Las educadoras infantiles de 0 a 3 años mantienen una lucha que ha alcanzado el momento de máximo esplendor en las últimas semanas, tiñendo de amarillo la Comunidad de Madrid y, próximamente, el país.
Las reclamaciones de las profesionales, cuya labor es fundamental al encargarse de la educación de los más pequeños, pasan por varios puntos, siendo uno de ellos las ratios en las aulas. Ahora mismo, las trabajadoras consideran inasumible el número de alumnos a los que tienen que atender y así lo manifiestan públicamente y se lo hacen llegar tanto ellas como los sindicatos a la Consejería de Educación.
En los últimos días, los agentes sociales han mantenido un encuentro con el equipo de Isabel Díaz Ayuso en materia educativa en el que hablaron de esta cuestión. Javier Becerra, Secretario del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid, explica a ElPlural.com las propuestas que pusieron sobre la mesa en la reunión y se refiere a la respuesta que dio el departamento de Mercedes Zarzalejo cuando salió a la palestra el punto de las ratios.
Becerra cuenta que la Consejería les indicó que “hasta que el Ministerio no mueva la parte que le corresponde, no pueden dar el siguiente paso”, y es que la administración de la Puerta del Sol se ampara en una tramitación de ley en la que se regula, precisamente, el número de estudiantes por clase con el objetivo de elaborar un nuevo proyecto que contemple la etapa 0-3.
Desde el PSOE de la Comunidad de Madrid consideran que se trata de una “coartada” por parte del Ejecutivo autonómico “para no tomar las decisiones que le corresponde sobre su responsabilidad”. El portavoz de Educación de los de Óscar López, Esteban Álvarez, concreta en declaraciones a este periódico que la región podría hacer cosas hasta que saliera adelante la normativa, y afea que “el PP siempre se ha opuesto a la bajada de ratios” cuando se ha llevado a la Conferencia Sectorial.
Asimismo, asegura que el equipo territorial puede tomar decisiones beneficiosas para las educadoras hasta que la ley sea una realidad. “El decreto que establece las ratios está en vigor y en plena vigencia hasta que el Gobierno apruebe un real decreto de mínimos o añada a otro los mínimos del primer ciclo, y esto puede demorarse meses porque hay que sacar información pública o llevarse a la Conferencia Sectorial”, esgrime.
“Si la Comunidad de Madrid reconoce que hay problemas, tiene que abordarlos, no dilatarlos. Tiene que reunirse con los sindicatos y con la plataforma”, acentúa, lamentado que “la primera reunión fue el martes” y que, antes de eso, lo que ocurrió fue “una reunión con las educadoras a petición suya y con un director general, que les dijo que entendía sus problemas”.
"No hemos conseguido gran cosa"
Los sindicatos se pronuncian en términos similares al ser preguntados si tienen constancia de alguna reunión previa de la Consejería con las afectadas. Becerra indica que la consejera les había dicho que "había coincidido en algún acto y había mantenido algún diálogo” con las trabajadoras.
Por su parte, Sergio Revilla, del Equipo de Privada y Servicios Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de Madrid de CCOO y también presente en el encuentro con sindicatos, proyecta a este periódico que la consejera “se ha acercado en múltiples ocasiones cuando las ve por la calle”, pero que la única reunión previa fue con el consejero de Infantil, Primaria y Educación Especial, José Ignacio (Nacho) Martín Blasco.
En su caso, se muestra poco confiado después del encuentro del martes. “No hemos conseguido gran cosa, más allá de que nos dé pliegos exactos y datos concretos”, materializa, entristecido porque no se traduce en “algún compromiso real que podamos transmitir a los afiliados y afiliadas”. “Vemos mucha intención política por parte de la consejera, pero su equipo se lo paraliza”, expresa un tanto sorprendido.
Desde UGT definen como “expectación” la sensación que les dejó el encuentro, en el que se habló únicamente de las escuelas infantiles de gestión indirecta y donde, más allá de las ratios, se dedicó tiempo a pliegos y mejoras salariales. “Propusimos igualar el número de educadoras por aula con las de gestión indirecta (actualmente hay dos educadoras por aula en los centros de competencia directa y dos por cada tres aulas en las de competencia indirecta), y nos dijeron que se comprometían a mirarlo”, por un lado.
Por otro, “abordaron la necesidad de no renovar los pliegos para que se puedan recoger las mejoras que hay en el convenio actual, porque si no las tablas retributivas que se están aplicando no llegan al salario mínimo interprofesional”. “Ahí no estuvieron tan receptivos”, refleja.
Lo que dice la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid insiste en la convocatoria de la Conferencia Sectorial para abordar la situación con todas las comunidades autónomas a tenor de la huelga indefinida que iniciaron las educadoras, que también piden a las administraciones públicas garantizar la atención individualizada, invertir en infraestructuras y mejoras salariales.
Desde la Autonomía remitieron una misiva en la que recalcaban que la regulación de esta etapa educativa corresponde exclusivamente a la Administración central tras modificar en 2020 la Ley Orgánica de Educación, estableciendo la necesidad de desarrollo reglamentario para infantil, pero que dicha regulación “sigue sin existir”. Igualmente, Mercedes Zarzalejo afeó que la ley en tramitación no contemplase el primer ciclo de infantil, considerando esta cuestión “especialmente grave”.
Lo que propone el Gobierno de España
El consejo de Ministros aprobó el pasado mes de noviembre tramitar el texto legal para bajar la ratio en Primaria hasta los 22 alumnos por clase y en Secundaria hasta los 25 estudiantes. Además, fijaba un límite de 23 horas lectivas semanales para docentes de Infantil/Primaria y de 18 para Secundaria.
En una vuelta de tuerca, el Ministerio de Educación, en consonancia con lo que reclaman las profesionales, se comprometió recientemente a iniciar antes del verano los trabajos para revistar el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, que podría, entre otras disposiciones, incluir la regulación de las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la educación infantil 0-3 años.