Julio Martínez Martínez, empresario señalado por el juez instructor del 'Caso Plus Ultra' y al que la derecha hace referencia para atacar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo como clientes a administraciones controladas por el Partido Popular, según reflejaba un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) del que se hicieron eco algunos medios de comunicación la semana pasada.
En las últimas horas, la diputada de Más Madrid Marta Lozano hacía público en sus redes sociales que una de las empresas de Martínez, Mérida Capital S.L.U, habría resultado beneficiaria de un contrato menor que, sumado a otros de la misma naturaleza hacían un montante de alrededor de 150.000 euros.
🔴 La empresa de Julito se llevó un contrato menor para la reforma de la OE Rivas por unos euros menos del límite legal.
— Marta Lozano (@MartaLSabroso) June 2, 2026
Una reforma unos 150 mil € para la que se hicieron 7 contratos en apenas 1 año, todos al borde del límite legal para su tipología.
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La cuestión no es tanto que la región que lidera Isabel Díaz Ayuso contratara a una de las firmas de Martínez, sino la manera en la que lo hizo. En este caso concreto, junto a otras cinco empresas sumaron un total de siete contratos en apenas un año. El objetivo de los mismos fue la reforma de la Oficina de Empleo (OE) de Rivas Vaciamadrid.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con la diputada del partido que en la Asamblea de Madrid capitanea Manuela Bergerot, al tratarse de la persona que lleva días investigando los acuerdos de la administración de la Puerta del Sol con las compañías del empresario mencionado. Además, Lozano se mueve desde hace muchos meses, sino años, para arrojar luz y taquígrafos a la contratación del equipo del PP en la región.
En declaraciones a este periódico, refrenda que en los hechos que aquí se recogen “todo apunta a un fraccionamiento de contratos claro”. “Es una obra relativamente sencilla y se han hecho nada menos que siete contratos menores en un año (…)”.
Con el caso FP en la memoria
La parlamentaria destaca que este modus operandi se corresponde con una práctica que desde la oposición llevan tiempo denunciando en distintos frentes. Y aquí se detiene en el que fue bautizado como ‘Caso FP’, que sacudió a la Autonomía conduciendo a una investigación sobre presuntas irregularidades en obras de construcción y reformas de centros públicos de Formación Profesional llevadas a cabo entre 2021 y 2023.
“Todo apunta en la misma dirección”, asevera, refiriéndose a la consejería que aparece como contratante, esta vez nuevamente la de Economía, y a la figura de su consejera, Rocío Albert. “En su momento estuvo relacionada con aquel fraccionamiento de contratos al ser la responsable de ese departamento en la legislatura anterior”, recuerda.
La semana pasada, Más Madrid pedía a la Cámara de Cuentas la fiscalización de los acuerdos que la Comunidad había cerrado con las empresas de Julio Martínez. Hasta ese momento, había constancia de que habían llegado a buen puerto contratos con el Boletín Oficial de la Autonomía (BOCM) y con Madrid Digital, además de con la Consejería de Economía, tal y como denunciaba el partido de la izquierda alternativa.
La manera de actuar era la misma, con cantidades al filo de la legalidad con Mérida Capital, y también con otra compañía del empresario, Matriz Sostenible. “Ahora vemos que una empresa de Julio está (otra vez) ahí, pero hay más empresas. Habría que ver si guardan alguna relación”, detalla. “Han hecho cada cosa por un sitio… Es un fraccionamiento de contratos “, refrenda.
Acuerdos con las administraciones de Madrid y Andalucía
La cantidad total de los contratos analizados en última instancia se queda en 153.000 euros; de los cuales 48.369 euros pertenecen a Mérida S.L.U. Dicha cantidad habría que añadirla a la de los anteriores acuerdos que han quedado al descubierto por parte de la misma consejería y cuyas cifras fueron de 14.779,86, 48.383,42 euros y 8.369,60 euros, respectivamente.
Por su parte, Madrid Digital abonó en 2023 un total de 96.753.02 euros y, 32.436 en 2024, reflejando de este modo 129.189,68, según las primeras informaciones que aportaron los diarios Público y la Cadena Ser basándose en el informe que se cita al principio de este artículo. En el mismo documento aparece el BOCM como cliente con un abono de 50.106,48 euros realizado en 2023.
La Comunidad de Madrid no fue la única que alcanzó acuerdos con el empresario, sino que el Ejecutivo de Andalucía, con Juanma Moreno Bonilla al frente, hizo lo propio entre 2020 y 2024. Las cantidades quedaron desglosadas de la manera que se muestra a continuación.
El Gobierno andaluz dio 7.334, 46 euros en 2020; 12,893,08 en 2021; 13.363,05 euros, en 2022; 13.964,45 euros en 2023; y 14.752,08 euros en 2024. Esto hace una suma total de 62.307,12 euros desde esta otra administración ‘popular’.
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