El Gobierno de Ayuso rechazó dejar constancia de las aportaciones de los expresidentes a sueldo

El Estatuto de expresidentes, aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en julio de 2025, está generando múltiples dolores de cabeza a la Comunidad de Madrid. Desgranando el contenido, ha quedado constatado que la baronesa del Partido Popular (PP) ha sacado adelante una norma con la que podrá seguir cobrando un sueldo a cargo de los ciudadanos hasta 14 años después de dejar sus responsabilidades públicas y que devuelve a sus predecesores la capacidad de cobrar decenas de miles de euros anuales por un supuesto asesoramiento.

El Estatuto que vio la luz el verano pasado, cuando la mayoría de focos estaban lejos de la actualidad política, recupera las labores que antaño podían desempeñar los exlíderes regionales en Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que fue disuelto en 2015, en favor de la Comisión Jurídica Asesora (COJA). Esto significa que los expresidentes que cumplan determinados requisitos podrán desempeñarse como vocales electivos en el órgano, a cambio de hasta 750 euros por cada asistencia a una reunión y pese a que se desconoce su aportación real.

Las aportaciones al órgano de figuras como Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes, quienes actualmente cumplen los requisitos para convertirse en vocales, podrían ser fácilmente incluidas en las actas de las reuniones. Es más, la propia Oficina de la Calidad Normativa de la Comunidad de Madrid propuso que sus intervenciones relacionadas con leyes en tramitación y conflictos administrativos se recogiesen, con la intención de conocer sus postulados y evitar posibles conflictos de intereses. Pero desde el Gobierno de Ayuso, como ha publicado El País, se rechazó dotar de dicha trazabilidad al organismo.

La razón no puede ser que la Comunidad crea que las intervenciones de los expresidentes son de escaso valor, pues ha sido el propio PP, que cuenta con mayoría absoluta, quien se ha empeñado en recuperar su figura. En consecuencia, detrás de esta decisión de que se desconozcan las intervenciones por las que cada antiguo mandatario cobra una importante cuantía puede encontrarse desde lo irrelevante de sus pronunciamientos hasta posibles conflictos de intereses con las actividades privadas que desempeñan en la actualidad, ellos o sus familiares directos.

Quizá la explicación para rechazar la recomendación del propio órgano madrileño que supervisa la Calidad Normativa sea otra, pero se desconoce. “Para integrar la nueva figura de los vocales electivos en los trabajos de la Comisión Jurídica Asesora, se sugiere valorar incluir, expresamente, en el nuevo capítulo VII del reglamento la previsión la posibilidad de que su opinión quede, o no, reflejada en sus actas”, exponía el informe de la Oficina. Desde el Ejecutivo de Ayuso se agarran a que la COJA es un órgano independiente, pero esto no resuelve las dudas.  

“La norma proyectada contempla la figura de los vocales electivos, pero no regula su integración y desenvolvimiento en la Comisión; por ejemplo, ¿su función es opinar sobre las cuestiones que se planteen?, ¿pueden solicitar que su opinión conste en el acta?, ¿se indicará en los dictámenes que se ha seguido la opinión del vocal experto?, etc", exponía la Oficina de Calidad Normativa, encabezada por Cayetano Prieto, quien recordaba que los designados “deberán abstenerse de intervenir en aquellos asuntos que proceda o, en su caso, ser recusados conforme a la normativa reguladora del régimen jurídico del sector público”.

El órgano pilotado por Prieto tan solo quería evitar posibles conflictos a futuro, pero su sugerencia de prevención no fue aceptada. La duda, entonces, es cuál es la justificación de la Comunidad de Madrid para que se rechace dejar constancia de expresidentes que cobran 750 euros netos por cada vez que acuda a una reunión del organismo. Una cuantía que, teniendo como referencia el último año completo, 2025, cuando la COJA se reunió 45 veces, asciende a los 33.750 euros netos al año. Dinero pagado por los madrileños, quienes, sin embargo, no podrán saber a cambio de que supuesto asesoramiento.