Maricarmen (87 años) enfrenta su cuatro intento de desahucio a manos de un fondo buitre

El número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda lleva siendo el hogar de Maricarmen desde hace más de 70 años. Un piso del barrio madrileño de Retiro en el que murieron sus padres, que lo alquilaban desde 1956, y cuyas cuatro paredes contienen la historia familiar de varias generaciones. Desde hace un año, el fondo buitre Urbagestión Desarrollo e Inversión SL intenta desahuciar a la anciana, que sufre un 50% de discapacidad, con el visto bueno del Tribunal Supremo. El próximo miércoles 23 de septiembre, a las 7:30 horas, está fijado el cuarto intento.

La autoridad judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo mandato del Alto Tribunal, volverán a personarse en la puerta de Maricarmen con la intención, esta vez sí, de dejarla en la calle a sus casi 90 años. Los anteriores intentos han conseguido ser frenados por la resistencia vecinal, que no ha cedido antes los diferentes aplazamientos, pero de nada ha servido que el caso se haya mediatizado y que hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) haya pedido su paralización.

Ninguna institución ha dado una solución a la octogenaria y el Sindicato de Inquilinas volverá a ser la única barrera de contención para evitar que los organismos públicos den cumplimiento a los intereses de un fondo buitre. “Las distintas administraciones públicas siguen sin ofrecer una alternativa habitacional acorde a sus necesidades. Ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno del Estado han dado una respuesta que permita poner fin de manera definitiva a una situación que se prolonga desde hace años”, denuncian desde el sindicato.

Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, propietarios del fondo que adquirió la vivienda a un precio por debajo de mercado e impusieron una subida del alquiler a Maricarmen del 275%, serán los únicos beneficiados. “Nos han dicho que esperemos, que las administraciones están trabajando, que llegarán nuevas políticas de vivienda”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas las promesas vacías emitidas desde las distintas administraciones. “Maricarmen no necesita más anuncios: necesita una solución que le permita seguir viviendo en su barrio”, espetan.

“El caso de Maricarmen evidencia”, según trasladan desde organización, “el fracaso de las instituciones para garantizar el derecho a la vivienda cuando esta entra en conflicto con los intereses económicos de los propietarios”. Es más, las inquilinas ponen el foco en el decreto de Vivienda que decayó, en el que se incluía la suspensión de desahucios en casos de vulnerabilidad, y cargan contra la distancia existente entre los anuncios de las administraciones y la realidad que afrontan diariamente los vecinos casi la totalidad de barrios españoles.

Gran movilización para frenar el desahucio

La situación es dramática para Maricarmen y conforme avanzan los intentos es más complejo frenar el desalojo. No obstante, los militantes del movimiento de vivienda harán todo lo posible para auxiliar a su vecina. Para ello, el día previo al desahucio, el martes 22 de septiembre, han convocado un acto al que acudirán distintas personalidades públicas, tras el que acamparán en la zona para pasar la noche y estar prevenidos cuando llegue la Policía Nacional. Una acción a la que llaman a participar a organizaciones y vecinos.

“Después de tres intentos de desahucio, la organización considera que el 23 de septiembre no puede ser simplemente otra fecha en el calendario judicial”, trasladan desde el Sindicato de Inquilinas. “Maricarmen lleva años resistiendo. No vamos a permitir que la solución al problema sea echarla de su casa y que las instituciones miren hacia otro lado. Si después de cuatro intentos seguimos sin una alternativa habitacional, lo que ha fracasado no es Maricarmen: han fracasado las instituciones”, zanjan.

Áticos de lujo frente a casas vacías

Un contraste que desde el movimiento consideran aún más obsceno en un momento en el que se debate en Madrid sobre “el ático de Chamberí vinculado a Isabel Díaz Ayuso”. “Más de 400 metros cuadrados y 6 millones de euros invertidos. Mientras las instituciones encuentran fórmulas y recursos para aumentar el patrimonio de personas con poder, una vecina de 87 años lleva años luchando para no quedarse en la calle”, lamentan.

“El contraste es evidente y obliga a preguntarnos cuáles son las prioridades de quienes gobiernan”, apuntan desde el Sindicato de Inquilinas. “El problema de la vivienda”, añaden, “no es que no existan recursos o viviendas, sino quién tiene acceso a ellas y qué intereses se priorizan a la hora de utilizarlos”.