David Herrera Lobato, el empresario detenido por la Policía Nacional el pasado martes y que comparecerá este miércoles ante la Audiencia Nacional, está siendo investigado por participar en un fraude de fondos europeos y está acusado también de elaborar facturas falsas para el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
El motivo por el que se estudian sus movimientos no pudo ser aclarado en el momento de la detención, tal y como señalaba el medio sevillana El Pespunte, ni por fuentes de la Audiencia Nacional, ni de la Fiscalía Europea, quien lo analiza en una pieza separada.
Si bien, fuentes cercanas a la persona implicada dejan claro en declaraciones a El País que la investigación no tiene nada que ver con la causa de González Amador, no es menos cierto que la relación entre ambos era más que evidente a pesar de que Herrera lo había negado.
Tal y como viene explicando ElPlural.com, Herrera dispuso de cerca de una veintena de compañías en la localidad sevillana de Arahal, la misma en la que ha sido detenido, y habría elaborado facturas falsa con una de las firmas del compañero sentimental de Ayuso.
La detención por parte de las autoridades tiene que ver, sin embargo, con que había sido citado hasta en cuatro ocasiones para que se celebrara el juicio y no había acudido a ninguna de ellas. Su letrado defendía que ello era debido a la mala salud, aunque pasó la última noche en el calabozo después de que los agentes se lo llevaran en un furgón destino San Fernando de Henares.
Una treintena de sociedades
De unos 50 años, es el dueño de una gestoría en esta provincia sevillana de algo menos de 20.000 habitantes y vive con su madre. Ha llegado a tener 30 sociedades de muy distinto índole en los últimos años, algunas de las cuales las habría utilizado para emitir facturas falsas que a posteriori González Amador empleó para simular gastos irreales y poder reducir la cantidad a pagar en el impuesto de sociedades.
El recientemente detenido habría emitido facturas falsas por valor de 180.395 euros a favor de González Amador. En otro orden de cosas, cabe destacar que la Fiscalía Europea solamente interviene cuando se ven afectados los intereses financieros de la Unión Europea en los casos de fraude, corrupción, blanqueo de capitales y fraude transfronterizo en materia de IVA.
El nombre de Herrera Lobato no es el único que aparece en la polémica, y es que del fraude habrían participado otros empresarios, dos de ellos del propio Arahal y un tercero de origen mexicano. Esa causa por presunto fraude fiscal se inició en marzo de 2024 y se mantiene a la espera de que se fije una fecha para la celebración del juicio, que tendrá lugar en Madrid.
El resto de nombres
De un lado, Agustín Carrillo Saborido, miembro del PP en la misma localidad y que se habría deducido de forma “indebida” facturas por valor de 41.200 euros por servicios no prestados por Baluarte Desarrollo Centro Especial de Empleo y Desarrollo Social del CEE el Manantial SL; y su hermano José Miguel.
Este segundo habría llevado a cabo la misma gestión que él a través de “cinco facturas” por valor de 66.000 euros de la “sociedad Blanconera de Servicios Profesionales”, y por “10.500 euros” por “Blanconera SPA SLU”.
Al otro lado del mapa, Maximiliano Eduardo Niedrer González, más conocido como Max, era presunto testaferro del novio de la administradora primera de Sol en las dos mayores facturas falsas con las que habría defraudado a la Agencia Tributaria entre 2020 y 2021.
El Ministerio Fiscal procedía a imponer a los presuntos implicados de la capital hispalense una condena de dos años y un día de cárcel, la inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 391.902,82 euros de la cantidad defraudada “con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de dos meses” atendiendo al artículo 53.1 del Código Penal. También la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a disfrutar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social en un plazo de cuatro años.
El organismo entendía que todos ellos están involucrados en calidad de cooperadores en el delito contra la Hacienda Pública y en calidad de autores de delito continuado en falsedad documental.