Las protestas por el cantón de Montecarmelo salen de España. Los vecinos llevaban este miércoles a Bruselas una petición para que el Parlamento Europeo investigara este espacio de limpieza que el Ayuntamiento de Madrid prevé construir al lado de viviendas y colegios. Ahora, el continente les ha concedido la razón y dado el visto bueno a estudiar en detalle la decisión del Consistorio.

El tema, que lleva años generando polémica en la ciudad capital y con el que José Luis Martínez-Almeida no convence a nadie -ni siquiera a la ultraderecha de Vox- ascendía definitivamente al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo y obtenía la aprobación de los parlamentarios europeos, que ahora tendrán que impulsar la tan perseguida investigación.

Las familias, pertenecientes a la Plataforma No Al Cantón, elevaban esta semana a la capital europea una carpeta replete de documentos que justifican sus reclamos: el proyecto en sí mismo del Consistorio, que declara de carácter industrial las instalaciones de esta suerte de vertedero de 10.000 metros cuadrados;  la sentencia del juez que declaró la nulidad del proyecto, precisamente por este motivo; o la demanda de los ciudadanos que ha sido aceptada por un tribunal en la que acusan al Ayuntamiento de atender una política de “tierra quemada”.

También incluye una nota interna del consistorio firmada en 2018 en la que se reconoce que este tipo de instalaciones no puede estar en zonas residenciales, así como fotos de los niños jugando en este terreno, o el antes y después de la vegetación que se encuentra cercana.

Los afectados adjuntan una relación de los hechos legales que motivan su petición de amparo a la Cámara. De este modo, detallan que aunque el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid anuló los decretos municipales que autorizaban la localización del cantón al lado del centro educativo por la falta de “un informe de evaluación ambiental obligatorio”. “(El Consistorio) no ha paralizado los trabajos”, asegura. Así, “continúan las labores de tala, trasplante de árboles, vallas y movimientos de tierra, mientras el Ayuntamiento afirma que la sentencia no paraliza el proyecto”.

La Plataforma cifra en 4.200 los menores de entre cero y 18 años los que se verán afectados, y en otros 2.000 los que sufrirán de alguna manera las consecuencias al pasar cada día cerca de aquí. Las asociaciones de padres y madres de varios colegios han puesto pie en pared también dirigiéndose a la Consejería de Educación, pero no han recibido respuesta por parte de la Comunidad de Madrid.

Almeida respeta la decisión; la oposición la celebra

El regidor, Martínez-Almeida, ha asegurado que respeta “total y absolutamente” a quienes han decidido traspasar las fronteras para que se atienda su queja. “Nos parece perfectamente admisible y no tenemos nada más que añadir, más allá de que va a dignificar las condiciones de los trabajadores”. Así las cosas, la administración de Cibeles mantiene que “ni va a ser una planta de tratamiento de residuos, ni va a ser un trasiego de vehículos constante”.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, aplaude la decisión de Bruselas de mantener abierta la investigación una vez que se han conocido “las vergüenzas de Almeida” en sede europea. De este modo, apoya la petición de su grupo en el continente “para que una delegación de eurodiputados pueda desplazarse a Madrid y comprobar con sus propios ojos qué está haciendo el ayuntamiento espacio, desoyendo incluso a la justicia”.

El próximo 1 de marzo, los vecinos de Montecarmelo protestarán en la parcela con una nueva manifestación contra un proyecto que acumula ya más de 14.000 firmas.

Previamente, la Justicia admitía a trámite una denuncia que los vecinos habían presentado el pasado mes de diciembre  al amparo de la Asociación de Afectados por el Proyecto de Instalación de un Cantón y una Base del Selur.  Esto llegaba después de que en abril de 2025 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid declarara “nulo pleno derecho” realizar la instalación del cantón junto al colegio alemán de Montecarmelo.

La Plataforma de Afectados por el Cantón de Montecarmelo impugnó también el decreto del Ayuntamiento alegando que carece de “sustento legal, jurídico y urbanístico, y conlleva unos más que evidentes riesgos para la salud y la integridad de los vecinos y para la calidad del Medio Ambiente de Montecarmelo”.

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