La noticia de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero atraviesa toda la política. El Partido Popular la aprovecha, no solo a nivel nacional, sino también desde las autonomías en las que acostumbran a confrontar con el Gobierno, como la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ya ha comenzado una avanzadilla contra el expresidente, que le va a permitir coger oxígeno después de semanas "durillas".
La baronesa se enfrenta este jueves a una nueva sesión de control en la Asamblea de Madrid, a la que llega con la oposición centrada aún en que dé explicaciones sobre su viaje a México y en saber más sobre las actividades de Alberto González Amador, novio de Ayuso. La imputación a Zapatero por tráfico de influencias tapa además la declaración de Francisco Granados en el juicio por la Púnica.
Ayuso aprovechará este balón de oxígeno para sumarse a la ofensiva de Alberto Núñez Feijóo, que trata a toda costa de que la noticia salpique al Gobierno actual. La presidenta se desquitó nada más conocerse el martes, calificando como un "escándalo internacional" la investigación del expresidente.
"Desde luego esto es un escándalo internacional que nuevamente vuelve a situar a este Gobierno y todo lo que le rodea en el epicentro de los escándalos y de un desprestigio tremendo", aseguró en un acto en Pinto. Ayuso acusó al Gobierno de "taparlo", y señaló la utilización del argumento del "lawfare", que a esas horas era la defensa de Moncloa al no conocerse aún el contenido del auto de imputación del juez José Luis Calama.
El PSOE exige transparencia sobre viajes como el de México
Esta será la vía de escape para una Ayuso que sigue sin aclarar quién pagó y por qué no regresó de su viaje a México después de cancelarlo alegando un boicot del Gobierno de Claudia Sheinbaum y el abandono del Ejecutivo español. La oposición quiere seguir presionándola, para lo que el Grupo Socialista registró diez preguntas sobre el tema en la Cámara de Vallecas, las cuales ha tumbado la Mesa gracias a la mayoría absoluta del PP.
"Siguen sin actualizar el gasto de sus últimos viajes en el Portal de Transparencia. Son tan transparentes que ni se ven... No quieren dar explicaciones", publicaron los socialistas en su cuenta de X. Sobre la primera de las cuestiones, el Pleno sí que debatirá una proposición no de ley para exigir al Gobierno regional que elabore "un protocolo sobre viajes institucionales de los altos cargos", y que publique "en el portal de transparencia en un plazo no superior a 30 días" los datos, que faltan sobre once de los últimos 16 viajes de Ayuso.
Más Madrid pide acceso a las cuentas del novio de Ayuso
La sesión de este jueves llega también después de que Más Madrid haya ampliado su ofensiva sobre las investigaciones judiciales que afectan a la pareja de la presidenta. Los de Manuela Bergerot han pedido al juzgado el acceso a las cuentas de Alberto González Amador, para que la investigación pueda seguir su curso.
La formación lo anunció el lunes a través de su portavoz en la Asamblea regional, Bergerot, que detalló que han solicitado la información necesaria para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pueda superar el impedimento tras el que se escudan para justificar su retraso a la hora de elaborar el informe que el juez les solicitó hace casi once meses.
"La investigación sobre los negocios turbios del novio de Ayuso", dijo Bergerot, "debe realizarse con todas las garantías, y con acceso a toda la información relevante". La solicitud del informe, del pasado 27 de junio, proviene del caso por el que el empresario está acusado de corrupción en los negocios y administración desleal, una pieza separada de la principal, que es en la que se investiga el presunto doble delito de fraude fiscal.
Granados vuelve a los banquillos
Otra noticia que ha pasado por debajo del radar, pero que es incómoda para el PP madrileño, es la declaración este miércoles de Francisco Granados en el juicio de la Púnica. El que fuera consejero de Presidencia de Esperanza Aguirre y otros 13 acusados se enfrentan más de una década tarde a la pieza separada de Waiter Music, la promotora musical con la que se cerraban contratos de conciertos en municipios madrileños gobernados por el Partido Popular.
En las facturas, presuntamente, se inflaban los costes y después de ello se repartían el incremento del precio entre las personas acusadas de haber participado del proceso, presuntamente fraudulento, quienes esta semana afrontan en la Audiencia Nacional penas de dos a seis años de prisión por prevaricación, malversación o fraude, entre otros delitos. Las testificales llegan 13 años después de los hechos.
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