El nuevo manual de buenas prácticas en el proceso de la eutanasia era motivo de aprobación este jueves en el Consejo Interterritorial de Sanidad, en el cual se ha introducido una tramitación abreviada para aquellos casos más urgentes. No obstante, la Comunidad de Madrid ha retrasado el procedimiento al haberse retirado del orden del día a petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Pese a que el texto ya estaba pactado por el Ministerio de Mónica García y todas las comunidades autónomas, el Ejecutivo de la Puerta del Sol, a la hora de la votación, ha pedido un aplazamiento, obstaculizando el procedimiento. La Consejería de Sanidad madrileña, a cargo de Fátima Matute, ha justificado su decisión en tratar de “enriquecer” el fondo y la forma de esta nueva hoja de ruta contando con “aportaciones de las sociedades científicas y colegios profesionales” y con la intención de poder alcanzar “una mayor excelencia técnica y profesional”.
Debido a este parón inesperado, Sanidad retomará la cuestión en la próxima reunión con las comunidades autónomas en el siguiente Consejo Interterritorial y, al respecto, García ha señalado que prefiere trabajar sobre la cuestión “con el máximo consenso” de todas las partes.
Claves de la nueva hoja de ruta sobre la eutanasia
Tras el mediático caso de Noelia Castillo, el debate sobre la aplicación de la eutanasia volvió a posicionarse en el centro de la mesa de discusión política y de la actuación de las instituciones. Motivo por el cual, Sanidad se comprometió a iniciar trabajos para ahondar en esta cuestión con una mayor seguridad y nuevos mecanismos con el foco en los casos más urgentes.
De este modo, la cartera ministerial de García se encuentra elaborando este nuevo manual de buenas prácticas que busca convertirse en una hoja de ruta técnica en común para la aplicación de la eutanasia, sustituyendo así a la guía vigente desde que se comenzó a aplicar la Ley de 2021. El documento, que ya se aplazó su aprobación el pasado 27 de marzo por la huelga de médicos, incluye cambios orientados a agilizar los procedimientos y corregir algunas de las dificultades detectadas, entre ellas, el peso de la burocracia, que ha provocado que alrededor de un tercio de los solicitantes fallezcan antes de recibir la prestación.
En lo que concierne a las novedades, el documento de Sanidad plantea una tramitación más breve para aquellos casos más urgente, calculando que el plazo mínimo sea de 15 días entre las dos solicitudes requeridas cuando quepa la existencia de un riesgo inminente para la vida del paciente, que ha de estar avalado por justificaciones médicas y sin alteraciones en las garantías legales –en este último punto, incluyen la intervención de dos facultativos y de un Comité de Garantías-.
De la misma manera, se amplían los tiempos de aplazamiento hasta un máximo de seis meses, frente al margen anterior de uno a dos meses. Además, incorpora la posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias excepcionales o por decisión del propio paciente. En este último caso, si no se solicita la reactivación en un plazo de tres meses, el expediente se dará por cerrado.
Otro de los puntos de interés a tener en cuenta se sostiene en el refuerzo del papel de la enfermería en el proceso, que pasará a desempeñar una función de referencia con tareas de información, acompañamiento, preparación del entorno, realización de cuidados y apoyo tanto a familiares como a cuidadores, además de orientación en el duelo. A nivel organizativo, se apuesta por la implantación de unidades administrativas de apoyo, que ya incluyen varias comunidades autónomas, para mejorar la información a la ciudadanía, facilitar la labor de los profesionales y reforzar la coordinación con los servicios de salud, en un intento de reducir las diferencias territoriales detectadas en la aplicación de la prestación.
Por primera vez, añadido a todo ello, se añadirá un apartado específico sobre donación de órganos, con protocolos definidos para quienes opten por esta posibilidad tras recibir la eutanasia, garantizando que se gestione de forma independiente y sin interferir en la tramitación.