El Gobierno regional de la Comunidad de Madrid vuelve a maniobrar en beneficio de los propietarios de viviendas, dejándolos al margen de posibles responsabilidades penales o legales con la modificación de la normativa regional en torno a las viviendas de uso turístico (VUT). Así lo ha decidido esta semana el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que este miércoles aprobó en el Consejo de Gobierno nuevas exigencias y matices a la actual ley autonómica, independiente a las normativas vigentes en los municipios o a las leyes estatales que afectan a este tipo de alojamiento.
Con estas nuevas modificaciones sobre la mesa, serán las empresas gestoras de los alquileres de estas viviendas quienes deban encargarse de realizar la declaración responsable antes de iniciar la actividad turística de la vivienda, prohibida en pisos de protección pública (VPP) o en aquellos edificios donde el consenso vecinal lo impida. En este punto, conviene subrayar que en la Comunidad de Madrid existen 9.794 pisos registrados y, al menos, 15.204 son ilegales. Con ello y pese a ello, a partir de ahora serán “los titulares de la prestación de servicios de alojamiento turístico, en lugar de los propietarios de la vivienda, los obligados a presentar la declaración responsable para el inicio de la actividad”. Es decir, con esta modificación, el Gobierno regional exime a los propietarios de estas viviendas de posibles responsabilidades que se desprendan del desarrollo de esta actividad, y, en su lugar, serán las empresas gestoras las que deban responder ante la Administración.
No obstante, los cambios introducidos en la normativa autonómica no se limitan únicamente a esta protección de los propietarios, sino que también se añade matices sobre en qué casos no se podrá destinar una vivienda para este fin. Así, serán los pisos de protección pública quienes se libren de convertirse en viviendas de uso turístico, y también aquellos inmuebles donde, por decisión de la comunidad de vecinos, se vete estos alojamientos. Una medida similar a la recogida en la normativa estatal en lo que se conoce como ley de propiedad horizontal que defiende que este veto se podrá dar siempre y cuando los vecinos consigan un 60% de aprobación en una votación de los miembros de la junta de propietarios. Sin embargo, a esto, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida añade el matiz de que aquellos pisos que tengan acceso a la calle y no compartan zonas comunes podrán saltarse la prohibición.
En línea con todo ello, el Gobierno autonómico añade exigencias para cada alojamiento como las relativas al tamaño mínimo de las estancias, el contenido con el que deben contar, como es la “ropa de cama, para baño y mesa, además de vajilla, cubertería, cristalería y utensilios de cocina”. Entre otras cosas, estas modificaciones comprenden también que sean las Administraciones locales las encargadas de poner límites “en el número máximo de VUT por edificio, área o zona”. Con todo, un decreto que, en palabras de la presidenta regional, "busca cuatro aspectos fundamentales". Entre estos, "mejorar la experiencia de quienes nos visitan", "evitar que se utilicen las viviendas de protección oficial como viviendas de uso turístico", "que las comunidades de vecinos puedan opinar" y "que sea la competencia municipal la que rija en este modelo de uso turístico".
Sin embargo, desde Más Madrid denuncian este nuevo movimiento del Ejecutivo regional, advirtiendo de que se trata de una prueba más de que "Ayuso solo gobierna para los rentistas y los especuladores". "Solo el 10% de los pisos turísticos en Madrid estaban registrados oficialmente. Ayuso lo sabía y ha mirado para otro lado durante años. Ahora exime de responsabilidad legal a los dueños de los pisos", expone la formación en un mensaje en redes.