La Justicia ha asestado un revés al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en plena jornada de huelga general. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado suspender de urgencia los servicios mínimos impuestos por la Comunidad de Madrid en la Administración de Justicia, Educación y Transportes, con la excepción de Metro de Madrid, después del recurso presentado por Comisiones Obreras (CCOO). El tribunal ha ordenado sustituir las dotaciones establecidas por el Ejecutivo regional por las que se aplicaron durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012, una decisión que supone una importante victoria judicial para el sindicato y un freno a las restricciones que denunciaba sobre el ejercicio del derecho de huelga.
La resolución, adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM mediante medidas cautelarísimas, llegaba antes del inicio de la jornada de paro. El auto, dictado el 10 de noviembre a raíz del recurso interpuesto por CCOO Madrid a través de sus servicios jurídicos, estimó parcialmente las medidas solicitadas por la organización y exigió a la Administración el "inmediato cumplimiento" de lo acordado.
El alcance de la decisión es especialmente relevante por los tres ámbitos afectados. En Justicia, Educación y los transportes incluidos en la resolución deberán aplicarse los servicios mínimos que rigieron en 2012, en lugar de las dotaciones fijadas por el Ejecutivo de Ayuso para esta convocatoria. Metro de Madrid queda expresamente excluido, por lo que sus servicios mínimos no se ven alterados por este auto.
El tribunal justifica la intervención urgente por la necesidad de evitar que una eventual resolución favorable a los trabajadores llegue demasiado tarde. Según recoge CCOO en su comunicado, la Sala considera que, si no se adoptaban medidas en ese momento, una sentencia estimatoria posterior sería de "imposible ejecución en sus propios términos". El razonamiento responde a que el derecho de huelga se ejerce en una jornada concreta y, una vez transcurrida, no sería posible reparar plenamente las consecuencias de las restricciones impuestas a los trabajadores. Por ello, el TSJM intervino mediante un procedimiento de especial urgencia y sin audiencia previa de la Administración, según explica el sindicato.
El pronunciamiento judicial también entra a valorar las diferencias entre los servicios mínimos establecidos para esta huelga y los que se aplicaron en 2012. Según el comunicado sindical, el TSJM aprecia "incrementos sensibles" en los tres ámbitos afectados. En el caso de la Administración de Justicia, advierte de que las dotaciones fijadas podían llegar a "vaciar de contenido" el derecho de huelga. En Educación, considera que debe favorecerse su ejercicio y reducir las dotaciones hasta el nivel de 2012. En Transportes, por su parte, observa un incremento manifiesto que también podría producir ese vaciamiento.
Entre los argumentos recogidos en el auto figura una consideración especialmente significativa: "Garantizar un servicio esencial no equivale a mantener su rendimiento habitual". El tribunal recuerda así que la obligación de asegurar determinadas prestaciones durante una huelga no puede confundirse con mantener el funcionamiento ordinario de los servicios públicos. También establece una diferencia entre derechos que se desarrollan a lo largo del tiempo, como la educación, y el derecho de huelga, cuyo ejercicio se concentra en la jornada para la que ha sido convocado.
La decisión supone un respaldo a la denuncia que CCOO venía manteniendo contra los servicios mínimos fijados por el Gobierno autonómico. El sindicato había recurrido las dotaciones al considerar que las medidas establecidas por la Comunidad restringían excesivamente la participación de los trabajadores en la convocatoria. Tras conocer el auto, la organización ha celebrado lo que considera una "victoria judicial" de especial relevancia en defensa del derecho de huelga. También ha destacado que recuperar la referencia de los mínimos aplicados en 2012 "refuerza el valor de la negociación frente a la imposición unilateral del Gobierno regional".
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CCOO ha subrayado que la resolución llega a tiempo para que sus efectos puedan aplicarse durante la propia convocatoria. Según la información recibida por el sindicato, la Consejería de Educación ya había comunicado a los centros la adaptación de las dotaciones al régimen de 2012. En la Administración de Justicia, la Dirección General de Recursos Humanos también trasladó a los trabajadores que los servicios mínimos quedaban sustituidos por los previstos para la huelga general de aquel año. La comunicación oficial distribuida por la Dirección General confirmó que quedaban sin efecto las designaciones que excedieran de los supuestos contemplados en esos mínimos.
La organización ha reclamado el cumplimiento inmediato del auto en todos los ámbitos afectados y ha aprovechado el pronunciamiento para insistir en que la garantía de los servicios esenciales debe ser compatible con el ejercicio del derecho fundamental de huelga. "Los servicios mínimos no pueden convertirse en un instrumento para neutralizar la movilización", ha advertido CCOO, que también ha llamado a los trabajadores a secundar la convocatoria de este 11 de noviembre.
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