Los grandes ayuntamientos de Madrid afrontan una carencia de medios que limita su capacidad para controlar y fiscalizar internamente el uso del dinero público. Esta es la denuncia que realizan los interventores de los consistorios, según la información recabada por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. El diagnóstico afecta a municipios de todos los tamaños, ya que el 82,1% de los órganos de intervención que remitieron datos al fiscalizador asegura no disponer de recursos humanos y materiales suficientes para ejercer sus funciones. De ellos, el 72,8% trasladó además esta circunstancia al pleno municipal.
La situación de los municipios de más de 100.000 y 200.000 habitantes (como serían, por ejemplo, Móstoles, Alcalá de Henares, Alcorcón o Leganés) contrasta con la de Madrid capital, único gran ayuntamiento que declara contar con medios suficientes para desarrollar plenamente estas tareas de control. En el resto, las carencias tienen consecuencias concretas. El Ayuntamiento de Pinto, por ejemplo, reconoce que su personal es “escasísimo” y que no ha aumentado en dos décadas, pese a que los trabajos se han más que duplicado y el presupuesto municipal prácticamente se ha multiplicado por dos, además de incorporar la gestión de los fondos europeos Next Generation.
La falta de efectivos llevó a Pinto a no remitir en plazo a la Cámara de Cuentas la información de control interno correspondiente a 2023 y 2024. El consistorio atribuyó el retraso a la insuficiencia de recursos humanos en el área de intervención. No se trata, sin embargo, de un caso aislado. En 2025, solo el 49,1% de los órganos que aportaron información elaboró el informe anual de control interno. El porcentaje cae al 22,3% en el caso de los planes anuales de control financiero y al 11,6% cuando se trata de planes de acción destinados a corregir deficiencias.
El problema se hace especialmente visible en algunos de los municipios más poblados. Sin contar Madrid capital, las unidades de intervención tienen una media de cinco integrantes, pero casi una de cada cinco plazas estaba vacante al recabarse los datos. Entre ellos, por ejemplo, Leganés, con 195.734 habitantes, disponía de 11 puestos, de los que solo seis estaban ocupados. En Getafe, con 193.238 habitantes, había nueve ocupados de un total de 14, mientras que Pozuelo de Alarcón contaba con cuatro personas para nueve plazas.
Ante este escenario, la Cámara de Cuentas reclama reforzar los órganos de control interno, tanto con funcionarios de habilitación nacional como con personal de apoyo. El organismo fiscalizador subraya que es necesario garantizar su independencia, capacidad técnica y efectividad para que puedan fiscalizar correctamente las cuentas y decisiones municipales. Además, recuerda que la legislación permite recurrir a convenios con la Intervención General de la Administración del Estado como mecanismo de apoyo y asistencia a las corporaciones locales.
El interventor, el filtro que vigila cómo gastan los ayuntamientos el dinero público
Los interventores municipales son una de las principales barreras de control frente a un uso irregular de los fondos públicos. Su función no consiste en decidir qué políticas debe desarrollar un ayuntamiento ni en valorar si una determinada inversión es conveniente desde el punto de vista político. Su cometido es comprobar que la gestión económica y presupuestaria de la Administración local se ajusta a la legalidad y a las reglas de buena gestión financiera. La normativa reserva estas funciones a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Su trabajo comienza incluso antes de que se produzca un gasto. La llamada función interventora permite fiscalizar previamente los actos, expedientes y documentos que puedan generar derechos u obligaciones económicas para el consistorio. Esto incluye la autorización y aprobación de gastos, el reconocimiento de obligaciones, los ingresos y los movimientos de fondos. También deben comprobar, antes de ordenar un pago, que se cumplen los requisitos legales y que el acreedor ha realizado la prestación correspondiente.
La labor no termina cuando se da el visto bueno a una operación. El control interno también comprende el control financiero, mediante el que se analiza el funcionamiento económico de los servicios municipales y se comprueba que la gestión responde a principios como la eficacia, la eficiencia, la economía y la transparencia. Este control puede incluir auditorías, revisiones de operaciones concretas, análisis de los procedimientos administrativos e incluso comprobaciones materiales para verificar que una obra, servicio o suministro se ha realizado efectivamente.
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