El año 2026 mantiene la investigación en curso sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por posible fraude fiscal, falsedad documental, corrupción en los negocios, pertenencia a organización criminal y administración desleal en distintas causas.
El informe de la Agencia Tributaria contempla que la empresa Maxwell Cremona registró un aumento de sus ingresos a través de la intermediación en una operación de venta de material sanitario en 2020, el primero de la pandemia del Covid. No obstante, este apartado siempre ha resultado controvertido dentro de la familia de la administradora de Sol, desde sus padres o su hermano, hasta ella misma.
A principios de esta semana, salía a la luz que la presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene la segunda sociedad a su nombre registrada en su domicilio del distrito de Chamberí, Ayuso Lahoz S.L, dedicada precisamente a la compraventa de material sanitario.
Previamente, había trascendido el cierre de Sismédica S.L, dedicada a lo mismo y que adelantó en exclusiva ElPlural.com en noviembre de 2023. Ahora, la información de ElConstitucional.es recoge el registro de la firma en su nuda propiedad con “indicios de inactividad”, persistiendo sus obligaciones tributarias, tal y como se desprende de Axesor.
Décadas de beneficio
El objeto social de Ayuso Lahoz S.L, es “el comercio interior y exterior, explotación, distribución de aparatos y material fungible y consumibles de equipamiento médico” y en él participaron familiares directos de la política popular como su madre, María Isabel Ayuso Puente.
La progenitora de Ayuso ha recibido de la Comunidad de Madrid a través de Prhoinsa S.A, acrónimo de Proyectos Hospitalarios Internacional, una cantidad ingente de dinero desde que su hija pasó a dirigir la región capital. Concretamente, la Consejería de Sanidad le dio en 2022 más de un millón de euros a través de más de 25 contratos distintos contabilizados por este periódico que podían sumarse a los 925.000 euros que el departamento de Salud dio a dedo.
El administrador único, Juan Carlos Herrero Casasola, es socio recurrente de la familia Ayuso y ha atesorado la mitad de las participaciones de la sociedad MC infortécnica SL, mientras que el otro 50%, a menos en ese tiempo, ha estado en manos de la madre de la presidenta.
Cabe destacar que es precisamente Infortécnica S.L la que dejó el pufo en Avalmadrid derivado de un crédito de 400.000 euros que en 2011; un dinero que nunca se devolvió porque sacó fuera de3 sociedad los inmuebles que se habían utilizado para avalar el crédito.
Más en detalle, Isabel y Tomás Díaz Ayuso recibieron en donación dos pisos por parte de sus padres. En aquel momento, a Ifortécnica la conformaban cuatro matrimonios, entre ellos el de los padres de la presidenta y de Casasola, vinculados en el mundo de los negocios desde la década de los 90.
Por supuesto, si se habla del clan Ayuso, más detalladamente en material sanitario, no se puede pasar por alto a Priviet Sportive S.L, la empresa que recibió 1,5 millones de euros por parte de la Comunidad por la compra de mascarillas, con el hermano de la lideresa como intermediario comercial.
Tomás consiguió enormes beneficios entre 2020 y 2021 en un negocio que, tal y como es de sobra conocido, no resulta ajeno a la responsable regional. El último escándalo, el que recae sobre González Amador, se traduce en un fraude a Hacienda de 350.951 euros en los peores años del Covid haciéndose valer de todo un entramado de facturas falsas y sociedades pantalla.
Las empresas investigadas en este proceso son, además de la mencionada Maxwell Cremona, Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering. En total, 15 facturas falsas y un importe total de 1,7 millones de euros emitidas por empresas externas para reducir los beneficios declarados al fisco y evadir el pago de impuestos. Además, el empresario está acusado de cometer dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades, por 155.000 euros en 2020 y 195.951,41 en el año siguiente.
Las dos firmas son propiedad 100% del novio de Ayuso y se dedicaban, según el Ministerio de Hacienda, a servicios sanitarios y cosmética/farmacia respectivamente, más concretamente, la primera contempla su domicilio social en la Avenida de Brasil y se dedica a los servicios de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico. La actividad de la otra pasa por la “compraventa, distribución y exportación de productos sanitarios y de parafarmacia, consumibles, insumos y equipos sanitarios”.
Sin embargo, por el momento quien ha salido afectado es el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de haber filtrado el correo electrónico en el que González Amador reconocía haber defraudado a la Hacienda Pública.