El sistema educativo de la Comunidad de Madrid lleva mucho tiempo en tela de juicio, aunque seguramente alcanza uno de sus momentos más delicados esta semana, cuando se ha dado a conocer el cese de Emilio Viciana como consejero de Educación, demostrando así que la Ley de Universidades que planteaba la administración Sol resultó ser un fracaso, tal y como venía denunciando la comunidad universitaria.
Sin embargo, las deficiencias en el esquema regional en este ámbito se dejan ver a todos los niveles. De la falta de plazas para alumnos de Formación Profesional (FP), a las condiciones en las que los docentes dan clase y los estudiantes aprenden, entre ellas las infraestructuras, en muchos casos vergonzosas. Así las cosas, la región capital acumula varias asignaturas pendientes, entre las cuales se encuentra también la educación especial.
En Madrid son demasiadas las familias que tienen que renunciar a matricular a sus hijos en la escuela pública por no disponer de los recursos necesarios para que éstos suplan sus necesidades. El pasado martes, ElPlural.com se hacía eco de un caso que la Autonomía perdió en los juzgados y por el que tuvo que indemnizar a la parte damnificada con 20.000 euros.
Estos hechos encuentran su origen en 2019, cuando la Dirección de Área Territorial (DAT) Oeste impidió la matriculación de un alumno en colegios ordinarios en contra de la voluntad de su entorno. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) delimitó que se habían vulnerado los artículos 14 y 27 de la Constitución, referentes a la igualdad y el derecho a la educación.
Misma situación en otras partes del mapa
No obstante, no es un asunto que afecte solo a una zona del mapa madrileño. Este periódico ha podido conocer de primera mano cuál es el escenario en otras partes del territorio, como la DAT Sur, donde se encuentran muchos de los barrios históricamente obreros de Madrid.
Nos atiende al otro lado del teléfono Raúl Fernández, secretario general de la sección sindical Sur de la Federación de Enseñanzas de Comisiones Obreras (CCOO), quien ejemplifica los problemas devenidos de la falta de financiación por parte de la Consejería en el aspecto que ocupa este artículo: “Hemos tenido casos especialmente graves en atención a la diversidad y en procesos que ocurren en un montón de centros educativos que, lamentablemente, son relativamente usuales, como puedan ser el bullying”.
Fernández pone el acento en los espacios académicos que atienden, sobre todo, a alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). “No han recibido más medios para tratar y trabajar con niños con necesidades especiales respecto a otros colegios, sino que hay centros con el mismo número de profesionales terapéuticos y compañeros de audición y lenguaje que el sitio de al lado”, explica.
De esta manera, mientras alude a una “presión brutal” sobre los lugares y una “incapacidad absoluta” por parte de la administración pública, pone sobre la mesa que al inicio del curso pasado había colegios que empezaron a impartir clase con dos tercios de la plantilla. “Por ejemplo, en Móstoles necesitaban 27 técnicos especialistas y empezaron con 18 o 19”, concreta.
En la misma línea se pronunciaban otras voces, en este caso de asociaciones, como Laura Abadía, de Segundo Maestro, o Fernando Mardones, de CONFAPA; la Confederación Autonómica de AMPAS y FAPAS de Madrid. La primera, que había llevado el caso del chico cuya matriculación impidieron durante un año, emplazaba a la Consejería, ya de Mercedes Zarzalejo, a cumplir la ley.
“La Comunidad de Madrid debe respetar el derecho a la educación de todos los alumnos, independientemente de su condición”, advertía, dirigiéndose a la ley del 2002 de la región, de la libertad educativa, que contempla esta máxima: “Tendrían que respetar a las familias de los niños con discapacidad. Lo mismo que a las familias de los niños que no la tienen. El Derecho es igual para todos, y todos tienen los mismos derechos”.
Es esa dirección apuntaba también Mardones, que situaba en una decena o veintena de denuncias las llegadas a su entidad por esta razón -Abadía elevaba la cifra a alrededor de 25 en el último año-, sin contar los que no se comunican, por lo que la cifra parece más elevada. “A veces nos llega una familia, por ejemplo, con un chaval que tiene síndrome de Down, y no matriculan a su hijo en el colegio del barrio porque carece de recursos. Es que ni lo intentan, porque saben que no van a poder atenderle como deberían”, indicaba, aparentemente disgustado.
La solución inmediata de las familias para revertir esta situación pasa por apelar a la Justicia, mientras que la obligación de la Comunidad de Madrid es ponerse cuanto antes manos a la obra para que las discriminaciones se reduzcan hasta desaparecer.