La investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid se amplía. El Centro de Formación Profesional Ciudad Escolar venía siendo el foco principal de esta causa, en la que se está analizando las reformas que se llevaron a cabo en esta infraestructura por un valor de dos millones de euros. Si bien, ahora se pone la lupa sobre otros cinco institutos. El posible delito de prevaricación, que la magistrada encargada del caso trata de esclarecer si se produjo o no, reside en la división de los contratos formalizados para proceder a la adecuación de los edificios, un troceamiento que se habría producido para que el coste de los trabajos fueran inferior al mínimo y, así, poder adjudicarlos a dedo sin necesidad de abrir un proceso público.
Concretamente, en la Ley de Contratos del Sector Público figura que aquellas actuaciones que se lleven a cabo sobre infraestructuras cuyos trabajos tengan un importe superior a 40.000 (más IVA), deben sacarse a concurso para garantizar que la institución pública contratante selecciona la mejor oferta. No obstante, según una información revelada por elDiario.es, la Comunidad de Madrid podría haber fraccionado los trabajos de reforma llevados a cabo en distintos centros educativos para que su coste fuera inferior a la cifra mencionada y poder evitar, de esta manera, los habituales pasos que se siguen en la administración pública, además de disponer, así, de la posibilidad de elegir libremente a las empresas encargadas de acometer las obras.
¿En cuántos institutos se habría seguido este modelo de contratación presuntamente irregular?
Este modelo de contratación, que vendría a ser irregular pudiendo implicar un delito de prevaricación, se habría llevado a cabo en el primer mandato de Isabel Díaz Ayuso, entre el 2021 y el 2023. Como se hacía mención, el caso se abrió en los juzgados de instrucción para analizar las reformas efectuadas tanto en el Centro de Formación Profesional Ciudad Escolar como en el IES Alberto Corazón; sin embargo, ahora la jueza encargada de esta causa la amplía y llama a declarar como testigos a los directores de los centros IES Antonio Machado, Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, IES Príncipe Felipe, IES Virgen de la Paloma, IES Ciudad de los Poetas e IES Tetúan de las Victorias.
Tal y como desveló la investigación realizada por elDiario.es, fue el propio constructor encargado de ejecutar las obras en el IES Alberto Corazón, cuyo precio abonaron el instituto Antonio Machado y el Conservatorio de Alcalá, el que denunció los hechos al ver que sus trabajos no eran pagados y, por ello, se dio pie a la apertura del caso. Según su testimonio, los pagos se fraccionaban, pero además se daba instrucciones para pagar desde distintas instituciones para que no saltaran las alarmas. Así, el modus operandi que está siendo analizado en los juzgados habría llevado a cabo un fraccionamiento de los contratos, los cuales se habría adjudicado a unas empresas concretas, pudiendo operar de esta manera al dividir en múltiples conceptos las intervenciones que se llevaban a cabo en los centros educativos. Es decir, se formalizaba un contrato para las puertas, otro para los baños, otro para las paredes, otro para el techo....
Esta presunta forma de operar se habría desarrollado para evitar llamar la atención de la Intervención. Una manera de actuar que no se limitaba solo a la preparación de los contratos que se habrían adjudicado a dedo, sino que para que los múltiples pagos no levantaran sospecha, la cantidad a abonar a la empresa se ingresaba en un instituto diferente al que había sido reformado y era este el que pagaba la obra realizada en otro centro educativo.
La Consejería de Educación es la encargada de realizar los contratos
Por los tribunales pasó, como parte de este caso, el que fuera subdirector de FP de Ayuso, Alfonso Mateos. En su declaración ante la jueza expuso que el consejero de Educación de aquel momento, Enrique Ossorio, conocía este modelo que se seguía para la contratación de obras en su Consejería. No solo eso, sino que apuntó a que todo pasaba bajo los ojos y aprobación de la Dirección de Área Territorial, ya que los directores de instituto no tienen capacidad de decidir las obras ni manejar los presupuestos, que vienen dados y auditados desde la Consejería.
Desde el área de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se llevó a cabo una investigación del contrato que este constructor, antes de denunciar el caso, reclamaba que fuera abonado. El instructor encargado de analizar la situación recomendó poner el caso en manos de la Justicia, tras los diferentes trabajos realizados, pues hallaba unos hechos de gravedad los cuales fueron presentados ante la Fiscalía. No obstante, una denuncia de Podemos ante la justicia hizo decaer la investigación del Ministerio Fiscal, que trasladó todo el caso al Juzgado de Instrucción. En la causa están personados la propia Comunidad de Madrid, el PSOE, Más Madrid y el sindicato CCOO.