Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso y una de las figuras más influyentes en el entorno de la presidenta madrileña, se ha situado en el epicentro de una crisis política y judicial que amenaza con tener consecuencias de calado. Su nombre aparece repetidamente en las diligencias abiertas contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por un presunto fraude fiscal, y sus declaraciones en sede judicial han abierto un nuevo frente al mostrar contradicciones con las del propio empresario.
El caso comenzó con la investigación a González Amador por un fraude de más de 350.000 euros a la Agencia Tributaria. A raíz de la filtración de un correo electrónico en el que su abogado proponía un acuerdo con la Fiscalía –aceptando los delitos a cambio de una pena de cárcel inferior a dos años y una multa económica–, el empresario fue llamado a declarar. En su testimonio, González Amador aseguró no haber autorizado esa negociación y dijo desconocer que su abogado hubiera enviado dicho correo. Además, afirmó que no fue él quien filtró la información a los medios, sino que se enteró después de que el asunto se hiciera público.
Sin embargo, la versión del jefe de gabinete de Ayuso entra en abierta contradicción con esta línea defensiva. Miguel Ángel Rodríguez declaró ante el juez del Supremo que González Amador sí le autorizó a filtrar el correo del fiscal Julián Salto, en el que se mencionaba el acuerdo. Aseguró que recibió el mensaje por la mañana del 12 de marzo de 2024 y que, tras consultar con el empresario, decidió difundirlo 38 horas más tarde a través de un chat de periodistas. En su declaración, Rodríguez respondió con un claro “sí” hasta en tres ocasiones cuando la Abogacía del Estado le preguntó si había sido autorizado por González Amador para compartir ese material.
Las pruebas documentales aportadas a la causa —incluyendo mensajes, correos y capturas de pantalla— parecen respaldar su versión, lo que abre un interrogante: ¿mintió González Amador al negar haber autorizado la filtración? ¿O fue Rodríguez quien ofreció una versión falsa para cubrirse? Las versiones son incompatibles entre sí y apuntan a que uno de los dos ha incurrido en falso testimonio.
Este escenario ha colocado a Miguel Ángel Rodríguez en una posición muy comprometida. Más allá del debate judicial, el asunto ha cobrado una dimensión política inevitable. El PSOE de Madrid, entre otras voces de la oposición, ha pedido su dimisión inmediata por considerar que ha participado en una maniobra de intoxicación y posible revelación de secretos. Desde la dirección del PP, sin embargo, se guarda silencio absoluto mientras la tormenta mediática crece.
Rodríguez, que ya fue portavoz del Gobierno de José María Aznar y que desde su regreso a la política ha sido considerado el gran arquitecto de la proyección mediática de Ayuso, ha evitado por el momento hacer declaraciones públicas sobre la polémica. Pero la presión aumenta. La posibilidad de que haya actuado como correa de transmisión entre el entorno de González Amador y los medios, en una maniobra diseñada para influir en la opinión pública y desactivar la gravedad del caso, genera inquietud incluso dentro del propio Partido Popular.
Los próximos pasos en el proceso judicial serán clave. Esta semana está prevista la declaración del abogado de González Amador, Carlos Neira, que deberá aclarar si actuó por cuenta propia o con el visto bueno de su cliente. También se tomará declaración a varios periodistas que, según consta, tuvieron conocimiento del pacto con la Fiscalía hasta 36 horas antes que el fiscal general del Estado.
En este contexto, Miguel Ángel Rodríguez no solo deberá responder judicialmente por sus actos, sino también políticamente. Su permanencia al frente del gabinete de Ayuso está cada vez más cuestionada. ¿Puede seguir siendo la mano derecha de la presidenta mientras persisten dudas sobre su papel en este escándalo?