El pasado jueves, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, recibía un varapalo judicial respecto del cantón de Montecarmelo, proyecto contra el que los vecinos de la zona llevan peleando desde hace aproximadamente tres años.
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 23 de Madrid daba la razón a la parte damnificada por la infraestructura y ordenaba “la suspensión de la ejecución de la obra con carácter inmediato” hasta que exista sentencia firme o hasta que finalice el procedimiento de otra causa.
Sin embargo, no es el único ejemplo en el que el Consistorio de Madrid se ha topado con los tribunales, viéndose así obligado a paralizar proyectos y desistir de ellos o, en el mejor de los casos, crear una hoja de ruta nueva.
Tasa de basuras
Uno de los ejemplos más recientes, sino el más nuevo, es la tasa de basuras que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbó al haber omitido el equipo de Cibeles parte esencial del informe técnico-económico (ITE). El alcalde anunció que recurriría la sentencia mientras se jugaba la devolución de los 300 millones de euros que había recaudado con la tasa.
Cocheras de Cuatro Caminos
Este mismo año, también en marzo la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo daba carpetazo a un asunto que ya llevaba tiempo pasando por los tribunales: el de las cocheras de Cuatro Caminos.
El Alto Tribunal desestimaba los recursos interpuestos por el Consistorio para intentar salvar el proyecto urbanístico y ratificaba por segunda vez la sentencia emitida por el TSJM, que ya había denegado que esta promoción -que contenían, entre otras cosas, un rascacielos de 100 metros de altura, con 400 pisos que se levantaría sobre las antiguas cocheras de metro- se llevara a cabo
Cesión al Atlético de Madrid
En esta dirección, el tribunal madrileño declaró en diciembre del año pasado la “nulidad” de parte de un plan que el Ayuntamiento había aprobado un par de meses antes, con el voto favorable de Vox, para ceder al Atlético de Madrid 205.000 metros de suelo público durante 75 años.
La resolución llegó después de que un particular presentara un recurso contra el proyecto y el Ayuntamiento elevó un recurso de casación al Tribunal Supremo contra la decisión, que anulaba el Plan Especial Parque Olímpico Sector Oeste, pieza clave en el desarrollo de la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid.
El problema surgió en una de las parcelas que componen el espacio, en la cual se encuentran actualmente las ruinas del centro acuático en que los atletas de los Juegos Olímpicos -cuando Madrid era candidata y, de haber sido sede- iban a hacer pruebas como natación o waterpolo, el equipo rojiblanco había proyectado un hotel y una sala de conciertos que el regidor había aprobado.
Los magistrados consideraron que la modificación urbanística debería haberse abordado mediante una Modificación del Plan General, y no mediante un plan especial, además de que tendría que haberse sometido a una evaluación ambiental estratégica, dado que afectaba a usos asociados de una parcela de equipamiento. El Ayuntamiento defendió en todo momento la legalidad del proyecto.
El alcalde anunciaba el mes pasado la construcción de la Ciudad del Deporte, un complejo multifuncional con auditorio, aulas universitarias e instalaciones deportivas con piscinas interiores y exteriores para devolver la vida al espacio que iba a ser sede del sueño olímpico.
Ordenanza de Movilidad Sostenible (y multas)
No todas las cuestiones que la Justicia ha tumbado al equipo de Almeida están relacionadas con el urbanismo. Se encuentran otros ejemplos en el historial que no tienen que ver con infraestructuras, como la Ordenanza de Movilidad Sostenible que el Consistorio tuvo que rehacer.
En este caso, el Alto Tribunal decidió a mediados de abril de este año no admitir el recurso de casación del Consistorio madrileño contra la sentencia del TSJM que anuló determinados artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid en 2024. Con esta resolución, el auto pasó a ser firme, sin posibilidad de que se presentara recurso alguno.
Lo cierto es que después de la primera decisión judicial, el equipo capitalino ya había iniciado los trámites para modificar la normativa y, de manera particular, subsanar la insuficiencia del informe de impacto económico al que apuntaba la sentencia del organismo de Madrid. Así, en marzo el Consistorio dio luz verde al texto definitivo que modifica la Ordenanza.
Relacionado con ello, el Ayuntamiento de Madrid dijo que no iba a devolver las multas puestas por acceder a la Zona de Bajas Emisiones durante el periodo que estuvo vigente la anterior ordenanza de movilidad alegando que no tenían carácter retroactivo según la jurisprudencia.
Placa de Largo Caballero
El Gobierno de Almeida también ha tenido que recular en materia de Memoria Histórica, y es que el Ayuntamiento madrileño se vio obligado a reponer una placa en homenaje al expresidente Largo Caballero en el lugar en el que nació; situándose la insignia en una plaza de Chamberí.
La placa había sido retirada cinco años antes por orden del equipo de Cibeles, que aseguró que lo hacía en virtud de la ley de memoria histórica que se hacía en aquella época, después de una polémica aprobación en un pleno para retirar estos homenajes y las calles al citado político socialista e Indalecio Prieto, con los votos favorables de PP, Vox y Ciudadanos.
Espacio Delicias
En estos años se puede encontrar más casos en los que ha intervenido la Justicia en relación con un plan del Ayuntamiento de Madrid. Algo más concreto se encuentra, por ejemplo, la polémica con el Espacio Delicias en Madrid, cuya licencia anuló el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 9 de Madrid en enero de 2025 tras un recurso de Ecologistas en acción.
El espacio llevaba cuatro años operando con un permiso temporal y el Ayuntamiento se llevó algún que otro tirón de orejas por el ruido del espacio, por ejemplo del Defensor del Pueblo. “La excepción no puede convertirse en la regla general”, consideró en relación a un asunto que “vulneraba los derechos de los vecinos”.
Residencia en Avenida del Mediterráneo
En términos de privatización, el TSJM anulaba a finales de 2024 un plan que, seguramente, muchos han olvidado y que consistía en levantar una residencia privada en Retiro sobre una parcela con edificabilidad agotada.
El centro se iba a ubicar al inicio de la Avenida del Mediterráneo y a disponer de nueve plantas y tres sótanos de aparcamiento. En total, 4.032 metros cuadrados aprobados sobre la finca conocida como Los Chopos, impulsada por una cadena geriátrica que gestiona otro centros de mayores y que aquí iba a abrir uno llamado Caser Residencial Retiro.
El PSOE esgrimió cuatro razones en su demanda, de las cuales el juzgado estimó tres. Admitió que el plan otorgó a la parcela una edificabilidad superior a la permitida por el Plan General de Ordenación Urbana o que se omitieron los requisitos de evaluación ambiental estratégica y las cesiones obligatorias derivadas del incremento de edificabilidad.
Además de todo ello, han sido objeto de investigación en los últimos años las polémicas oposiciones a la Policía Municipal que denunció ElPlural.com. Asimismo, los vecinos han puesto pie en pared contra asuntos como la Ordenanza de Terrazas, mientras que en el aspecto estrictamente político, la Justicia declaró ilegal en 2022 (y ratificó en 2023) la formación de un Grupo Mixto en el Ayuntamiento compuesto por los concejales escindidos de Más Madrid.
Antonio Girlado, portavoz de Urbanismo del PSOE-M, expresa en declaraciones a ElPlural.com que el Ayuntamiento de Madrid busca ir a veces “más allá” y “apretar” lo máximo posible. “Siempre dicen que son efectos formales (…) Y una vez puede pasar, pero constantemente… Anteponen sus intereses personales”.
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