La Comunidad de Madrid, al choque nuevamente con Europa en materia de Educación. Los actores educativos avisan que la situación actual es “de emergencia” y alerta del “riesgo de colapso” debido a los procesos de estabilización del profesorado que está llevando a cabo la región.
En una queja remitida a ElPlural.com, Comisiones Obreras (CCOO) lamenta que la autonomía ha llevado a cabo “mal y tarde” esta actuación sobre el personal docente, rechazando hacerlo como rigen el Estado y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
“El Gobierno de España fue obligado por la Unión Europa (UE) a estos concursos de estabilización, debido a que la temporalidad en la función pública era demasiado elevada. Como muchas de estas categorías profesionales están transferidas a las comunidades autónomas, son éstas las que tienen que realizar los concursos”, explica el sindicato en una nota de prensa.
En el momento de redacción de estas líneas, hay más de 150 procesos de estabilización abiertos que afectan a unos 3.500 trabajadores educativos, según la estimación de los sindicatos. Los mismos denuncian el retraso en los procesos que, indican, comenzaron tarde -en el último trimestre de 2021- y tendrían que finalizar el último día de este año, pero no va a ocurrir debido a que, insiste CCOO, “hay varios profesionales judicializados por problemas de baremo o en los exámenes, y porque aún no hay listas definitivas ni lista de los centros donde se tiene que incorporar los profesionales”.
Así las cosas, arremeten contra “los distintos gobiernos de Ayuso” por “haber rechazado la estabilización de los empleados públicos y el cumplimiento de las normas aplicadas por el gobierno de España” y hablan de “negacionismo” en una doble dirección -dado que la cuestión, reflejan, compete a la Consejería de Educación pero también a la Hacienda- hacia las directrices marcadas por el Ejecutivo Central y el del continente.
Este “doble negacionismo” se debe a que, al margen de la cartera de Emilio Viciana, es la de Hacienda la que se encarga de impulsar los procesos; y esta “ha rechazado de manera explícita tener en cuenta las características y necesidades de los profesionales y de su alumnado” en lo que respecta a “la especialización de los temarios, en los exámenes, en los baremos y en los plazos de resolución de los procesos”. “Tampoco han considerado que algunos perfiles no habían tenido nunca una convocatoria de oposiciones, o que otras llevaban 35 años sin tenerlas”, amplía la responsable de la Federación de Enseñanza del sindicato, Isabel Galvín.
Comisiones alerta de una “situación muy delicada” que tildan incluso “de emergencia”, debido al alto número de profesionales a los que afectan los procesos y a los que hay que añadir otros 1.000 por el concurso de traslados. Con el escenario actual, el agente social emplaza a “subsanar de oficio los errores y adaptar los procesos a los tiempos escolares, llevándolos a principios del próximo curso” y es que, de lo contrario, “muchos niños y niñas van a perder a mitad de curso su profesional de referencia”: “Claramente, el derecho a educación de estos menores está en riesgo (…) La única posibilidad -para revertir la situación- es que se terminen los procesos a finales del presente curso para que los centros cuenten con toda la plantilla al inicio del siguiente”.
“Es un desastre (...) solo busca confrontar con el Gobierno”
Comisiones Obreras lamenta que el único objetivo de la autonomía liderada por Sol sea el de “confrontar con el Gobierno de España”. Como resultado, acentúan, el Ejecutivo ‘popular’ ha llevado a cabo un proceso “a desgana” con “errores graves” y temarios y exámenes mal expuestos. “Es un desastre”, expresa Galvín.
Los grupos que se ven afectados por la decisión de Sol son prácticamente todos los del ámbito educativo, entre los que se incluyen los Técnicos de Integración Social (TIS), fisioterapeutas, auxiliares de control; entre otros. En detalle, estima CCOO, se encuentran afectadas 340 plazas de TIS, 198 de fisioterapeutas, 572 de enfermeros y enfermeras, 544 de técnicos y técnicas especialistas III, 946 auxiliares de control y 1.248 auxiliares de servicios.
