Los altos cargos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso presuntamente implicados en los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidieron el traslado de residencias a hospitales de la región, se someten este martes a su quinto procedimiento judicial.
En este caso, los tres están citados en calidad de imputados en un proceso devenido de la querella presentada por Concha Quirós, cuya madre vivía en la residencia Manoteras de la región durante la primera ola de la pandemia, en la primavera de 2020. En vísperas de una convocatoria que se antoja clave, expresa un único deseo a ElPlural.com: “Que salgan ya los nombres de Ayuso y de Enrique Ossorio (ex consejero de Sanidad)”.
La querellante pide que “dejen de taparse unos a otros” y, más allá de la cita en los juzgados, pide respeto a la responsable de Madrid después de que ésta se refiriera a estos centros como una “plataforma de frustrados”. “Anda -la presidenta- buscando funerales a los que asistir y a las víctimas de las residencias no solo nunca les ha hecho ninguno, sino que está muy lejos de pedir perdón”, indica.
“Somos los que hemos enterrado a nuestros familiares sin ni siquiera saber a veces si eran ellos. No hemos sabido cuándo enfermaron, se nos ha mentido (…) Nos decían que no tenían ni un caso y, en mi caso concreto, de repente me dicen que a mi madre se la bajan para la extinción”, relata, rememorando aquellos días. “¿Cómo se lleva todo esto?”, pregunta.
Que dejen de taparse unos a otros
Así, deja claro que ellos “no están llenos de odio”, sino “de preguntas y de dolor”. “Procuro no acordarme de eso, pero siento una impotencia tremenda cada vez que veo a Ayuso hablando en la Asamblea y recriminándonos, porque lo que está haciendo no tiene nombre”, añade. “No me dejaron ni ver a mi madre, ni hablar con ella… Se olvidan de que somos las víctimas de toda esta locura”.
En varias ocasiones, remite que lo único que quieren este martes es que “empiecen a hablar de verdad, que reconozcan que han cometido errores y muy graves”. “Entendemos que hay cosas que no se sabían”, comprende. “Lo que no aceptamos es que nos insulten y se nos ningunee”, evidencia, apuntando también al ámbito judicial: “Desde el principio la fiscal Almudena Lastra dijo que no había causa, cuando conocemos que hubo 7.291 víctimas, que se sepa. Claro que hay causa, lo que no hay es vergüenza”.
Cronología judicial
En la presente ocasión hablan Carlos Mur como firmante de los triajes, Francisco Javier Martínez Peromingo como ideólogo de estos documentos, y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Covid del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112).
El juzgado de Instrucción número 37 de Madrid investiga la querella mencionada. En ella se acusa a los investigados de la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias.
Hasta el momento, en mayo Mur y Peromingo tenían que comparecer como imputados en el Juzgado número 3 de Madrid, pero las declaraciones se suspendieron después de que los investigados alegasen que no se les había dado traslado de las actuaciones. Un mes después el Juzgado de instrucción número 6 de Leganés suspendió las declaraciones al decidir inhibirse en favor del mencionado juzgado, entendiendo que éste “estaba investigando con anterioridad los mismos hechos”.
En diciembre, Mur estaba citado, pero no declaró, sino que hizo lo propio el pasado 26 de enero por videoconferencia y desde Andorra. Un día después, Peromingo hizo lo propio. Lo mollar de sus comparecencias pasó por echar la culpa al otro. Entretanto, este 10 de febrero será la primera vez que Busca comparece ante un juzgado.
En octubre, familiares de más de un centenar de residentes de 72 geriátricos hicieron pública una nueva querella contra la Comunidad de Madrid por la gestión de la pandemia en estos espacios. De esas más de cien, cinco ya han derivado en citaciones judiciales para declarar.
Desde Marea de Residencias valoran que Mur se abriera por primera vez en sede judicial a sus superiores en el departamento sanitario, pero lamentan el oscurantismo con el que hablan más de cinco años después. “Ayuso tiene que dejar de esconderse tras sus insultos a las víctimas y explicar a toda la sociedad madrileña por qué tomó esta decisión, que afectó a la vida y la salud de miles de residentes madrileños”, solventan.