La guerra de las educadoras infantiles por las mejoras de sus derechos laborales ha llegado este martes al Parlamento Europeo. Las profesionales han teñido de camisetas amarillas la sede continental en el marco de unas ponencias sobre precariedad laboral y cuidados, llevando así la batalla fuera de España.

Rosa Marín, responsable de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha contado en el día de hoy a ElPlural.com que su asistencia se corresponde con una suerte de charlas para poner en valor un campo en el que normalmente trabajan las mujeres y cuyo sueldo se limita al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

“Hay que poner en valor el sector de los cuidados porque son vitales. Sin ellos, se paraliza la producción”, deja claro un rostro que, de un tiempo a esta parte se ha convertido en mediático. Destaca, no solo su gremio, sino también cualquier otro que cuide de las personas de cualquier edad en un sentido sanitario, social, etc; y ya sea a domicilio o de cualquier otra manera. “En nuestro caso, son cuidados en esa primera fase tan importante de la vida”, recuerda.

Una huelga que empezó en abril

Las educadoras infantiles llevan desde abril trabajando con servicios mínimos en las escuelas y movilizándose en las calles cada semana, repitiendo en espacios como la Puerta del Sol. Las trabajadoras reprochan la pasividad de las instituciones, especialmente de la Comunidad de Madrid y su consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo que, dicen, no ha atendido en este tiempo a sus peticiones.

Son varias las reivindicaciones que quedan encima de la mesa con la llegada del verano, mientras que las educadoras tienen que trabajar todavía muchas de ellas las próximas semanas. Una de las reclamaciones más conocidas es la que tiene que ver con la prórroga de contratos, y es que desde la parte damnificada critican que el número de las que no habían sido formalizadas era indeterminado, pese a lo estimado por el delegado de Área de Gobierno de la Comunidad de Madrid, José Fernández Sánchez. Según las educadoras, mintió al sostener que estaban formalizadas esas prórrogas y no podían anularse.

Todavía contra las prórrogas, las profesionales 0-3 presentaron un recurso administrativo en contra de las ampliación de los contratos de las compañías que gestionan las escuelas. Según ellas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, había aprobado cerca de 40 prórrogas que conducían a la “precariedad más absoluta” al sector.

En otro orden de cosas, ponen de manifiesto históricamente y con más fuerza el tema del salario, y es que se mantienen percibiendo el SMI cuando, defienden, deberían cobrar 1.518 euros al mes desde septiembre. Este hecho al guardar relación con esas prórrogas está directamente relacionado con lo anterior, y es que quienes exigen mejores condiciones reconocieron haber recibido coacciones por parte de empresas encargadas de gestionar los centros después de que el Consistorio filtrara sus datos personales.

Los sindicatos denunciaban hace una semanas la publicación de numerosos acuerdos firmados entre la Consejería de Educación y varios municipios, blindando con ello a sus espaldas acuerdos monetarios.

“Desde este sindicato denunciamos públicamente que la Comunidad de Madrid ha adelantado y acelerado mediante dichas adendas la firma durante la huelga indefinida (…) En el BOCM se ha comenzado a publicar en mayo, pero las firmas de dichas enmiendas comenzaron pocos días después del inicio de la huelga”, emitió CGT, uno de los sindicatos que ha apoyado las protestas junto a CCOO, UGT, USO o FSIE

Entre los logros de las educadoras en su lucha destaca que la Consejería de Educación cedió a implantar la pareja educativa en las escuelas de gestión directa e indirecta de la Comunidad de Madrid.

¿Esto en qué se traduce? Previsiblemente, en una reducción del número de niños por educadoras en las aulas a partir del próximo curso en la totalidad de las escuelas. Esto lleva a otra de las peticiones: disminución de las ratios, que actualmente se ubica en una veintena de alumnos por aula.

La plataforma ha insistido en todo este tiempo en que Zarzalejo firmase los compromisos, pero la consejera siempre se ha escudado en la falta de capacidad legítima de la misma.

La movilización rebasaba los términos regionales y se situaba en el ámbito estatal después de que el pasado 7 de mayo, el primer ciclo de Educación Infantil viviera su primera jornada de huelga en el Estado.

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