Madrid

El Gobierno doblega a Ayuso, que protegerá la vivienda pública de por vida para recibir más de 1.000 millones

La Comunidad de Madrid acepta la medida como propia en su Reglamento de Vivienda pese a que la recurrió ante le Tribunal Supremo

Varios integrantes dLa presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un mitin electoral  e Núcleo Nacional en una manifestación. EP.
Varios integrantes dLa presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un mitin electoral e Núcleo Nacional en una manifestación. EP.

La Comunidad de Madrid ha aceptado que la vivienda pública protegida mantenga este carácter de por vida. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha transigido con esta condición, pese a que la recurrió al Tribunal Supremo, pues condicionaba la percepción de los más de 1.000 millones de euros que le corresponden a la región del Plan Estatal de Vivienda, aprobado por el Gobierno de coalición para abordar la crisis habitacional que la baronesa del Partido Popular (PP) siempre se ha negado a atajar desde la intervención pública.

Es más, desde la Comunidad Autónoma consideraron que el requisito era “ilegal” y “perjudicial” para los ciudadanos, pero finalmente han asumido este blindaje como propio en su nuevo Reglamento de Viviendas con Protección Pública. El Gobierno de Ayuso intentó rebelarse y acudió a la Justicia aludiendo que la norma “invadía competencias”, pero el Alto Tribunal no les dio la razón. Ahora, confirma su repliegue, que se inició al votar a favor del reparto de fondos en la Conferencia Sectorial, el pasado mes de mayo.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Reglamento, certificándose la derrota de la Comunidad de Madrid, que asume una medida del Ejecutivo central como propia. “La segunda novedad”, ha explicado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la región, José María García, “es la permanencia del parque protegido”. “Las viviendas promovidas por el Ejecutivo regional, de su propiedad, conservarán la protección indefinidamente”, ha reconocido. Esto afecta directamente al parque de vivienda de la Agencia de Vivienda Social (AVS), cuya protección no era indefinida hasta ahora.

Principales cambios del reglamento

El Gobierno regional ha dado un nuevo impulso a la tramitación del proyecto de decreto que regulará las viviendas protegidas. En su reunión del 18 de noviembre, el Consejo de Gobierno acordó remitir el texto a la Comisión Jurídica Asesora para que emita el correspondiente informe, un trámite previo a su aprobación definitiva. La nueva normativa reemplazará al Reglamento en vigor desde 2009 y actualizará las reglas que afectan tanto a promotores y propietarios como a los ciudadanos interesados en acceder a este tipo de viviendas públicas.

Una de las principales novedades será la conservación permanente de la protección para los inmuebles promovidos por la Administración regional o que formen parte de su patrimonio. De este modo, estas viviendas no perderán su calificación protegida con el transcurso de los años. Esta garantía podrá aplicarse también a determinados inmuebles de titularidad pública, con la finalidad de preservar su uso como alternativa de acceso a una vivienda asequible. Sin embargo, este no es el único cambio introducido por el Gobierno del PP.

El proyecto contempla también nuevas modalidades residenciales adaptadas a distintas realidades y demandas sociales. Así, se incorporan fórmulas como las viviendas con zonas comunes o espacios compartidos, los alojamientos temporales dirigidos a estudiantes y otros colectivos y la cesión de uso, un modelo que permite residir en una vivienda sin tener que comprarla. Además, el decreto recogerá requisitos y condiciones particulares para los inmuebles destinados a familias numerosas. Estos abordaje reconocen implícitamente el problema, optando por los parches en vez de abordar la problemática de raíz y poner coto a los especuladores, principales culpables.

Es decir, adaptar y empujar a nuevas fórmulas a quien no puede acceder a una vivienda y no parar los pies a quienes se enriquecen a través de un bien de primera necesidad. Además, se endurecen los requisitos para aquellos que quieren acceder a una vivienda pública, siguiendo con el camino marcado por Vox de la prioridad nacional. Así, mínimo habrá que llevar empadronado diez años en la Comunidad de Madrid, en el caso de la compra, o cinco años, en el caso del alquiler.

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