Por sectores
De los mencionados anteriormente, toda la plantilla de TIS es temporal y se dan situaciones que dejan, por ejemplo, a personas con 17 años de servicio que han recibido un cero de baremación. Es decir, que de nada les sirve la antigüedad ni los méritos. “Es un error sangrante”, dicta Galvín.
Si bien Función Pública ha corregido algunos fallos, mantiene otros como el relativo a los fallos del programa informático desarrollado por la propia administración -en estas, el sindicato destaca que no es el primer error de bulto por temas informáticos que comete la Comunidad- que, en última instancia, evita que se tengan en cuenta cuestiones como la antigüedad.
En lo que respecta a los Fisioterapeutas, no se convocan oposiciones desde principios de los 90, lo que a todas luces supone un “fraude de ley continuado”. Sobre ello, Galvín reproche que los y las profesionales lleven tres décadas “sin ninguna solución” y que “ahora que la administración tiene que rectificar por presiones de la UE, se ha organizado un proceso totalmente injusto” basado en unas oposiciones de libre concurrencia que, “si bien tiene una fase de méritos, hay que superar dos pruebas escritas eliminatorias para llegar a la fase final; como sucede en cualquier otro tipo de oposición”. De nuevo, se hace caso omiso a la experiencia laboral de décadas.
En resumen, la administración pública intenta consolidar las plazas, emite el sindicato, pero no así al personal con una holgada trayectoria. Mientras tanto, bastantes de los puestos salen como fijos discontinuos a la vez que el proceso se realiza “sin recurso de alzada; y mandando a los y las trabajadoras directamente a los Juzgados de lo Social, saturando todavía más a la justicia”.
La situación de los técnicos especialistas III, encargados de promover la autonomía personal y social de los estudiantes con necesidades educativas especiales (ACNEE) no es muy diferente. En su caso, no se celebran oposiciones desde 1999, año en que el cuerpo pasó a ser competencia de la Comunidad. Lo único que se ha celebrado desde entonces es un proceso de estabilización únicamente para 11 puestos de trabajo al que solo se han podido presentar 35 personas.
Tan o más desesperante, lamenta CCOO, es el caso del personal de enfermería, donde ni siquiera ha habido un concurso de estabilización propio; sino un proceso de oposiciones en el que había que superar unas pruebas eliminatorias para poder acceder a la fase final. En números, solo un 15% de los aprobados son de estabilización. Para más inri, aquí también se repiten las quejas de que los temarios no se ajustan a lo que luego es la realidad laboral de los centros.
Por último, en lo que respecta a educadores infantiles, en un principio se ofertaron 187 plazas aunque la cifra total quedó en 408. Pero la administración repite los mismos errores: “Los méritos por haber trabajado muchos años para lo público vienen al final de todos los demás exámenes”. Asimismo, tampoco en este caso ha existido un proceso de estabilización propiamente dicho.
Por todo ello, y asegurando la cobertura jurídica a las personas afectadas, sindicatos y actores educativos saldrán a la calle este jueves por la tarde. “Es un enorme perjuicio a los docentes afectados, su alumnado y a los centros (…) En definitiva, al conjunto de la educación pública”, apostilla la portavoz.
Más de 4.000 firmas
A la concentración hay que sumar que este jueves se presentan en la Consejería más de 4.000 firmas en papel -aunque hay otras miles en otros portales- de familias de Educación Infantil solicitando que se adopten medidas para evitar el cese de educadores y técnicos que atienden a alumnado de educación especial en enero por el proceso de estabilización iniciado a partir de una sentencia del TJUE de junio de 2021.
Desde el PSOE de Madrid (PSOE-M), también lo tienen claro: "Supondrá un cambio de profesionales a mitad de curso y un nuevo proceso de adaptación con el consiguiente perjuicio para los niños/as y el alumnado y las familias".
