El Consejo de Estado, en dos informes emitidos en marzo, señala algunos aspectos de las dos reformas de las leyes LGTBI impulsadas por el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso y que el PP regional tendrá que modificar diez meses después de haberlas aprobado el pasado mes de diciembre. Y es que el Tribunal Constitucional (TC) ya suspendió en julio parte de estas normativas: Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación -conocida como Ley Trans- y la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia.
La postura adoptada por el Consejo de Estado advierte que los artículos apuntados bajo lupa “contravienen la legislación estatal”, según recoge a su vez este miércoles El País, al tiempo, y como ejemplo de concreción lo relativo a la reforma de la ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación del colectivo LGTBI, “carecen de competencia”.
Moncloa entró a valorar el contenido y la forma de dichas normativas madrileñas y cumplió con el trámite preceptivo de pedir los dictámenes al Consejo de Estado. Con respecto a la Ley Trans autonómica, el órgano consultivo valoró que no se puede impedir que se considere como discriminatorio las evaluaciones psicológicas para los menores que quieran acometer su transición. Al incluir una presunción de legalidad en el asesoramiento terapéutico, se impide “la normal aplicación de las normas en materia de infracciones o sanciones” introducidas en la Ley 4/2023.
Asimismo, el Consejo de Estado no ve con buenos ojos que la Comunidad de Madrid tenga la potestad de impedir a asociaciones representativas del colectivo trans personarse como interesados en procesos penales y administrativos, reiterando que en las competencias autonómicas no se pueden incluir “especialidades procesales” de ningún calibre al “contradecir la legislación estatal”.
Con estos aspectos, cabe remarcar que el órgano consultivo no avaló recurrir todos los artículos de estas leyes que el Gobierno central sí que veía impugnables., en concreto, se trata de los apartados 11 y 22.bis del artículo único de la Ley 17/2023 Trans de Madrid. Distinto escenario es el que se presenta en los apartados 12 -que recoge el apoyo de profesionales a la hora de hacer una transición en la adolescencia-, además del 15 o 17, que podrían someterse a interpretación.
En segundo lugar, en cuanto a la segunda normativa madrileña, la Ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI, se descarta que Madrid pueda impedir, de nuevo, que entidades o asociaciones representativas de estos colectivos se puedan personas en procesos penales o administrativos, al no entrar dentro de las competencias del legislador autonómico.
Cronología del impulso de las leyes LGTBI de Ayuso
Todo se remonta a diciembre de 2023, cuando el PP de Díaz Ayuso aprobó en la Asamblea regional las dos reformas de ley; un escenario que declinó en protestas de los partidos de izquierdas y la consiguiente oposición de los colectivos LGTBI.
A su vez, desde Moncloa, y en palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el pasado mes de julio, dichas modificaciones serían “regresivas” ya que “limitan y vulneran los derechos reconocidos” en la normativa estatal en la misma materia: “No puede haber diferencias entre personas trans en Madrid con el resto de España. Esta ley es un recorte a los derechos de la ley estatal", expresó entonces.
A efectos prácticos, la normativa de Ayuso recoge la necesidad de presentar un informe psiquiátrico previo para el menor de edad, además del protocolo de atención educativa relativo a las actividades segregadas por sexo, como vestuarios o servicios para menores trans. Según vino defendiendo entonces el PP madrileño, estos cambios suponen “mejoras técnicas y de redacción de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Estado” que, según defendieron, aportan “mayor claridad y seguridad jurídica”.
Por estos motivos, el PP teme que la causa que se está llevando a trámite aún en el TC se expanda por completo a ambas normativas autonómicas, ya que sólo se encuentran impugnados los dos recursos presentados por el Gobierno de Sánchez.
Por su parte, el Ejecutivo madrileño acusó al Gobierno central de “mentir” cuando impulsó sus respectivos recursos al Constitucional, los cuales el PP tiene previsto modificar en la Asamblea regional, los cuales estarían afianzados por su respectiva mayoría parlamentaria. De esta manera, se modificará el apartado 3 del artículo 13 de la Ley Trans para “limitar el asesoramiento psicológico y la evaluación psiquiátrica” de estos menores; así como, en otro apartado, el cese de la obligatoriedad de que los niños trans puedan empezar a transicionar con apoyo de profesionales de la salud.
Con este telón de fondo, los populares de Díaz Ayuso solicitan que dichas modificaciones se realicen parlamentariamente por lectura única, lo que descarta el debate entre los distintos grupos.