¿Puede una firma decidir entre la vida y la muerte? En marzo de 2020, mientras la pandemia golpeaba con brutalidad las residencias de mayores de Madrid, dos altos cargos del Gobierno regional rubricaban un protocolo que excluía a miles de ancianos de ser trasladados a hospitales. Cinco años después, la justicia ha imputado a ambos por su presunta implicación en la muerte de 7.291 personas. La cifra —ya convertida en símbolo de una tragedia— resurge con fuerza, agitando la memoria colectiva y las demandas de verdad. ¿Debe la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, asumir responsabilidades políticas por aquellas decisiones?
La reapertura del caso ha conmocionado a la opinión pública. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado como investigados a Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, y a su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo. Ambos están implicados en la elaboración y difusión de los conocidos como “protocolos de exclusión”, que impidieron el traslado de residentes mayores con deterioro cognitivo o dependencia severa a hospitales de la Comunidad de Madrid durante la primera ola del COVID-19.
Los documentos firmados por Mur, distribuidos a centros sociosanitarios en marzo de 2020, establecían criterios de triaje basados en la condición física y mental de los residentes. En ellos se recomendaba expresamente que las personas con demencia avanzada o problemas graves de movilidad fueran atendidas en la propia residencia, aunque carecieran de medios adecuados. La medida, defendida entonces por el Gobierno regional como una forma de optimizar recursos en un momento de colapso sanitario, fue desde el principio cuestionada por familiares, sanitarios y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La instrucción judicial parte de una querella presentada por más de un centenar de familias, agrupadas en las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia. La denuncia fue respaldada por la Fiscalía de Madrid, que aprecia indicios de un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria. La decisión del juzgado de imputar a los altos cargos marca un hito: por primera vez, se investigan penalmente las decisiones administrativas que marcaron el destino de miles de mayores en la región más golpeada por la pandemia.
El número 7.291 ha pasado a ser mucho más que una estadística. Es el nombre de un documental, 7291, que recoge testimonios de familiares, trabajadores y expertos. Es también un emblema en las pancartas de manifestaciones que aún hoy recorren las calles de Madrid exigiendo justicia. Y es, sobre todo, una cifra que divide el discurso político. Mientras asociaciones de víctimas denuncian una estrategia deliberada para “ahorrar costes” a expensas de vidas humanas, desde el Ejecutivo autonómico se insiste en que se actuó en un contexto de emergencia, con recursos limitados y sin intención de discriminar.
Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha tratado de desmarcarse de la gestión directa de las residencias durante esos meses. Ha calificado los hechos como “anécdotas puntuales” y ha cuestionado incluso la cifra de fallecidos, reduciéndola a 4.100. Sus declaraciones han avivado la indignación de las familias, que denuncian una política de “negacionismo institucional” y de falta de reparación moral. La oposición, por su parte, acusa a Ayuso de liderar una comunidad con el menor gasto sanitario por habitante de toda España, con 1.482 euros previstos para 2025, frente a los 1.944 de la media nacional.
En este contexto, el debate sobre la responsabilidad política y ética vuelve a estar más vivo que nunca. ¿Fue negligencia, discriminación o una combinación de ambas? ¿Puede la gestión de una crisis sanitaria justificar la exclusión de determinados colectivos del acceso a la sanidad pública? ¿Hubo alternativa?