No fue bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Con Ignacio González al frente, la Comunidad de Madrid vendió el edificio público de Vía Lusitana 21, en Carabanchel, por 16,7 millones de euros. La operación permitió al Ejecutivo regional obtener liquidez de manera inmediata. La Administración, sin embargo, permaneció en el inmueble en régimen de alquiler para seguir utilizando sus dependencias. Doce años después, el gasto acumulado por dicho arrendamiento se acerca a los 26 millones de euros; es decir, más de nueve millones por encima de lo ingresado por la venta.
La operación se formalizó el 7 de mayo de 2014. ARPROMA, empresa pública de la Comunidad de Madrid, vendió el inmueble a la Cámara de Comercio de la región por un montante total de 16.697.835,73 euros, según figura en la documentación oficial de ventas escrituradas de patrimonio autonómico. La Administración continuó utilizando el edificio para dependencias de la entonces Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, pero esta vez en régimen de alquiler. Una factura que terminó superando el precio de venta antes de llegar a la década de la misma. En 2022, la Comunidad de Madrid ya desembolsó cerca de los 17,5 millones de euros, unos 774.000 euros más de lo que obtuvo con la operación. Cuatro años después, según la información de El País, el acumulado supera los 26 millones.
Vender para seguir de alquiler
Vía Lusitana formó parte de una estrategia más amplia de venta de patrimonio con alquiler posterior. La fórmula, conocida como sell and lease back, permite convertir un inmueble en liquidez sin abandonar inmediatamente su uso, a cambio de asumir después el coste del arrendamiento. En ese mismo ejercicio, ARPROMA vendió también a la Cámara de Comercio otro edificio en Embajadores por 17,96 millones de euros.
En el caso de Vía Lusitana, el coste acumulado terminó rebasando el ingreso inicial. La operación, planteada en plena crisis económica bajo el Gobierno de Ignacio González, resolvió una necesidad de liquidez a corto plazo, pero dejó una factura creciente durante los años siguientes. Más de una década después, la Comunidad ha empezado este año a abandonar definitivamente el inmueble. El Portal de Contratación regional recoge un expediente para retirar el mobiliario de Vía Lusitana 21 y trasladarlo a la sede de Ramírez de Prado, 5 bis. El contrato tenía un presupuesto base de licitación de 143.775,79 euros, aunque fue finalmente adjudicado por 94.892,02 euros, impuestos incluidos.
De edificio administrativo a 162 viviendas privadas
El inmueble cambiará ahora por completo de uso. Dazia Capital y BGO han adquirido la propiedad para desarrollar una promoción de 162 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, distribuidas en nueve plantas y con una superficie construida de 14.460 metros cuadrados. El proyecto incluirá más de 200 metros cuadrados de jardines, piscina exterior, pista de pádel, gimnasio, zona de bienestar y una terraza comunitaria de 170 metros cuadrados. Todas las viviendas contarán además con terraza, plaza de garaje y trastero. Dazia Capital gestionará el desarrollo a través de Darya Homes dentro de la alianza creada con BGO para invertir hasta 500 millones de euros en proyectos residenciales en España.
Las compañías no han publicado todavía los precios de las viviendas ni la fecha definitiva de comercialización. Aunque algunas informaciones han definido la futura promoción como residencial de lujo, los promotores no utilizan esa denominación y se limitan a detallar los servicios y equipamientos previstos. La operación cierra así un recorrido de doce años. La Comunidad vendió el edificio, continuó utilizándolo como arrendataria y ahora abandona definitivamente unas instalaciones que pasarán a formar parte de una promoción residencial privada.
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