Con el inicio del nuevo curso político, la gestión de las residencias de mayores por parte de la Comunidad de Madrid y la lucha de sus familiares por unas condiciones dignas vuelve al centro de debate, acompañado de un nuevo Acuerdo Marco que acerca todavía más la precariedad a los trabajadores de los centros y pone en evidencia el abandono del Ejecutivo autonómico en esta materia.
Desde la Plataforma para la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (PLADIGMARE) han emitido un comunicado en el que denuncian que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha empeorado el nuevo acuerdo marco de plazas concertadas con empresas privadas, reduciendo el número de personal y eliminando las ratios de personal de limpieza, cocina y mantenimiento. A razón de ello, desde PLADIGMARE lamentan que todo ello lleva consigo se traducirá en una peor atención a las personas mayores internas en las residencias y el riesgo de adjudicar contratos peor remunerados como consecuencia de la externalización de “servicios tan sensibles y necesarios como los médicos, enfermeras, fisioterapeutas y psicólogos”.
“No solo es que el personal de atención directa se mantenga en el mismo número totalmente insuficiente (con las ratios actuales una gerocultora tiene que atender a 11 personas en el turno de mañana -41 minutos por persona-, 12 en el de tarde -38 minutos- y 30 en el de noche -18 minutos-), sino que la eliminación de las ratios del personal de limpieza, cocina y mantenimiento, se traducirá en menos personal y en una tensión constante para que algunos de los trabajos de limpieza sean realizados por las gerocultoras, restando tiempo a sus labores de atención, empeorando, aún más, la asistencia de los/as residentes”, detallan desde la plataforma.
Entre otras cosas, insisten en que, a pesar de lo vivido durante la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid, en las que fallecieron 7.291 ancianos como consecuencia de los conocidos “protocolos de la vergüenza” que impedían derivar personas mayores contagiadas de Covid-19 a los hospitales, “no han aprendido nada”. Asimismo, sobre las ratios de personal lamentan que “no respetan las medidas que, con el carácter de mínimos, se establecieron en el Acuerdo de Acreditación del Consejo Territorial de la Dependencia de junio de 2022”. “Sólo en la categoría de gerocultoras la ratio debería ser para el año 2026 de 0,37 frente al 0,33 que se establece en el Acuerdo Marco”, indican. Además, sostienen que “al no tener en cuenta las indicaciones de la OMS sobre la probabilidad de que se produzca maltrato ‘si el personal está mal formado y remunerado y soporta una carga de trabajo excesiva o los niveles de asistencia sanitaria no son adecuados’”, abocan a “papel mojado” ese protocolo que, según lamentan, “hace caso omiso a la necesidad y obligatoriedad de que sea conocido por familiares, trabajadores y residentes”.
Sin ratios y con subida de precio de la plaza concertada
Al hilo de todo ello, desde la plataforma de familiares hacen hincapié en que, mientras se eliminan las ratios de personal sin modificar los actuales, se omiten estudios que han demostrado la relación positiva que existe entre las buenas condiciones de los trabajadores y el bienestar de los residentes. “Se ignoran y desprecian estudios como el de la Association of Nursing Home Ratings on Health inspections, Quality of Care, and Nurse Staffing with Covid-19 Cases, publicado en Estados Unidos que demuestran la relación positiva que tuvo el hecho de que hubiera más personal, para combatir la pandemia en las residencias, o el realizado por CC.OO. UGT y PLADIGMARE y entregado tanto a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, como a las diputadas del PP en la Asamblea de Madrid, responsables de políticas sociales, sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, a partir del establecimiento del tiempo mínimo imprescindible para atender al tipo de residentes actual”, argumentan.
Entre otras cosas, detallan que se ha producido también un aumento del precio de la plaza concertada del 19,81% (de 72 a 86,26 euros), algo que “resulta prácticamente obligatorio por el incremento de costes salariales (del 16,37%), y del SMI, y la reducción de jornada anual”. Añaden, además, que, aunque se sigue manteniendo un beneficio empresarial del 6%, “no hay dinero para incrementar el personal que presta los cuidados, que es lo fundamental en una residencia”.
Con todo ello, denuncian y lamentan que desde el Ejecutivo de Sol sigan primando los intereses de las empresas privadas, dejando de lado las necesidades de las personas mayores de las residencias, algo que consideran como “la filosofía con la que se tiene que cambiar el actual modelo de residencias y que ha inspirado el nuevo Acuerdo de Acreditación impulsado por el Gobierno Central y aprobado en el Consejo Territorial de la Dependencia en junio de 2022”.