Una empresa reclama por la vía judicial 4,5 millones de euros al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el impago de mascarillas y otro material sanitario durante la pandemia del Covid. Si bien todavía cinco años después siguen saliendo a la luz casos de compañías que se enriquecieron ilícitamente en lo peor de la pandemia, también lo hacen ejemplos en el otro extremo, de firmas que encuentran agujeros en sus cuentas porque no recibieron el dinero.

Este podría ser el supuesto de Care Quality Service Health SL (CQSH) que, según adelanta este jueves El País, dejó de percibir el montante indicado económico indicado por sus servicios. La empresa alega que el Ejecutivo con sede en la Puerta del Sol les contactó por su experiencia en el sector y que, después de firmar el contrato y de comprar la mercancía en China, los responsables madrileños les dejaron “en la estacada”, sin poder embarcar en uno de los aviones que por aquel entonces fletaron los ‘populares’, en contra de que lo que les habían prometido. Pese a ello, encontraron un transporte alternativo para poder realizar el encargo y entregar el material.

La empresa asevera que debería haber recibido el dinero antes de 60 días, pero lamenta que, todavía en la actualidad, no le ha llegado. Asimismo, indica que Enrique Ruiz-Escudero, entonces consejero de Sanidad, sabía de la situación porque la misma firma le contactó. El responsable del departamento sanitario no ha dado su versión sobre los hechos al periódico señalado en el momento de redacción de este artículo.

Asepal, patronal que representa a un centenar de empresas del sector de los equipos de protección individual (Epis), dice que se trata poco menos que de un caso aislado. Para más precisión, apunta que desconoce otros supuestos.

El equipo de la presidenta hizo caso omiso

El escrito de conclusiones de CQSQ, al que ha tenido acceso El País, expone que fue un alto cargo del Gobierno de Ayuso el que contactó con ellos. Se trata de Manuel de la Puente, persona encargada entonces de buscar proveedores ante la situación de extrema urgencia.

Después de varios días de negociación, el responsable de contactar con las compañías envió a la que ocupa este artículo un “acuerdo de contratación” el 26 de marzo de 2020 que conocían otros altos cargos de la Comunidad, como la subdirectora general de contratación, Susana Álvarez. También disfrutaba del amparo de otra empleada del departamento, Mercedes Álvarez.

En el documento emitido por la firma, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) reclamaba el suministro de 204.000 mascarillas de tipo FFP2, 50.000 de tipo FFP3 y 100.000 trajes de protección, material valorado en 5,6 millones de euros y que debía aterrizar en la capital de España en abril.

"Transportado con el transporte concertado de la Comunidad de Madrid"

Nada más lejos de la realidad, y a pesar de que Madrid se comprometió a que el producto fuera “transportado desde China a España con el transporte concertado de la Comunidad de Madrid”, cuando el fabricante chino intentó cargar la mercancía en el avión autonómico que debía haber despegado desde Shangai, no pudo hacerlo.

Los empresarios mantuvieron al tanto a De la Puente de la evolución de los productos entre el 1 y el 4 de abril, con informes recurrentes en el transcurso de esos días. De hecho, el 4 de abril confirmaron desde la empresa que el material estaba listo para enviarse a Madrid, pero nunca obtuvieron respuesta.

Al encontrarse con las puertas del avión cerradas, la empresa -según indica- se tuvo que buscar la vida de urgencia para que los productos llegasen a Madrid, optando a un almacén y avión alternativos. Los empresarios demandan el daño -"un roto"- que les hizo esta situación, ya que dejaron más de 40.000 trajes de los que habían adquirido sin vender.

El producto aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el 30 de abril, y el 5 de mayo CQSH lo entregó en el pabellón 10 de Ifema, el hospital de campaña que durante esos días levantó la región de Ayuso y que también arrastra polémica.

La deuda podría alcanzar los cinco millones de euros

La Comunidad no rechazó de ninguna manera la mercancía, según la compañía, pero tampoco la pagó. Y, tas “múltiples intentos y requerimientos de cobro”, los dirigentes de la firma presentaron una demanda en 2021 por la que reclaman 4,5 millones de euros (2’8 por el material, 1’3 por daños y perjuicios y 288.236 por intereses de demora hasta la fecha de la demanda que podría aumentar si la sentencia es favorable a la parte denunciante).

La Comunidad de Madrid se limita a guardar silencio porque el tema está en manos de la Justicia, pero alega en su defensa que el acuerdo obedecía a un “prepedido” que después se modificó, anulando así lo solicitado en primera instancia; un cambio del que la empresa no habría recibido información, según emplazan los encargados de enviar el producto.

En lo que respecta al transporte, el Ejecutivo indica sin prueba alguna que no se había comprometido a nada en este sentido, mientras que los empresarios resuelven que la autonomía prometió que los productos serían “transportados desde China a Madrid con el transporte concertado de la Comunidad de Madrid”. También defiende la región que el material que al final les llegó no era el que habían pedido, pero la CQSH contrapone que nadie les objetó nada.

Cliente conocido

Todo a la vez que CQSH era una marca conocida por la región en tanto en cuanto había cerrado acuerdos con la región con anterioridad. De esta manera, en 2017 habían firmado la concesión de una veintena de suministros para el Hospital Ramón y Cajal. 

A pesar de la credencial de la que disfrutaba frente a otras empresas que aquellos días aparecieron como de la nada, esas 'desconocidas' sí recibieron el dinero, mientras que la empresa protagonista de esta publicación no ha visto un céntimo a día de hoy.