La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue anclada en el centro del debate político, mediático y social, especialmente después de un mes de agosto en el que la compra de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid y su posterior puesta a la venta ha copado buena parte de la actualidad. Sin embargo, la crisis del ático que ha golpeado con dureza a la lideresa regional y a su Ejecutivo es tan solo un frente abierto entre otros muchos en torno a la presidenta autonómica.
El pasado 29 de julio se conocía que el Gobierno regional había comprado en abril un piso de 485 metros cuadrados en Chamberí por 6,3 millones de euros para que la presidenta madrileña pudiera tener allí su oficina mientras duran las obras que se están ejecutando en la sede del Ejecutivo autonómico, la Real Casa de Correos. La adquisición de este inmueble, que cuenta también con casi 200 metros cuadrados de terraza, despertó un aluvión de críticas y exigencias de explicaciones por parte de los grupos de la oposición y llevó a que el Gobierno regional anunciara -apenas una semana después de conocerse la compra- su puesta en venta. A través de la empresa pública Planifica Madrid, el inmueble se puso en venta por 6,7 millones de euros y desde el Ejecutivo de Ayuso defendieron que lo que recaudaran de este piso y de otros cuatro inmuebles situados en la Gran Vía iría destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales que han calcinado este verano a la Sierra Oeste de Madrid.
Sin embargo, estos dos movimientos que estrecharon el cerco sobre la lideresa regional, coincidieron en el tiempo con la puesta en venta del piso y el ático que la presidenta regional disfrutaba con su pareja, Alberto González Amador. También a finales de julio se conocía que el empresario -procesado por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental- ponía a la venta el sexto piso en el que vivía con Ayuso y que adquirió en 2022 por 850.000 euros. Ahora, la pareja de la lideresa regional lo ha puesto a la venta por 1.790.000 euros y consta de 211 metros cuadrados, con cuatro habitaciones, tres baños y una terraza de 10 metros. Asimismo, poco después se conocía que el empresario vendía también el ático que se ubica encima de ese piso. En este caso, lo hace por un valor de 1,6 millones de euros, es decir, los dos inmuebles puestos a la venta suman un total de 3,3 millones de euros.
Esta sucesión de movimientos inmobiliarios terminaron con uno último por parte de la lideresa. Cuando el foco recaía sobre su figura y la ausencia de inmueble -con la puesta en venta del ático comprado por la Comunidad de Madrid y del piso y ático de González Amador-, el pasado 19 de agosto ElPlural.com avanzaba en exclusiva que la presidenta regional trasladaba su vivienda a otro piso acomodado en Puerta de Hierro, una de las zonas más privilegiadas de la capital. Este inmueble consta de más de 110 metros cuadrados y pertenece a una urbanización de cuatro edificios con piscina y garaje.
González Amador, rodeado por la lupa de la Justicia
Sin embargo, todos estos cambios en los inmuebles donde, hasta ahora, residía la presidenta de la Comunidad de Madrid no han sido los únicos que han puesto bajo la lupa del escrutinio político y judicial a la lideresa.
Con mayor anterioridad en el tiempo, el pasado 7 de noviembre de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid confirmaba el procesamiento de González Amador por la presunta comisión de dos delitos fiscales con otro de falsedad documental en la causa por presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021. Así, en el auto, los magistrados de la Audiencia Provincial desestimaban el recurso de apelación presentado por el empresario contra el auto de procesamiento dictado en mayo del año pasado por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.
"En base a lo expuesto, denegada la práctica de las diligencias de investigación interesadas por la parte recurrente, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de Procedimiento Abreviado con la consiguiente confirmación de dicha resolución al haber concluido la fase de instrucción", sostenía el auto.
Este procesamiento llegaba, además, después de que en septiembre la jueza instructora acordará la apertura de juicio oral para González Amador. Por su parte, el fiscal y el abogado de Estado solicitaron tres años y nueve meses de cárcel para la pareja de Ayuso por dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental.
