El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) se ha alineado con el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y en contra del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de un correo de la pareja de la presidenta.
La institución ha pedido ahora una condena de cuatro años de cárcel para el magistrado asumiendo que éste filtró el mail a la prensa “siguiendo indicaciones de la Presidencia del Gobierno” y solicita asimismo una condena, en su caso de tres años de prisión, para Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid.
El ICAM se suma a los escritos de acusación que componen, entre otros, el pseudo sindicato ultra Manos Limpias, y que solicitan las penas de cárcel para el fiscal. El Colegio de Abogados es la primera de las acusaciones en añadir, sin embargo, lo anterior.
A los mandos del Colegio se sitúa Eugenio Ribón, señalado por instrumentalizad un espacio que, como el resto de colegios de estas características -aunque en la práctica no siempre se cumple- deberían ser objetivos. Lejos de ello, no es la primera vez que se pronuncia en favor de cuestiones que tienen que ver con el PP (más concretamente con el novio de Ayuso) y en contra del Gobierno de coalición.
Desde que saltara el caso, el decano siempre ha tomado partido poniendo énfasis el lugar que lidera en que los “ignorados miembros” de la Fiscalía revelaron la existencia de negociaciones por un acuerdo de conformidad entre el Ministerio Público y el abogado del compañero sentimental de la lideresa regional.
Esto es directamente falso, ya que fue el diario El mundo quien reveló la existencia de un posible acuerdo de conformidad con la publicación del correo manipulado, justo un día antes de la emisión del comunicado de prensa. Todo ello quiere decir que si las negociaciones ya eran conocidas por un el denominado “acuerdo de conformidad” por el artículo de la derecha mediática, la existencia de tal pacto no se correspondía con un secreto y no había sido revelado.
En esas, hay que destacar que Ribón solamente actuó en los tribunales contra la emisión de la nota de prensa, no contra la verdadera filtración que, ha quedado demostrado, beneficiaba a González Amador de forma engañosa. No pasa desapercibido que en aquellos meses se estaban produciendo asimismo filtraciones del caso Koldo, en el que los informadores sí las estaban recibiendo de manera interesada y con documentos que contenían incluso números de teléfonos de abogados o información privada de miembros del Gobierno que no estaban en la causa.
En el transcurso de los meses, la ICAM ha organizado o participado en varias conferencias y charlas sobre la amnistía a los políticos independentistas. Llamaba la atención que, más allá del tema central de los cortijos, las únicas personas invitadas eran exdiputados y antiguos altos cargos del PP, así como jueces conservadores.
El propio decano afirmaba en la sede del colegio que el proyecto de ley de amnistía ponía “en jaque” al “Estado de Derecho”. Eso sí, defendió que las afirmaciones las había realizado desde la “más absoluta neutralidad política”.
Otras polémicas
Entre sus polémicas personales destaca que en los últimos años fue investigado por la posibilidad de que hubiera destinado alrededor de 100.000 euros a pagar la indemnización por el despido del director de los servicios jurídicos cuando se trataba en verdad de un acuerdo encubierto con Pedro Lescure para que dejara la organización con una suma a todas luces ilegal, siempre con la posibilidad encima de la mesa de volver a su puesto en la Abogacía del Estado poco antes de llegar a la edad de jubilación.
Fue acusado de posibles delitos de malversación de fondos o administración desleal, si bien el órgano jurídico entendía como prematuro hacer una atribución de indicios a una persona en concreto. Con todo, abría investigación entendiendo que los hechos narrados por la Asociación Libre de Abogados, quien emitió la denuncia, sí podrían ser constitutivos de actividades ilícitas.
Sea como fuere, el documento ponía de manifiesto el “oscurantismo” de la institución en el marco de la situación. También señalaban que la relación del letrado con el Colegio era buena incluso después de que se produjera el cese, dado que fue invitado a inaugurar unas jornadas por el 50 aniversario de la Ley de Colegios Profesionales.
Ribón ejerce como abogado desde 1997. Ha trabajado como Árbitro de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, Consejero del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información o ponente en más de un centenar de Congresos, Seminarios y Jornadas, según figura en su perfil de Linkedin.