileña. “El Gobierno se desentiende, delegando en las empresas, y luego se hace la foto, pero si no estás vigilante pasan estas cosas”, añade Padilla.
El Ejecutivo madrileño era conocedor de que la obra se estaba desarrollando sobre el cauce del Arroyo de la Dehesa, situado en el barrio de Temprenales, dado que recibió varias advertencias cuando el proyecto todavía se encontraba en su primera fase y podía rectificarse, según ha podido saber este periódico. Sin embargo, tanto la administración como la empresa concesionaria (Culmia) decidieron ignorar los avisos. El cauce ha quedado “ocupado” y, posteriormente, “eliminado”, recoge el procedimiento de la Confederación, contrariada por la afectación de la zona de la Dehesa Boyal, entorno natural único en la región que alberga decenas de especies animales y florales.
“Hay una empresa que está haciendo negocio de la construcción de vivienda pública, forrándose y construyendo en un lugar con riesgo de inundaciones”, ahonda Padilla. Construir en el cauce de un arroyo, a parte de ilegal si no se cuenta con la autorización correspondiente, es peligroso ante la cada vez más habituales lluvias torrenciales. En España ya se han vivido situaciones dramáticas fruto de este proceder y las Confederaciones Hidrográficas “más exigentes por este peligro”, remarca Padilla otro de los problemas de este descabellado plan.