El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto aprobar el Plan Reside en las próximas semanas. Una iniciativa que regulará los pisos turísticos en la capital. Sin embargo, antes de que fructifique la nueva normativa, Más Madrid ha decidido elevar a la Justicia la proliferación de los alojamientos que operan sin licencia en la ciudad. Según datos municipales, ratificados por el Ministerio de Consumo, ascienden a más de 15.000. Por ello, el grupo liderado por Rita Maestre presentará una denuncia ante la fiscalía provincial de Madrid en la que señala directamente al consistorio de José Luis Martínez-Almeida y a la Agencia de Actividades, según ha informado la Cadena SER.
Más Madrid sostiene que existen carencias en las inspecciones a las viviendas de uso turístico ilegales, aunque el Consistorio es consciente de su existencia por la elevada cantidad de denuncias de la ciudadanía, las evidencias de incumplimiento legislativo y los persistentes requerimientos trasladados por los grupos de la oposición. En este sentido, recuerdan en la denuncia presentada ante la fiscalía provincial que en junio de 2024 la FRAVM denunció que 10.134 de los pisos turísticos desempeñaban su actividad sin las licencias municipales correspondientes y perfectamente identificadas por su ubicación y por los responsables que la regentan. Ante tal querella, precisan desde el Grupo Municipal, la Agencia de Actividades tan sólo inspeccionó 623 de ellas en todo el ejercicio pasado.
Los de Maestre señalan al Consistorio de pasividad ante la proliferación de estas prácticas en Madrid ajenas a la legalidad, recordando el archivo que el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, regentado por el magenta Ernest Urtasun, que incluía la dirección postal de 16.335 alojamientos de uso turístico sospechosos de no tener licencia para que procediera a iniciar el cese de su actividad o estudiar la apertura de expedientes sancionadores. Asimismo, Más Madrid trasladó un requerimiento al alcalde para aplicar el Reglamento Europeo y la Ordenanza de Consumo de la ciudad, que da vía libre a interponer actuaciones contra estos negocios. Sin embargo, el gobierno municipal hizo caso omiso de estas solicitudes.
Base jurídica
Desde el grupo municipal justifican su denuncia con arreglo al artículo 320 del Código Penal, que dispone que “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, se haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigente, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio será castigado con la pena establecida por el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la multa de 12 a 24 meses”.
En virtud de este precepto, la portavoz de Más Madrid en el consistorio reclama una investigación exhaustiva sobre la inacción del equipo de Almeida y exige medidas inmediatas para garantizar que los derechos de los ciudadanos se defienden frente a los intereses de grandes corporaciones u otros operadores económicos. Estima Maestre que la nula actuación del consistorio no responde a un simple acto de pasividad, sino a un “consentimiento deliberado de ilegalidad” porque sabe dónde se encuentran los pisos turísticos sin licencia. Por ello, acusa al primer edil de la corporación de gobernar por y para los fondos buitre, lo cual no puede estar por encima de la ley. “Es el momento de que la Fiscalía actúe”, remata la portavoz del grupo municipal de Más Madrid.
Choque Cibeles-Moncloa
Después de que el Ministerio de Consumo haya cifrado en más de 15.000 las viviendas estacionales que hay en la capital que no cuentan con la licencia pertinente, el alcalde José Luis Martínez-Almeida lo tachó de “deslealtad institucional”. Pero, ¿cuál es el telón de fondo que erige este nuevo choque entre el PP madrileño con el Gobierno central?
El Ministerio de Consumo, cartera en manos de Pablo Bustinduy, detectó 15.204 viviendas de uso turístico que operan de manera irregular en la ciudad de Madrid, lo que está agravando considerablemente la problemática ya vigente y acuciada de acceder a una vivienda asequible, así como la escalada exponencial de sus precios. Con este escenario, el Ministerio pidió al Ayuntamiento retirar los anuncios ilegales y abrir los consiguientes expedientes sancionadores. No obstante, el hecho de que este informe haya visto la luz, ha sido motivo por el que el mandatario de Cibeles ha acusado al Ejecutivo central de “filtración” a los medios de comunicación y “deslealtad institucional”.
Bajo este marco, las razones que aporta la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid despejan cualquier duda al respecto. “La normativa de la Comunidad de Madrid no exige la publicación del número de licencia en los anuncios de viviendas turísticas. Por lo tanto, el Ministerio de Consumo no tiene competencia para exigir su eliminación”, explica el delegado Francisco Martín en declaraciones a ElPlural.com. “Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid sí puede hacerlo, dado que estos anuncios afectan a viviendas que incumplen la normativa urbanística municipal”, añade. Cabe recordar que Almeida, este lunes dijo que frenar la comercialización en plataformas de estos inmuebles vacacionales "es una competencia del Gobierno de España".