“Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también falleció, porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona está gravemente enferma con el Covid-19, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio”.

Estas palabras de Isabel Díaz Ayuso, reducidas al “se iban a morir igual”, persiguen a la presidenta de la Comunidad de Madrid desde que las pronunciara allá por el mes de febrero para justificar el veto de su gobierno a trasladar a mayores de residencias a hospitales durante los primeros días del Covid.

“Se debería haber trasladado al paciente salvo que otro criterio que no consta lo desaconsejara”

Las desmienten al equipo de Gobierno: informes policiales, historiales clínicos a los que ha podido acceder ElPlural.com y que muestran cómo los conocidos como protocolos de la vergüenza se aplicaron antes de su firma o informes forenses son algunos de los documentos -además de las declaraciones de expertos- que reflejan que muchos fallecimientos se podrían haber evitado. A uno de esos textos forenses ha tenido acceso también este periódico, quien emite las líneas del mismo, previo permiso del entorno del paciente al que hace referencia.

“Con esta saturación -se refiere al oxígeno, en más de un 80%- procedía a la solicitud de traslado, y salvo otro criterio que lo desaconsejase, se debería haber trasladado al paciente. No se hizo. (…) A la vista del estado -del paciente- del 14 de marzo procedería haberse solicitado, quizás se hiciera, y salvo que otro criterio que no consta lo desaconsejara (haberse autorizado)”.  “El paciente se estaba ahogando”, proyectan fuentes que han hablado para este periódico.

Esto significa dos cosas. Por un lado, que tenía que haberse pedido el traslado -algo que, según consta en la historia clínica, se hizo- y, por otro, que no aparece reflejado ningún motivo que desaconsejara que el paciente acudiese a un hospital. De hecho, los historiales clínicos de esta persona -cuyo nombre la familia prefiere mantener en anonimato- y de otros internos, van en la línea contrario, dado que la residencia lo pidió en “múltiples” ocasiones.

“Se intenta derivar al hospital dada la situación sin éxito” o “Se realizan múltiples intentos de derivación sin éxito por no cumplir los criterios de protocolo de la Consejería de Sanidad” son parte de los historiales que demuestran que sí se pidió el desplazamiento. Es más, también se solicitaron por parte del centro, Monte Hermoso en este caso aunque hay muchos ejemplos, recursos que nunca llegaron: “Se decide derivar a urgencias y se solicita ambulancia (…) Dicho recurso no acudió a recoger a la residente”.

Al menos cinco residencias de mayores pidieron ayuda a Sol durante los peores momentos del Covid. Esta cuestión quedaba también certificada en las inspecciones realizadas por la Policía Municipal en los centros de la ciudad por aquel entonces. En esas actas, de las que se hicieron eco este medio, así como otros como la Cadena Ser o elDiario.es queda patente el abandono por parte de la administración pública.

Los protocolos se estaban ejecutando de facto antes de su redacción

Los protocolos de la vergüenza son desde la gestión de los centros de mayores el talón de Aquiles de la responsable regional, a quien las mareas de residencia y otra parte social importante a título personal le recuerdan los 7.291 fallecidos en estos lugares.

Documentación reciente que ha consultado ElPlural.com dejan claro que la Consejería de Sanidad ordenó no derivar a personas mayores a hospitales antes de que los documentos se aprobasen. En concreto, se firmaron hasta cuatro de estos textos los días 18,20,24 y 25 de marzo de 2020, pero su aplicación se venía realizando días antes.

En este sentido, un paciente de la residencia señalada unas líneas más arriba fallece el 16 de marzo de ese año. Ya para entonces hay pruebas fehacientes de que el centro había pedido el traslado.

En la Audiencia Nacional

El abogado Carlos Sardinero, con quien ha hablado este medio de comunicación, lleva varias causas sobre la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid, algunas de las cuales han terminado en la Audiencia Nacional sentando precedente.

Independientemente de lo que pase a partir de ahora los juicios de al menos dos causas se van a celebrar, y la fuente jurídica que habla para este periódico confía que las pruebas aportadas deberían servir para que la administración pública -en mayor medida la Comunidad de Madrid aunque las demandas también incluye parte del Estado- rinda cuentas.

En esa línea, Sardinero y los denunciantes de las causas -aquellos que han preferido mantener el anonimato y Laura y Marta Grela, cuyo padre también murió de manera “indigna” en un centro de la tercera edad- confían en el éxito de las causas. “No sé qué tendría ocurrir para no ganar”, indican. Para conocer la resolución, en cualquier caso, todavía tiene que pasar tiempo.