A razón de todo ello, este mes de agosto, se conocía, según publicaba El Constitucional, que fuentes del PP de Madrid habrían instado a la lideresa regional a distanciarse de su pareja ante el avance de las causas judiciales que le afectan. Según apuntaban estas fuentes, lo que se pretendía era que Ayuso fuera desvinculándose progresivamente de González Amador ante la posibilidad de que alguna de las causas que le afectan avance hasta la celebración de un juicio oral.
De México y el posible delito de cohecho a las residencias
En otro orden de cosas, y cerca de cumplirse cuatro meses desde que la lideresa regional protagonizó el polémico viaje a México, sigue sin saberse quién pagó este viaje a la presidenta autonómica. De hecho, Ayuso únicamente ha registrado en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid un gasto de 623,28 euros por la reserva de la sala de autoridades de la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas. No obstante, el hecho de que tres altos cargos de la Consejería de Cultura declararan 14.847,78 euros por este viaje evidencia que el Gobierno regional no pagó el viaje de Ayuso.
Por este motivo, recientemente el abogado Javier Flores encendía las alarmas al considerar que la presidenta autonómica podría incurrir en un posible delito de cohecho en caso de que una tercera persona -física o jurídica- hubiera pagado los gastos del viaje de la presidenta a México. Este delito, recogido en el artículo 422 del Código Penal, reza: “La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años”.
Un viaje que, además de poner a la lideresa autonómica sobre la sombra de un posible delito, ha reflejado la negativa de Ayuso y de su Gobierno a dar explicaciones. En esta línea, el pasado mes de mayo, poco después de realizarse este viaje, el PP de Madrid tumbaba en la Asamblea hasta 10 preguntas del PSOE sobre este viaje. Por su parte, desde Más Madrid exigieron ahondar en los detalles de este desplazamiento. La portavoz de la formación en la Cámara regional, Manuela Bergerot, exigió a Ayuso que se disculpe "por haber hecho el ridículo y haber hecho pasar vergüenza ajena a los madrileños en México".
No obstante, con la incógnita aún sobre la mesa sobre quién costeó el viaje de la presidenta a México, el escándalo de las residencias que parte de los llamados ‘protocolos de la vergüenza’ volvía a tocar techo hace escasos días. Con el foco de la lideresa puesto sobre Ceuta y la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez está llevando a cabo, las residencias de la Comunidad de Madrid viven una realidad paralela que el Gobierno de Ayuso parece ignorar.
Según ha detallado la epidemióloga experta en envejecimiento María Zunzunegui, en estos centros se dan “continuamente” brotes de sarna “y además en aumento desde hace varios años”. “Por supuesto que hay que ocuparse de los casos de sarna en Ceuta, pero, ¿por qué no se han ocupado durante estos años de la sarna en las residencias de la Comunidad de Madrid?”, sostiene esta experta, a la vez que recrimina: “La sarna está aquí, se concentra en los centros de personas mayores y nadie hace caso”.
Una omisión de la necesidad y los problemas que enfrentan las residencias de la Comunidad de Madrid que viene de largo. El pasado julio la Audiencia de Madrid unificaba las dos investigaciones del ‘caso residencias’ en una al considerar que ambos juzgados -el Juzgado número 5 de Móstoles y el número 3 de Madrid- investigan hechos conexos relacionados con la presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a personas mayores durante la pandemia.
Esta resolución de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid sostiene que la acumulación de las investigaciones permitirá "evitar resoluciones contradictorias y garantizar una adecuada administración de Justicia”. De esta forma, la Audiencia considera así que la remisión de las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid "permitirá la investigación unificada de los hechos y la determinación conjunta de las eventuales responsabilidades penales de las personas investigadas, evitando duplicidad de actuaciones y posibles resoluciones contradictorias".
‘Los Pocholos’ y la ley de universidades
No suficiente con todo ello, el pasado mes de febrero una crisis entre la consejería de Educación y la presidenta regional volvía a situar a Ayuso en el centro del debate y la discordia. El fulminante cese del consejero de Educación, Emilio Viciana, provocaba una cascada de salidas entre críticas a la ley de universidades.
Tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid dejaban su escaño en la Cámara regional abriendo una brecha en el Ejecutivo regional tras la salida de Viciana. En el Grupo Parlamentario las dimisiones fueron las del portavoz del PP en Educación, Pablo Posse; la de Juventud, Carlota Pasarón, y la de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín. Unas renuncias que llegaban el mismo día en que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicaba el cese de Viciana y el nombramiento de la que era viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo.
Estos tres diputados forman parte de 'Los Pocholos', un grupo diputados del entorno de Antonio del Castillo Algarra, uno de los tres directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y figura cercana al hasta ahora consejero de Educación. De hecho, Del Castillo respondía en redes a varios artículos que recogían el cese de Viciana remarcando que el exconsejero "y sus colaboradores han dimitido por coherencia" al tiempo que defendía que la "gestión ha sido la mejor y más profunda en lustros".
Precisamente este grupo de diputados fue lo que le sirvió a la oposición para elevar todavía más el tono de las críticas. Así, el PSOE reprochó a Ayuso que "una pandilla de niños pijos" abocara "al abismo" a las seis universidades públicas de la región durante el tiempo en el que el ya exconsejero estaba al frente de Educación, Ciencia y Universidades. "La política educativa de la Comunidad de Madrid ha estado guiada por 'Los Pocholos' , una pandilla de niños pijos dirigida por un pseudo-Rasputín", espetó la portavoz del PSOE, Mar Espinar.
Asimismo, la portavoz de los socialistas reprochó que tras esta etapa Ayuso "para arreglarlo" nombrara como relevo de Viciana a Mercedes Zarzalejo, una "consejera todavía más sectaria que la anterior" para "así tratar de amordazar a las universidades públicas". "Todo lo que le molesta intenta callarlo. Lo hace con las universidades públicas, lo hemos visto con la concejala del PP en Móstoles que ha denunciado un caso de abuso sexual y acoso laboral por parte del alcalde y lo estamos viendo en Alcalá de Henares con el jefe de policía que pese a estar investigado por un presunto caso de maltrato", zanjó Espinar.
El ‘caso FP’, la “línea roja” para el ‘Clan Ayuso’
A razón de esta crisis abierta en el seno del Gobierno autonómico, el ‘caso FP’ volvía a colocarse sobre la mesa. Desde Más Madrid elevaron las críticas contra Ayuso, a quien acusaron de haber cesado a Viciana porque fue él quien llevó a la Justicia este caso. "Viciana se atrevió a señalar la corrupción del PP y esa es la línea roja que existe para el Clan Ayuso", sostuvo entonces Bergerot.
Este caso trata la investigación en la Justicia por presunto fraccionamiento ilegal de contratos en las obras de centros de Formación Profesional. En esta línea, el Ejecutivo madrileño en marzo de 2024 envió un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigara las presuntas irregularidades. Además, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid pidió personarse como acusación particular. "Viciana ha sido cesado por su incapacidad para enfrentar la Ley de Universidades, pero también por denunciar el Caso FP, una red de corrupción político empresarial para adjudicar contratos de obras a empresarios amigos saltándose las leyes de contratación", aseguró entonces la portavoz de Más Madrid en la Asamblea.
Un escándalo que escalaba un paso más en el mes de julio cuando los directores de los centros educativos declararon como testigos y confirmaron que los contratos a dedo se utilizaron en varios centros. Todo ello en el marco de una causa que trata de esclarecer de quién es la responsabilidad de que se acometieran estos pagos de carácter irregular, si de los cargos de la Comunidad de Madrid o de los directores de los centros, aunque las auditorías que la administración envió al juzgado tras la petición de la Fiscalía coinciden en una persona: Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid.
Con todo ello, la crisis que ahora sacude a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio sirve a la presidenta autonómica para redoblar sus críticas al Gobierno central. Una estrategia que, sin embargo, queda lejos de tapar los numerosos escándalos que han rodeado y rodean a la dirigente y sobre los que la Justicia todavía tiene camino por recorrer.
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