La Ley de Vivienda estatal entró en vigor en mayo de 2023, en la cual, entre muchas de las medidas que incluye, se encuentra la declaración de zonas residenciales tensionadas por los altos precios del mercado del alquiler y la venta. Un conjunto de medidas que fue frontalmente rechazado en su día por la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
Ahora, con motivo del paquete valorado en 180 millones de euros que aprobó este martes el Consejo de Ministros para paliar los efectos de las zonas tensionadas a aquellas autonomías que sí lo aplicaron y en aras de impulsar la oferta de vivienda asequible, el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso se ha postulado en contra, y no solo desde el ámbito político, sino que recurrirá a la vía judicial.
Pese a no haber aplicado en ningún momento la normativa estatal y, por ende, haber declarado zonas tensionadas pese a que Madrid guarda uno de los peores escenarios del país por esta problemática, la Comunidad de Madrid interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del Gobierno de Pedro Sánchez porque deja a su región “sin dotación económica”.
Bajo esta premisa, consideran que el reparto de la cuantía es “discriminatorio y perjudica los intereses de los madrileños”. El Ejecutivo de la Puerta del Sol ha condenado este miércoles que el paquete de ayudas “condiciona el acceso a los fondos públicos a la adopción de una medida que corresponde decidir libremente a cada comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias”, defendiendo que la recién aprobada “penaliza a las comunidades que aplican políticas de vivienda diferentes”.
El anuncio ha venido de la mano del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión del Consejo de Gobierno regional, quien ha manifestado que defenderá ante la Justicia “que los madrileños reciban un trato equitativo y que los recursos públicos se distribuyan sin discriminación por las políticas de vivienda que legítimamente elija cada comunidad autónoma”.
El Gobierno de Ayuso mantuvo su negativa durante años
Ha sido en estos últimos tres años, desde la entrada en vigor de la ley estatal, desde que el Ejecutivo madrileño, hasta la fecha se ha opuesto a aplicar estas medidas para sofocar los efectos de la crisis de la vivienda en la ciudadanía. La propia Ayuso, antes de su entrada en vigor en mayo de 2023, la calificó de “un completo sinsentido”: “Donde no estemos obligados a aplicarla, desde luego no lo haré”, defendiendo que la intervención a los precios desincentivaba a los propietarios, apostando así -tal y como viene ahora defendiendo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en precampaña electoral- por la construcción de nueva vivienda.
Tiempo después, en abril de 2024, durante un Pleno en la Asamblea regional y preguntada expresamente por ello, aseguró que no estaba “para tensionar absolutamente nada”. En el mes de mayo, durante la II Jornada de Vivienda y Energía en la autonomía, consideró “lesiva” la normativa estatal, asegurando que generó “efectos devastadores”, que multiplicó “la okupación” y hundió “la oferta del alquiler” subiendo aún más los precios del mercado. Asimismo, en septiembre del mismo año, reiteró que limitar los precios era “un atentado contra la propiedad” privada.
Incluso la división se vivió desde dentro de la Comunidad, debido a que municipios como Getafe, Alcorcón o Fuenlabrada sí que reclamaron poder acogerse al mecanismo estatal. Una postura que fue rechazada en la Asamblea madrileña por la suma de PP y Vox en abril de 2025.
No solamente desde el plano político, sino también desde el judicial el Gobierno de Ayuso al recurrir diversos preceptos de la norma ante el Tribunal Constitucional, el cual resolvió su impugnación.
El paquete de medidas del Gobierno
Volviendo al último movimiento de Moncloa en materia de vivienda, fue este martes cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a un Real Decreto que incluye subvenciones directas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas tensionadas por los precios del alquiler residencial por 180 millones de euros, además de un secundario dotado de 45 millones para el impulso de unos 2.000 alojamientos universitarios asequibles este año.
En esencia, son cinco las comunidades autónomas que tienen este régimen declarado para paliar los efectos de la crisis: Cataluña, con 271 municipios; Euskadi, con 18; Navarra, con 21; Galicia, en A Coruña y Santiago de Compostela; y en Asturias, cinco municipios.
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