Seis públicas y catorce privadas. Estas son las cifras más claras que reflejan la realidad universitaria en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Con ellas, el puzle se completa con el impulso de su Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), por la cual se consolida su predilección por el modelo privado, tal y como viene denunciando el Gobierno central -por el consiguiente rechazo del Ejecutivo madrileño al decreto estatal- y sindicatos educativos.
El sistema universitario madrileño cuenta con el 22,4% de todo el volumen del alumnado universitario de España, siendo más de la mitad de este porcentaje los que cursan en centros públicos, lo que denota la asincronía con la proliferación de centros privados de estudios superiores en la región. Y es que, al tiempo, la cuestión es aún más profunda sabiendo que Madrid es la comunidad que menos dinero destina a la pública pese a ser la región más rica de España; por ende, las cifras son distintas y las mejoras muy escasas, al invertirse 5.467 euros por alumno.
Ahondando aún más en ello, otra prueba más radica en que el Ejecutivo de Sol ha aumentado en sus presupuestos para la universidad un 43,7 millones de euros y, aunque sigue siendo insuficiente, cabe recordar que el primer planteamiento era de un 0,9% del total de las cuentas públicas.
Encauzando un camino distinto al trazado por el Gobierno central en materia de universidades, Díaz Ayuso, con su normativa regional que prevé poner en marcha a finales de este 2025, pretende crear un distrito único de prácticas, compartir compras y servicios a las universidades y contar con un nuevo sistema de financiación plurianual, básica y por objetivos. De la misma manera, se pretende unificar en uno, y según avanzan de forma “pionera”, las universidades y la investigación científica, la FP superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas, y las escuelas de negocios.
En su discurso de este lunes, Ayuso ha confirmado que el modelo de financiación se vertebrará en tres pilares: una básica, para personal e inversiones; otra por necesidades específicas, como infraestructuras; y una tercera por objetivos. Así, el Gobierno regional cubrirá hasta un 70% de la financiación, mientras que el 30% restante lo tendrán que obtener de fuentes privadas.
Con este telón de fondo, tanto sindicatos educativos como el Gobierno central, así como formaciones políticas regionales, se han postulado a la contra de los planteamientos que impulsará el Ejecutivo de la Puerta del Sol.
El Gobierno avanza que hará “frente” a la ley de Ayuso
Debido a la confrontación directa de Sol con Moncloa, voces del Gobierno central han reaccionado a esta nueva ley que cambia el modelo estatal de las universidades. Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha garantizado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “va a hacer frente” a la normativa regional de Ayuso.
"Yo no voy a hacer como ella, no voy a decir que voy a recurrir algo que todavía no está escrito, pero le adelanto que el Gobierno de España también le va a hacer frente a su nueva Ley de Universidades. Ayuso hoy ha presentado su ‘ayusazo’, que es un tijeretazo en toda regla a la universidad pública", ha señalado este lunes Morant en declaraciones a los medios antes de presidir el Pleno del Consejo de Universidades en la Facultad de Educación de la UNED.
A su vez, la ministra ha lamentado que la dirigente madrileña, cada vez más, tiene “un plan menos oculto de privatización de la universidad” de su comunidad: “Con esa asfixia generalizada que lleva la universidad pública aquí en la Comunidad de Madrid, lo único que está haciendo a las claras es privatizar el sistema. Por una parte, machacando el sistema con una infrafinanciación y, por otra, abriendo las puertas a las universidades privadas. Para que la gente lo sepa, hay seis universidades públicas en la Comunidad de Madrid y trece universidades privadas”, ha ahondado.
En otro orden de ideas, y siguiendo la misma estela, se ha pronunciado el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha acusado a Ayuso de querer “acabar con la autonomía universitaria” mientras consolida el “mayor ataque a la pública”.
El también secretario general del PSOE-M ha advertido de que su formación luchará “por tierra, mar y aire” contra el “’ayusazo’ universitario” al verse así recortado “el principal motor de la igualdad de oportunidades”: "A pesar de eso, quiero dejar alto y claro que las universidades públicas madrileñas son extraordinarias. A pesar de esos ataques que están recibiendo por parte de la Comunidad de Madrid", ha añadido López, quien ha afirmado que el proyecto del PP de Ayuso es "intervencionismo puro" y "nombrar comisarios políticos en la universidad pública".
"Privatización, infrafinanciación y sin diálogo"
Bajo el mismo telón de fondo, las protestas de los sindicatos madrileños se han encauzado en la misma dirección. CC.OO, UGT y CGT consideran que la ley universitaria de Ayuso fomenta “la privatización de la educación y agrava la infrafinanciación” al estar elaborándose “sin diálogo” por parte de los agentes sociales.
La privatización de la educación superior es una de las principales quejas de sindicatos y organizaciones. Así lo detalla el portavoz de CGT Álvaro Briales, para quien se está produciendo una "progresiva elitización, mercantilización y privatización de la universidad pública madrileña". "Van a tener que mercantilizar y especular con su patrimonio histórico para poder financiarse", ha criticado, en referencia al anuncio de Ayuso de este lunes.
En este sentido, el portavoz de universidades de CC.OO., Jesús Escribano, ha puesto el foco en la intención del Gobierno regional de establecer un distrito único de prácticas, lo que "facilita a los centros privados que sus estudiantes puedan hacer prácticas en centros públicos en igualdad de condiciones con las universidades públicas". "Es otro elemento más para consolidar la privatización y seguir facilitando a las universidades privadas su funcionamiento", ha añadido.
Por su parte, el portavoz de universidades de UGT, Javier Becerra, ha incidido en que la Lesuc propone "un modelo que desdibuja lo público, potencia el papel del mercado y abre la puerta a nuevas formas de privatización y desigualdad educativa". "Favorece la entrada de lógicas de mercado y no impide la subordinación de lo académico a intereses privados", ha añadido.
"La Comunidad de Madrid infrafinancia a sus universidades públicas y lo lleva haciendo muchos años. Se han perdido más de 1.200 millones de euros, desde el 2011 hasta hoy, que se deberían haber incorporado a los Presupuestos de las universidades públicas y no se ha hecho", advierten desde CCOO.
A su vez, los sindicatos han acentuado el problema en la falta de diálogo, ya que la afirmación de la presidenta regional de que la normativa se ha consensuado “con todo el mundo” dicen que es “claramente falsa”, por lo que reclaman una “participación real de la comunidad universitaria en su Gobierno y planificación” para acometer estas modificaciones de calado.