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El pasado 14 de octubre la comunidad educativa empezaba una huelga histórica, un parón indefinido que, de nuevo, ha confrontado dos imágenes a lo largo de esta semana. De un lado, la lucha ciudadana por mejoras que van en beneficio del conjunto de la sociedad, y del otro, la represión policial y la descalificación e incluso mentiras del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ha atacado a quienes secundan esta acción.
La presidenta de la Comunidad de Madrid y su consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, han tachado la huelga de “política” y acusado que ésta “no respeta el derecho de los niños, de los alumnos, o el trabajo”. Zarzalejo adjuntaba ante los medios de comunicación un mail malinterpretado y que, supuestamente, pertenecía a un colegio público cuando, en realidad, el centro era concertado.
Asimismo, como pasara en las protestas de los profesores valencianos hace unos meses, y en el desahucio de Maricarmen hace unas semanas, se han repetido imágenes de brutalidad policial. La delegación de Gobierno anunciaba una investigación, el Ejecutivo autonómico justificaba las cargas que tuvieron lugar en la Complutense y la mayoría de los sindicatos policiales defendían también la represión.
Nada nuevo bajo el sol, pero, independientemente, la pregunta que cabe hacerse es por qué se ataca a quienes persiguen el bien común, en este caso mejoras en la Educación, un ámbito que debió ser pasado, es presente y ha de ser futuro.




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