La vivienda por fin ocupa el centro del debate político. En pleno debate por el decreto de la prórroga de los alquileres, la izquierda quiere poner en el foco la política de vivienda del Partido Popular. También en la Comunidad de Madrid, donde Más Madrid quiere retratar a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y su conversión de la región en un paraíso para la especulación, con unos precios cada vez más prohibitivos para los propios ciudadanos.
La formación que dirige Manuela Bergerot en la Asamblea de Madrid pasa a la ofensiva, y ha presentado este martes dos iniciativas para intervenir el mercado de la vivienda, así como para reforzar el parque público de la comunidad. "Mientras las derechas tumban derechos de los inquilinos, proponemos más medidas para solventar la vivienda pública", señalan. Ambas llegan a la Cámara de Vallecas en medio de la presión que ejerce Sumar -coalición nacional de la que forma parte Más Madrid- al PP por su rechazo al decreto de los alquileres, que este mismo martes tumba el Congreso de los Diputados.
La primera proposición no de ley de la formación ponen en el foco a los fondos buitre que mercadean con las viviendas de los madrileños, e insta al Gobierno regional a "adoptar de manera inmediata todas las medidas necesarias para frenar la expansión de los fondos de inversión especulativos y de los grandes tenedores en el mercado residencial". Además pide al Ejecutivo de Ayuso que prohiba "la venta, cesión o transmisión, total o parcial, de vivienda pública, vivienda protegida o suelo público con destino residencial a fondos de inversión, sociedades patrimoniales, fondos buitre o cualquier otra entidad cuyo objeto principal sea la explotación especulativa de activos inmobiliarios".
Del mismo modo, instan a Ayuso a ejercer el derecho de la Comunidad de Madrid a garantizar el "derecho de tanteo y retracto", con el que los inquilinos deben tener preferencia a la hora de comprar la vivienda en la que viven de alquiler si el propietario -en este caso, "grandes tenedores, fondos de inversión o entidades financieras"- decide venderla. Por último, piden crear un registro "público y transparente" de los grandes tenedores en la región, para tener un mayor control de quienes se benefician del negocio de la vivienda.
Los fondos buitre agravan la crisis de vivienda en Madrid
Más Madrid señala la realidad de la vivienda en la comunidad: "Madrid está siendo saqueada. No por casualidad. No por “las leyes del mercado”. Sino por decisiones políticas concretas que han convertido la vivienda en un activo financiero para la especulación y el beneficio de grandes capitales", exponen. Todo viene a raíz de los últimos datos conocidos este lunes, que enfocan la crisis a nivel nacional: "Según FOESSA, el 45 % de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, mientras que la renta de los caseros es un 82 % superior a la de los inquilinos, según un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030", recuerdan.
Y en concreto, en Madrid, la situación es mucho peor que en el resto de España: "Madrid se ha situado entre las comunidades con los precios de alquiler más elevados del país, con una media que supera los 1.350 € mensuales", lamentan. Y señalan a Ayuso por permitir la especulación: "La Comunidad de Madrid ha renunciado de forma sistemática a utilizar las herramientas de las que dispone para proteger el derecho a la vivienda", resaltan, "en cambio, se ha priorizado la seguridad jurídica de los fondos de inversión por encima de la seguridad vital de la ciudadanía".
Ponen el ejemplo del fondo buitre que está a punto de vender miles de viviendas en la Comunidad de Madrid, dejando a sus inquilinos en riesgo de quedarse en la calle: "Un ejemplo claro de esta renuncia a la intervención por parte de la administración autonómica es el caso de Fidere, filial del fondo Blackstone con más de 5.400 viviendas en alquiler en la Comunidad de Madrid, cuya venta está en marcha", alertan.
La otra proposición no de ley que Más Madrid ha registrado en la Cámara de Vallecas pone el foco en la vivienda protegida, y exige a Ayuso que cumpla lo que se contempla en el Plan Estatal de Vivienda aprobado por el Gobierno central, y que la presidenta amenazó con no acatar: "Desarrollar las modificaciones normativas necesarias para establecer que todas las viviendas con protección pública en la Comunidad de Madrid tengan carácter indefinido, quedando prohibida su descalificación en cualquier supuesto", le piden. Le instan también a "suprimir la concesión de incentivos económicos, fiscales o urbanísticos a entidades privadas con ánimo de lucro para la promoción de vivienda protegida", y a "promover fórmulas estables de colaboración con entidades sociales, cooperativas de vivienda, asociaciones vecinales y administraciones locales para la gestión, uso, rehabilitación y ampliación del parque público de vivienda", así como "incrementar la reserva de suelo destinada a la construcción de vivienda con protección pública, garantizando que, al menos, el 30 % de la superficie residencial de los nuevos desarrollos urbanísticos se destine a este fin".
