Aumenta la polémica por la relación entre la Comunidad de Madrid y el hospital Ramón y Cajal, uno de los centros con el que más contratos ha cerrado la región ahora liderada por Isabel Díaz Ayuso.
Si en estos meses han llamado la atención casos como el de Bricomoreno, contado en exclusiva por ElPlural.com; o Pinturas Rosell, empresas ambas con las que la Consejería de Sanidad ha alcanzado un importante número de acuerdos a dedo para prestar servicios en el mencionado centro sanitario.
No son, o no parecen al menos, casos aislados, y es que esta semana se ha conocido que el Ramón y Cajal ha adjudicado durante años hasta 10 millones de euros en 1.300 contratos a dos empresas de la familia de su jefe de obras. El titular, adelantado por infobae es detallado en la información del medio y desgranado por el activista por la sanidad pública -y muy activo en redes sociales- Óscar H. (@CiudadanO_O).
Relaciones de parentesco
Los nombres a los que afectaría la mencionada contratación son el de Antonio Romero-Toro, quien aparece en la memoria de 2023, la última publicada, como subdirector de Obras y Mantenimiento -dependiente a su vez de la Dirección de Gestión y Servicios Generales-, y Pablo Torres Arrojo, su superior. Ninguno sigue en el Ramón y Cajal, dado que el primero se jubiló en enero de 2023 y su jefe finalizó la relación contractual con el hospital en septiembre del mismo año.
Con Romero-Toro al frente de las obras y reparaciones del espacio sanitario, dos firmas resultan especialmente beneficiadas: Fornela Multiservicios y Proyectos Imifer. Las dos aparecen domiciliadas en un pequeño edificio de oficinas situado en la localidad madrileña de Las Rozas y la primera se dedica a la climatización industrial, mientras la segunda no dispone de página web, si bien su objeto social es el de la construcción y las instalaciones eléctricas y de gas. En el registro, el apoderado de las dos es Julián Romero-Toro y el gerente Joaquín Romero-Toro, según documentos internos de las compañías a los que ha accedido el medio mencionado; hijo y nieto de Antonio.
Durante la etapa en la que Antonio Romero ejercía como responsable de obras, Fornela e Imifer se han llevado del Ramón y Cajal 1.346 contratos públicos. Entre 2016 y 2022, último año que Romero-Toro trabaja en el hospital, se han rubricado 859 contratos con la primera empresa y 487 con la segunda. Entre 2016 y 2025 salen 487 adjudicaciones (485 contratos menores y dos por procedimiento sin publicidad).
La cantidad total asciende hasta los 7,7 millones de euros y los 2,3 millones respectivamente. Mientras tanto, en cuanto a los servicios prestados y el precio aparejado se encuentra de todo, como sucedía con Bricomoreno y con Pinturas Rosell, más escandaloso si cabe en el ejemplo que concierne a estas líneas, pues los saltos monetarios abarcan desde 136 euros hasta los cerca de 6.000.
Explicaciones que las empresas eluden sobre una contratación de la cual el 70% del total recabado llegó mediante contratos a dedo, algunos de forma directa y otros después de invitar a pocas compañías, pero sin exponer la contratación a transparencia ni concurrencia. Las cantidades, se mire donde se mire, muy dispares: de entre 1.000 y 3.000 euros o de entre 35.000 y 50.000, aunque algunos superan los 350.000.
Más casos
El presente caso recuerda al de las también mencionadas Bricomoreno y Pinturas Rosell. La primera firma, a pesar de tener menos de diez empleados, habría cerrado más de mil contratos menores entre la Autonomía y la compañía, cuyo objeto social se centra en la “fabricación, compra, venta, importación y exportación de mobiliario de madera”.
En cuanto a Bricomoreno, sin embargo, algunos de los acuerdos más controvertidos para operar sirvieron para prestar servicios en el Gregorio Marañón. De nuevo, los números iban desde tan solo los 6 euros hasta los 7.000. No pasa desapercibido que el directivo de la empresa era concejal del PP en San Martín de la Vega.
La compañía de carpintería, en declaraciones a este medio, defendía que era un “simple concejal” que en la actualidad “no gobierna” y que no disponía de “relación con nadie”. En cuanto a Bricomoreno, justificaba que tienen “muchísimos clientes” y llevaban “toda la vida en esto”.
“No te puedo decir exactamente qué cantidades sin mirarlo (…) Incluso hay cosas que hemos dicho que no podíamos hacerlas porque no hemos entrado en plazo o… Pero casi todo se hace a demanda, nos lo piden y poco más”, limitaba.
Por otro lado, Pinturas Rosell obtuvo 4,7 millones de euros de la administración Sol. De igual forma, los habría conseguido a través de 1.182 contratos a cuyas adjudicaciones no se presentó ninguna firma más. ElPlural.com trató de hablar con Miguel González, responsable de la empresa, sin éxito antes de las publicaciones de El País.
Versión de las empresas y de la Consejería de Sanidad
*Este periódico ha intentado contactar con las dos empresas vía telefónica y con Forneta vía correo electrónico por si quisieran aportar su versión sobre esta contratación, pero en el momento de publicación de estas líneas no ha obtenido respuesta.
Por su parte, desde la Consejería de Sanidad se remiten al anterior equipo de gobierno: “Nosotros no tenemos constancia de todas estas actuaciones, el equipo directivo, gerencia, responsable económico, financiero y demás son todos nuevos (…) No han coincidido con la etapa anterior y con estas supuestas acciones no nos involucra”.
En la misma línea se ha referido el hospital Ramón y Cajal en un comunicado al que ha tenido acceso este medio de comunicación: “Corresponde a una etapa anterior”. “Se están adoptando medidas estructurales reforzando los procedimientos internos de control y supervisión de contratación, con especial atención a la transparencia, concurrencia y publicidad de procesos cuando así lo exige la normativa administrativa”, indica.
Defiende que el hospital “actualmente tiene en proceso de licitación público un procedimiento abierto de obras de conservación y mantenimiento, que agrupa trabajos de naturaleza similar -pintura, remodelación, barnizado o reparaciones- precisamente con el objetivo de reducir al mínimo el recurso a la contratación menos”. “Este cambio responde a una voluntad expresa de mejorar los mecanismos de gestión y evitar la fragmentación contractual pero es importante recordar que normativamente los contratos menores son procedimientos permitidos por la ley”, apuntalan. Respecto del caso de Fornela e Imifer, explican el nuevo organigrama y mantienen que desconocen las relaciones familiares ni administrativas entre las partes.
El activista Óscar H. lamenta un modus operandi de la región: ha pedido información y no se la han facilitado.